Desde el mismo 23J, los augures vaticinaban primero una investidura de Pedro Sánchez muy difícil –rondando la imposibilidad, pronosticaban– y desde luego una legislatura de corto recorrido (aquí las variables se situaban entre el año y los dos años) y llena de tropezones.

Se descuenta la acción de ruptura institucional, de bronca callejera y de fake news y mentiras masivas por parte del PP y de Vox. Por si había dudas, ahí está la remodelación del equipo de gobierno del PP, situándose no como gabinete en la sombra al estilo anglosajón sino como actores del lado oscuro (con perlas como Cayetana Álvarez de Toledo, Rafael Hernando y el tránsfuga Sergio Sayas, y a la cabeza de todos el hooligan Miguel Tellado), donde ni en el fondo ni en las formas se corresponden con una oposición política sino con unos destroyer del ámbito político e institucional expertos en la voladura de puentes.

La asimilación del PP con Vox es creciente, incluso en temas básicos de derechos como la violencia machista. Utilizando símiles del álgebra de conjuntos, los conjuntos del PP y Vox no sólo interseccionan sino que van configurando una unión imperfecta. Feijóo ha ido mucho más allá que Pablo Casado en las deslealtades institucionales dejándole a Ayuso el acompañamiento de los chascarrillos trumpistas. Por este lado la legislatura recién comenzada no va a tener respiro, y como los estrambotes son tan del gusto de la cohorte mediática vamos a tener este ruido infernal durante los próximos tiempos.

El pasado 13 de noviembre, el diputado de Sumar, Agustín Santos, señalaba en el Ateneo de Madrid que había tres campos en los que actuar concatenadamente en los próximos años: 1- Una acción de Gobierno que vaya a la raíz de los problemas y que resuelva las contradicciones a favor de los intereses mayoritarios, de las clases trabajadoras y populares. 2- Una acción parlamentaria que sostenga legislativamente el mandato recibido en las elecciones y extienda la democracia a todos los aspectos de la administración del estado, de la vida económica y de la sociedad civil. 3- Una acción ciudadana capaz de convencer y desarrollar una hegemonía necesaria para un país progresista y que recupere las calles para la convivencia. Es muy importante atender a cada uno de estos tres ámbitos porque cada uno de ellos está lleno de dificultades políticas, sociales y corporativas que habrá que ir destrabando para que el resultado sea ampliamente positivo.

Hoy me voy a referir al segundo de estos terrenos, la acción parlamentaria. Empieza a ser un lugar común que esta va a ser una legislatura casi yerma por la complejidad de los apoyos que necesitará para salir adelante cualquier legislación. A las exigencias de Junts, se unirán las de ERC desde el Govern de la Generalitat, las del PNV, las de Coalición Canaria, las de Podemos actuando como socio díscolo y obviamente el cumplimiento del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. Creo que es necesario enfriar este razonamiento y aminorar su dramatismo (esa tendencia implacable de los enemigos y también de los amigos del Gobierno).

En primer lugar, cabe señalar que la prolífica XIV legislatura –más de 100 leyes– deja materia de desarrollo sobre acuerdos ya establecidos; en segundo lugar, el acuerdo de gobierno España Avanza firmado entre el PSOE y Sumar para formar el Gobierno de Coalición, tiene un desarrollo muy interesante focalizando sobre todo en la acción del Gobierno y no tanto en la producción legislativa. Para que se vea con claridad: el acuerdo de coalición progresista tiene 242 ítems o definiciones de intenciones. De ellos 30 podríamos definirlos de orientación general o filosofía de Gobierno, por ejemplo: "Reforzaremos las instrumentos para reducir la desigualdades"; "El diálogo social será una herramienta fundamental en el ámbito laboral"; "Seguiremos impulsando una transición ecológica justa"; "Fomentaremos la agricultura ecológica y regenerativa"; "Reforzaremos nuestro compromiso de lucha contra las violencias machistas"; "Desarrollaremos una política fiscal justa e inteligente, capaz de hacer frente a los retos de una economía globalizada"; "Impulsaremos una Unión Europea que trabaje por la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos, los derechos humanos, las libertades fundamentales y la protección de todas las personas".

De los 242 ítems identificados podemos decir que 183 (el 75%) serán producto de la acción de gobierno, la mayoría por la acción directa del mismo y algunos que tendrán que pasar por trámites parlamentarios, y por último, estamos ante 29 (el 12%) de propuestas de Ley o reformas sustanciales de las mismas, por ejemplo: Ley de Startups, Ley de servicios de atención a la clientela, Estatuto del Trabajo del siglo XXI, Ley de participación institucional, Ley de Aguas, Ley contra el Desperdicio Alimentario, Ley de la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, Ley de Cuidados, reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (la tan criticada RESAL de Montoro que el anterior Gobierno no fue capaz de derogar) o la Ley de Régimen Local, Ley Mordaza, Ley de Mecenazgo, y un importante etcétera. En definitiva, estamos ante una legislatura acotada en su desarrollo legislativo y donde las dificultades políticas pueden llevar al no desarrollo completo del programa de gobierno pero sí a un avance significativo en muchos temas sustanciales para la sociedad española.

Hay otra lectura de la que no debemos escapar, y que además es posiblemente la razón sustancial de por qué hemos llegado a la investidura de Pedro Sánchez. ¿Cuál hubiese sido la acción legislativa de un Gobierno Feijóo-Abascal? Ellos mismos lo dijeron: "Derogar el sanchismo", derogar la legislación que aumentaba derechos, reducía desigualdades y mejoraba la situación de la mayoría social.