En su aclamado discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente colombiano Gustavo Petro propuso a los países más desarrollados reducir la deuda externa “para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta”, es decir, proteger la selva amazónica colombiana, clave para la absorción de CO2 y reserva única de biodiversidad. Ya había lanzado esta idea en su discurso de investidura, el 7 de agosto, dirigiéndose al Fondo Monetario Internacional: “Si el FMI ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática, tendremos una nueva economía próspera y una nueva vida para la humanidad”. En la misma línea, el expresidente y candidato Luís Inázio Lula da Silva prometió al inicio de la campaña para las elecciones brasileñas “acabar con la minería ilegal” que Jair Bolsonaro ha alentado y también se dirigió a la comunidad internacional: “Si el mundo está dispuesto a ayudar, mantener un árbol en pie en la Amazonia puede ser mejor que cualquier otra inversión”.

El programa de Colombia Humana, la coalición que llevó a Petro al poder, detalla las alternativas de desarrollo económico propuestas para la Amazonia: turismo, agroecología y aprovechamiento de los productos “no maderables del bosque”, todo ello mediante pactos con las comunidades locales. Para impulsar estas alternativas a la minería y la tala que están destruyendo la selva colombiana es para lo que el mandatario reclama ayuda del FMI. Lula también concretó su propuesta el pasado 30 de agosto, cuando manifestó a un grupo de parlamentarios europeos que “Brasil necesita la ayuda de la Unión Europea” para explotar la riqueza económica que puede ofrecer la biodiversidad amazónica de la mano de la industria farmacéutica o cosmética, deteniendo la deforestación.

En un momento en el que la crisis energética, las sequías y las inundaciones en medio mundo han puesto la crisis climática en el centro de la actualidad política, representantes de la izquierda latinoamericana reclaman corresponsabilidad a la comunidad internacional para proteger la Amazonia, que no para de retroceder empujada por la ganadería, la minería y la tala. La estrategia de Petro y Lula no es nueva; en 2007 el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa lanzó la iniciativa Yasuní-ITT, que pretendía evitar la explotación petrolera del parque natural amazónico Yasuní a cambio de aportaciones económicas de países desarrollados para compensar los beneficios no obtenidos por Ecuador.

El Yasuní, una reserva natural de extraordinaria biodiversidad, ocultaba unas reservas petroleras equivalentes al 10% del total de Ecuador. Correa reclamó a la comunidad internacional aportar 3.600 millones de dólares, la mitad de lo que se calculaba que ingresaría Ecuador por explotar el petróleo de la zona. Con esos recursos, el país podría reducir al mínimo su dependencia del petróleo y mejorar la protección ambiental y el desarrollo social del área amazónica. A pesar de las buenas palabras de los Estados desarrollados en la conferencia de Copenhague de 2009, 6 años después del inicio del proyecto solo se habían comprometido 330 millones. La actitud de los países varió desde el rechazo de plano de Alemania (su ministro de Desarrollo criticó duramente la iniciativa, porque “crearía un precedente que puede resultar muy caro”) al apoyo limitado de 12 países y 65 gobiernos subnacionales. Ante el fracaso de la recaudación de fondos, en 2013 Correa decidió iniciar la explotación petrolera, a pesar de las fuertes protestas en Ecuador.

En el fondo, el ministro alemán tenía razón. La Yasuní-ITT ecuatoriana podía sentar un precedente, igual que las propuestas de Petro y Lula. Estas iniciativas llaman a los países más desarrollados a hacerse cargo del dilema de muchos países del Sur, entre dar vía libre a la explotación de sus selvas o renunciar a unos recursos económicos necesarios para superar el subdesarrollo (un subdesarrollo derivado en gran medida de siglos de explotación colonial, por cierto).

Las iniciativas de Correa, Petro y Lula pretenden dar un contenido concreto a la justicia climática, ese concepto que nos recuerda que los países más empobrecidos son los que más están sufriendo una crisis climática a la que apenas han contribuido, como lamentaba recientemente el ministro de Exteriores de Pakistán, castigado por inundaciones catastróficas: "A pesar de que Pakistán contribuye en cantidades insignificantes a la huella de carbono global... somos devastados por desastres climáticos como estos una y otra vez”.

Los países más ricos tienen la obligación de reducir rápidamente sus emisiones pero también de ayudar a los Estados menos desarrollados a descarbonizar sus economías y adaptarse a los efectos de la crisis climática. Las propuestas que llegan desde América Latina deberían ser escuchadas, por justicia y porque pueden ser una vía eficaz para detener la destrucción de unas selvas sin las que la civilización humana tiene pocas posibilidades de sobrevivir.