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Escrivá apuesta por una la ley de Extranjería que facilite la llegada regular de migrantes

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuesta por adaptar el sistema a la nueva realidad migratoria y confirma la necesidad de mano de obra extranjera para sostener el sistema de pensiones y la Seguridad Social.

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá.- EFE/Chema Moya
El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá.- EFE

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere reformar la ley de Extranjería para "fortalecer" las vías legales de acceso de inmigrantes, así como reforzar el sistema de acogida de solicitantes de asilo para aliviarle de la sobrecarga que padece.

Durante su primera comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso para explicar las líneas generales de su departamento, Escrivá ha abogado por "construir un consenso duradero" para atraer una inmigración "legal, segura y ordenada", que España necesita para sostener el mercado laboral y el Estado del bienestar, pese a que es difícil "asimilar" el mensaje de que con las altas tasas de paro que soportan algunas regiones españolas haga falta mano de obra extranjera.

"La prioridad ha dicho debe ser dar oportunidades de trabajo a los españoles que no lo tienen", pero al mismo tiempo hay que ser "conscientes de que esta necesidad de mano de obra extranjera va a ser creciente". "España ha tenido problemas por no mirar a largo plazo", ha incidido.

"Esta necesidad de mano de obra extranjera va a ser creciente"

Para gestionar una "realidad migratoria volátil y cambiante", el ministro ha apostado en primer lugar por reformar la ley de Extranjería, que este 2020 cumple 20 años y que, por tanto, "hay que cambiar, porque la realidad ha cambiado". "Hay que fortalecer las vías legales de acceso a nuestro país", ha subrayado.

Burocracia rígida

Lo cual pasa por flexibilizar, agilizar y simplificar un sistema que ha calificado de "disperso" y de una "rigidez burocrática enorme"; así, ha propuesto fundir "en un solo texto" los tres regímenes actuales (general, ciudadanos cualificados y comunitarios) y reducirlos a los dos primeros.

También ha criticado la "excesiva heterogeneidad" de las autorizaciones de residencia y que se esté primando la vía de regularización extraordinaria del arraigo sobre la ordinaria, que son los permisos de trabajo. "Lo extraordinario no debería ser lo ordinario", ha censurado Escrivá.

Asimismo, quiere hacer una "reforma integral" del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, un listado de las profesiones demandadas en cada provincia para la contratación de extranjeros en el exterior. Hoy en día "se muestra inútil", ha dicho. También pretende flexibilizar los criterios en la concesión de las autorizaciones de extranjería con instrucciones aprobadas en el Consejo de Ministros.

Sistema de asilo, desbordado

Eso en cuanto a Extranjería, pero Escrivá pretende además reforzar el sistema de acogida, que, ha admitido, está sometido a una "fuerte sobrecarga", especialmente el de los solicitantes de asilo, que el año pasado superaron los 118.000, más del doble que en 2018 y el triple que en 2017.

Pero también el de la red humanitaria, sobre todo en Canarias, donde hasta el pasado 15 de febrero han llegado 1.008 personas en patera, 14 veces más que en el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 66, según los últimos datos del Ministerio del Interior.

Con el objetivo de aliviar el sistema, Escrivá ha propuesto reforzar los sistemas de atención humanitaria y de acogida aumentando las plazas, mejorar colaboración entre distintos niveles de la administración y dotarle de nuevas infraestructuras publicas y privadas.

En este sentido, ha asegurado que su departamento trabaja ya en la idea de recuperar inmuebles que no se utilizan para aumentar la red de acogida: "Hay que evitar esas fotografías de polideportivos hacinados (...) Creo que en España hay edificios en desuso que hay que recuperar y ayudarnos a tener un stock frente a contingencias que en este momento tenemos muy mermado", ha admitido.

"No se está exagerando. El Estado está dando mala impresión" con el sistema de acogida, reconoce

"La clave es utilizar el conjunto de infraestructuras inmobiliarias públicas, sobre todo las que han entrado en desuso"; se están identificando y "pueden reconvertirse", por ejemplo en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ha señalado en otro momento de su comparecencia en respuesta a los grupos.

Con ese objetivo, incluso existe, ha añadido, la "posibilidad del ámbito privado", para lo que está manteniendo conversaciones con la Sareb, conocido en sus inicios como banco malo, para hacerse con inmuebles que ya no serán usados con el fin para el que fueron construidos.

Igualmente, se ha comprometido a recuperar el fondo estatal para la integración y cambiar la ley de asilo para "replantear" el procedimiento de acogida y priorizar a las personas más vulnerables y con alto perfil de protección internacional, pero primero es necesario trabajar en el nuevo Sistema Común de Asilo europeo.

La situación del sistema de acogida, ha reconocido, "no se está exagerando" y "el Estado está dando una mala impresión"; pero ha reprochado especialmente al PP sus críticas sobre las carencias de las infraestructuras existentes y la falta de recursos: "Lo que tenemos es lo que se ha desarrollado en los últimos X años", le ha espetado.

"Tenemos que buscar otro tono, no todo tiene que ser hostigar y hostigar", ha concluido.

Por último, Escrivá se ha dirigido a los 2,2 millones de españoles que residen en el exterior para garantizarles que trabajará por lograr su inclusión.

De esta forma, quiere eliminar el voto rogado porque "genera desacepción entre la gente que quiere votar y no puede", fomentar el regreso desarrollando un programa de retorno y reformular las prestaciones a los más necesitados.

Junto con la inclusión y las pensiones, las migraciones es uno de los tres "consensos" que aspira alcanzar en su proyecto Escrivá, quien en el plano económico ha defendido incentivar el retraso de la edad real de jubilación, manteniendo la legal en los 67 años fijados en la reforma de 2011, como forma "realista" de afrontar el aumento del gasto en pensiones previsto a medio plazo.

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