Las declaraciones del ministro de consumo Alberto Garzón al diario británico The Guardian sobre la ganadería intensiva en España han elevado el volumen de una polémica que llevamos años arrastrando: la del impacto social, económico y ambiental de las macrogranjas. El lobby cárnico ha arremetido con enorme dureza contra Garzón, pero lo cierto es que los datos le dan contundentemente la razón al ministro.

La actividad de la ganadería industrial tiene un enorme impacto en la contaminación del agua y del aire: más del 80% de las emisiones de amoniaco agrícola de la UE al aire y las emisiones de nitrógeno al agua están relacionadas con el ganado. Además de contaminar las aguas subterráneas, los purines producen metano en las balsas donde se almacena, un gas con un efecto invernadero 20 veces mayor que el CO2, que perjudica la salud y acidifica los suelos, con la consecuente pérdida de fertilidad. Precisamente las emisiones de metano han sido objeto de un acuerdo para su reducción en la cumbre del clima celebrada recientemente en Glasgow (COP26). Según las estimaciones de un estudio publicado en la revista Nature, la contaminación por nitrógeno expone a aproximadamente 18 millones de personas en Europa a suministros de agua para consumo humano con concentraciones de nitratos por encima de los niveles recomendados.

La producción ganadera representa la mayor parte de los contaminantes del aire generados por el sector agrario, específicamente el amoníaco, partículas y compuestos orgánicos volátiles no metánicos. Entre 1990 y 2015, en la Unión Europea se consiguió una reducción del 24% de las emisiones de este gas a la atmósfera. Sin embargo, España no contribuyó a esta reducción, sino más bien, todo lo contrario. Solo entre 2014 y 2016, las emisiones de amoníaco en España se incrementaron en un 6,13%, debido principalmente al crecimiento exponencial de la ganadería industrial, sector que en 2017 fue el responsable del 92% de estas emisiones. Cabe destacar que, de las 100 industrias más contaminantes de amoníaco de España en el año de referencia, 94 eran explotaciones ganaderas industriales; las emisiones de amoníaco de España se encontraban en ese momento un 39% por encima del techo de emisiones establecido en la Directiva 2001/81/CE.

Otro aspecto en el que lamentablemente destacan las industrias intensivas agrícola y ganadera es el de la contaminación de las aguas por nitratos. El nitrógeno es un nutriente esencial que ayuda a crecer a las plantas y cultivos. Sin embargo, en elevadas concentraciones es perjudicial para la naturaleza y las personas. El uso agrícola de los nitratos en fertilizantes sintéticos y presentes en los excrementos de los animales que se esparcen por los suelos es una de las principales fuentes de contaminación de aguas. Solo la cabaña actual de 31 millones de marranos en España genera 62 millones de metros cúbicos de purines anuales, según informa el Ministerio de Agricultura. Una cantidad de estiércol que llenaría 62 estadios como el Santiago Bernabéu o 24.800 piscinas olímpicas, y a la que solo en una pequeña parte se le da un uso adecuado no contaminante. Por su parte, las granjas ganaderas producen no menos de 80 millones de toneladas de estiércol anuales.

Así, el sector agropecuario es responsable de más del 50% de los vertidos totales de nitrógeno en las aguas, a lo que se suman otras sustancias contaminantes: fósforo, antibióticos, hormonas, etc. El exceso de nutrientes en las aguas provoca lo que se conoce como eutrofización, un crecimiento excesivo de plantas y otros organismos. Durante su crecimiento y putrefacción, estos organismos consumen gran cantidad de oxígeno y generan grandes cantidades de materia orgánica. Este proceso es el responsable de la existencia cada vez mayor de “zonas muertas” en los océanos y de la degradación de muchos ríos, lagos y zonas marítimas costeras, además de la contaminación de los acuíferos y embalses que suministran agua potable a la población.

Esta problemática se ha ido agravando progresivamente a lo largo del tiempo de manera paralela al crecimiento de la ganadería industrial. Durante las últimas décadas se ha dado un proceso de concentración de la producción agrícola y ganadera en torno a la industria intensiva a nivel global que ha tenido una especial repercusión en el caso de España. Un informe del año 2019 de Greenpeace reveló que, a nivel estatal, el 93,7% de la producción de carne de cerdo, el 94,2% de la carne de aves de corral y el 80,6% de la leche y otros productos lácteos se concentra en granjas grandes y muy grandes. El aumento sostenido de la producción ganadera, que afecta sobre todo al porcino y las aves de corral, y en menor medida al vacuno, ha tenido especial incidencia en nuestro país. Además de su tamaño, las granjas intensivas han aumentado también la densidad de ganado que albergan.

Según datos de la encuesta de sacrificios en mataderos en España, en 2018 las cabezas de bovino que pasaron por estas factorías fueron 2,5 millones; 10,1 millones las de ovino; 1,4 millones de caprino; 52,4 millones las de porcino y 799 millones de aves, en su gran mayoría gallinas y pollos. En total se sacrificaron en matadero 910 millones de animales. Si comparamos los datos con los de 2009, se detecta una cierta estabilización en las cifras correspondientes a la ganadería bovina, ovina y caprina. Sin embargo, el número de aves sacrificadas aumentó un 18% y el de cerdos un 30% en tan solo una década.

Los 52,4 millones de cerdos sacrificados en España en un solo año, que suponen unos 4,52 millones de toneladas de carne, ponen a nuestro país en la cuarta posición mundial de productores, tan solo por detrás de China, Estados Unidos y Alemania. Dentro de la Unión Europea, España se mantiene en segunda posición, con un 19% de la producción comunitaria, y acercándose paulatinamente a Alemania, que se mantiene en primer lugar con un 22,4%. La importancia de la producción española en el conjunto de la UE se ha ido incrementando durante las últimas campañas (solo 5 años antes la producción española apenas superaba el 15,7% del total de la UE) como consecuencia del espectacular desarrollo del sector, claramente por encima de la media comunitaria. Así, si durante el quinquenio 2013-2018 la producción de carne en la UE creció un 7,6%, mientras que la producción en España lo hizo en un 31,45%, lo que da una idea de la evolución que está experimentando el sector a nivel estatal.

En lo que se refiere al número de granjas, el sector ha experimentado una considerable reestructuración, con un notable descenso en el número total de granjas en el periodo 2009-2018, unido al incremento de las producciones. La reducción del número de explotaciones se ha limitado a las de menor tamaño. En paralelo, las explotaciones de mayor tamaño se han incrementado notablemente, especialmente las más grandes, que han aumentado más de un 50% en este periodo. El modelo de negocio también ha cambiado: los granjeros ponen sus instalaciones a disposición de grandes empresas (integradores), que son las propietarias de los cerdos y se hacen cargo de su alimentación y asistencia veterinaria. El granjero se encarga de su cuidado y de la gestión de los purines, en muchos casos sin recursos adecuados ni suficientes para ello. Según el informe “Indicadores económicos del sector porcino 2018” , del Ministerio de Agricultura: “el sector ha experimentado una considerable reestructuración durante los últimos años, con un notable descenso en el número total de granjas durante los últimos 12 años”. En total han desaparecido 21.417 granjas, un 37,5% del total, y todas ellas eran explotaciones pequeñas.

Estos casos se repiten a lo largo y ancho del Estado. En la comarca de A Limia, en la provincia de Ourense, el proceso se inició en 1998 con la creación de un complejo ganadero industrial que ya presentaba problemas con la gestión de los purines. A partir de esa fecha la implantación de granjas intensivas en la cabecera del río Limia ha sido continuada y creciente, lo que ha llevado al progresivo incremento de los niveles de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Según datos recabados por la Sociedade Galega de Historial Natural, en la actualidad la carga ganadera de la comarca de A Limia resulta insostenible, con una concentración de 14.330 unidades de ganado vacuno, 29.365 pollos y pavos y 38.158 cerdos, un total de 81.853 cabezas de ganado que equivalen a 72 veces la población humana residente en sus municipios. Esta carga ganadera equivale asimismo a una densidad poblacional de 4.500 hab./km2, pero sin sistemas adecuados de recogida, tratamiento y depuración de aguas residuales.

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, solo en el periodo 2014-2017 la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas de A Limia aumentó en un 40%. A pesar de esta realidad, la Xunta de Galicia, con competencias en la materia, no ha declarado esta zona como vulnerable ni ha aplicado hasta el momento ningún plan de actuación al efecto. Muy al contrario, sigue autorizando la ampliación de granjas ganaderas intensivas y la instalación de otras nuevas en la comarca.

En las dos Castillas los proyectos de estas características se multiplican. A día de hoy, hay decenas de comarcas movilizadas contra la instalación de estas macrogranjas. Especialmente sensible es el caso de Cuenca, donde se ha quintuplicado el número de cerdos desde 2009 (de 106.977 a 553.848). Según el INE la población conquense ha caído un 8% en el periodo en que el número de cerdos ha subido el 417%. Pero el caso de Cuenca no es único, muchas otras provincias castellanas están sufriendo este mismo fenómeno.

En el caso de la costa murciana, donde la agricultura intensiva y altamente tecnificada, ya en manos de grandes grupos agroindustriales y cadenas de distribución, avanzó hasta casi tocar la lámina de agua. Parece evidente que este tipo de desarrollo agroindustrial está teniendo también un elevado coste ambiental. Pesticidas y nitratos procedentes de los abonos han penetrado en el Mar Menor por el aire, en superficie (a través de ramblas como la del Albujón y Miranda) y de forma subterránea a través de un acuífero envenenado durante cuarenta años. En cuanto a las explotaciones ganaderas, el 90% de las granjas inspeccionadas durante la realización de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Vertido Cero presentaron incumplimientos normativos, de manera que en unas 500 balsas que almacenan purines se detectaron problemas de infiltración al subsuelo o desbordamiento. Según el grupo de investigación Ecosistemas Mediterráneos de la Universidad de Murcia, la actividad agraria es responsable en un 85% de la eutrofización del Mar Menor, habiéndose detectado en el acuífero Cuaternario, la masa de agua más importante del sistema hidrológico Campo de Cartagena-Mar Menor, más de 300.000 toneladas de nitratos.

Otro caso sangrante es el de la cuenca del río Ebro, donde se produce la mayor concentración de masas de agua contaminadas de toda España. El documento inicial del Plan Higrológico del Ebro (PHE) para el periodo 2021-2027 informaba de que casi dos terceras partes de las explotaciones ganaderas de la cuenca de este río contaminan los acuíferos sobre los que están construidas, con vertidos de alrededor de 128.949 toneladas de nitrógeno al año. La propia Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de cómo el regadío y la ganadería intensiva están afectando a más del 75% de los ríos y más del 90% de los acuíferos de una cuenca en la que el deterioro por este motivo tiene ya difícil solución en 32 cauces y 36 sistemas de agua subterránea.

Estos problemas son extensibles a toda España. El Informe de seguimiento de la Directiva 91/676/CEE sobre contaminación del agua por nitratos utilizados en la agricultura, cuatrienio 2016-2019, de fecha diciembre de 2020 y elaborado por parte de la Dirección General del Agua, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrece informaciones de interés sobre la situación de las aguas contaminadas en las diferentes comunidades autónomas. Dicho informe establece que 1.235 de las 4.475 estaciones de control de masas de agua subterránea instaladas en España muestran que estas aguas están contaminadas o en riesgo de estarlo, esto es, un 27,6% del total. De ellas, y tras la aplicación de diversos planes de recuperación sobre algunas de estas masas de agua, solo en 612 casos se prevé la mejora de su estado en el corto plazo, 127 lo harían en un plazo medio-largo y 480, el 38,9% del total, no muestran visos de recuperación. Se da además el caso de que 130 de las masas aguas contaminadas o en riesgo de estarlo no han sido declaradas aún como zonas vulnerables. Las conclusiones de este informe indican que las medidas tomadas hasta el momento no son suficientes para alcanzar los objetivos delimitados por la Directiva europea.

La contaminación de los acuíferos está provocando el desabastecimiento de agua potable a miles de municipios en toda España. Solo en Cataluña, y según la Agencia Catalana del Agua, en 2016 había ya 422 municipios en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Se calcula, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica del año 2019, que al menos el 40% de los acuíferos de España está en peligro por la contaminación de los residuos de la industria agrícola y ganadera. La contaminación difusa por la ganadería y la agricultura intensivas está, en suma, destrozando los sistemas hídricos de toda España. Y a pesar de los avisos y alertas por parte tanto de organizaciones científicas, sociales y ecologistas como de instituciones como la propia Unión Europea, en España solo se han producido escasos avances en la protección de determinadas zonas con especiales problemas, pero ni estos parecen suficientes ni abarcan a todas las comarcas en situación de riesgo o en situación de catástrofe ecológica.

Los datos sobre los negativos impactos de las macrogranjas en nuestro medio ambiente son tan abrumadores, que las declaraciones del ministro Garzón debieran haber servido, como mínimo, para reflexionar sobre un problema cada vez más grave y que tanto daño está causando en nuestros entornos y en las vidas de miles de pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Sin embargo, lejos del debate sosegado, nos hemos vuelto a topar con bulos y fake news cuyo fin no es sólo tratar de esconder el impacto real de este tipo de explotaciones si no socavar la imagen de un ministro que ¡oh sorpresa! es de Unidas Podemos.

A partir de los datos que cada cual saque sus conclusiones. Las nuestras ya las pusimos de manifiesto en una Proposición no de Ley que reclamaba una moratoria de estas macrogranjas. Los votos en contra de PSOE, Cs, PP y VOX impidieron su aprobación.