El limbo legal del joven migrante ante el COVID-19

Lorena Alonso Cabral (@lorenalonso94) / porCausa

• ONGs alertan de las condiciones laborales de los jóvenes reflejadas en el real decreto para solventar la falta de mano de obra en el campo

• Señalan que “una vez finalicen las contrataciones temporales de estos jóvenes, volverán a su situación de dependencia y exclusión social”

• Solicitan al Gobierno que les conceda el permiso de residencia y trabajo después de este período de labor agrícola

Cada año miles de trabajadores temporales llegan a España desde el norte de África o del este de Europa para hacer frente a las cosechas en época de campaña. A raíz del cierre de fronteras por la crisis del COVID-19, el ministro de Agricultura, Luis Planas, estimó en el sector agrícola un déficit de mano de obra de entre 100.000 y 150.000 trabajadores. El pasado martes, el Consejo de Ministros dio luz verde para flexibilizar la contratación en el campo donde se pueden incorporar jóvenes extranjeros de entre 18 a 21, entre otros. Sin embargo, las barreras burocráticas que enfrenta este colectivo han hecho saltar las alarmas de diferentes ONGs dedicadas a la protección de niños y jóvenes migrantes.

Al igual que muchos jóvenes españoles cruzan el charco en búsqueda de mejores condiciones laborales, miles de chavales extranjeros depositan su confianza en España, donde aspiran a tener una vida digna. Una travesía caracterizada por turbulencias y penurias, a falta de vías seguras para migrar, que se hace aún más compleja cuando los menores, solos y sin manejar el idioma, llegan a la Península. En general, estos menores que migran solos son puestos bajo tutela del Estado, pero todo da un revés cuando la mayoría de edad llama a su puerta.

En este periodo, los jóvenes son expulsados directamente del sistema de protección de menores. Algunos de estos chavales cuentan con permiso de residencia, pero ninguno con autorización de trabajo. El contrato temporal que propone el gobierno no especifica en qué condiciones laborales podrá ser incorporado este colectivo ni su situación posterior. La residencia que se les concede a estos jóvenes es de carácter temporal, y su renovación está sujeta a varias condiciones. En primer lugar, pueden modificar este permiso en condiciones de trabajo, siempre y cuando aspiren a un empleo a jornada completa de un año mínimo de duración. Por lo general, este colectivo “no tiene formación reglada ni experiencia laboral”, asegura Genoveva Pérez, coordinadora del Área de Jóvenes en Málaga Acoge, asociación que perteneciente a Andalucía Acoge, lo que hace más difícil su acceso al sistema nacional de empleo.

Para la primera renovación, la Ley de Extranjería exige a los menores migrantes acreditar que cuentan con medios de vida propios. En concreto, deben disponer del 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Éste, consiste en un índice de referencia en España para la concesión de ayudas o subvenciones. En una segunda instancia, la renovación sólo es posible si el joven es capaz de acreditar que cuadriplica el IPREM, es decir, que percibe un salario de más de 2.000 euros mensuales. En 2018, el salario mediano mensual fue de 1.642,3 euros en España, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), mientras que las personas sin estudios cobraban menos de 1.260,9 euros.

En este contexto, las ONGs estiman que “una vez finalicen las contrataciones temporales de estos jóvenes, todos ellos volverán a su situación de residencia no lucrativa previa y, por tanto, a su situación inicial de dependencia y exclusión social”. Por ello, solicitan al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que recompense a este colectivo, concediéndole el permiso de residencia y trabajo directamente después de este período de labor agrícola.

Asimismo, las entidades denuncian que el real decreto no señale la proporción de jóvenes que no tienen permiso de residencia. Según la Consejo de Transparencia, sólo el 21% de los 12.300 menores registrados en España cuentan con permiso de residencia. Los chavales “no fueron adecuadamente documentados por la administración que los tuteló durante su minoría de edad a pesar de tener derecho a ello”, concluyen las organizaciones firmantes.

Los jóvenes migrantes en situación administrativa irregular están en una posición de especial vulnerabilidad. “Este colectivo tiene prácticamente una vida clandestina evitando a las autoridades por miedo a ser expulsados”, explica Sabela González, periodista de investigación especializada en migraciones y Derechos Humanos. Por lo tanto, no cuentan con servicios básicos como alojamiento, higiene o comida. La mayoría de estos chavales visualizan una salida en empleos no cualificados en la economía sumergida, como trabajos agrícolas o la prostitución.

Por otra parte, a la vista de la situación en la que malviven miles de jornaleros en Andalucía, las entidades también reclaman que se garanticen las necesidades básicas de estos jóvenes durante su estancia en el campo. Esta petición contrasta con la forma en la que varias administraciones están tratando a los jóvenes migrantes. Por ejemplo, en Melilla, en el centro de menores de La Purísima, a finales de marzo, el gobierno local trasladó a 13 jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad a las carpas que han habilitado en el recinto del V Pino, en concreto, para los ciudadanos melillenses sin hogar y marroquíes atrapados en la ciudad tras el cierre de fronteras. Estos se encontraban “en tiendas mal impermeabilizadas que filtran el agua de la lluvia, literas amontonadas y escasas mantas”, según explica a porCausa Rosa Soto, periodista en la ciudad autónoma, quien añade que este lunes el gobierno de Melilla acondicionó las instalaciones de la plaza de toros local, donde han visto mejoradas sus condiciones.

La crisis del COVID-19 evidencia las necesidades y riesgos a los que están sometidos estos jóvenes migrantes de forma continua, dejando atrás los últimos propósitos del gobierno para reformar la Ley de Extranjería. Desde los centros de menores, los educadores tildan de “insuficientes” las medidas adoptadas para proteger del coronavirus a los jóvenes extutelados. Durante el estado de alarma, los plazos administrativos se han paralizado, por lo que los chavales que han cumplido en este periodo la mayoría de edad, permanecen en los centros, lo que “genera un colapso del sistema”. Asimismo, en otros centros, los chavales que recientemente habían cumplido los 18 y estaban desamparados han podido volver a su centro en función de su comportamiento previo. Ahora bien, no se les ha realizado ninguna prueba que indique si han contraído el coronavirus, asegura una trabajadora de un centro público de Madrid.