La derecha se erige como la gran defensora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... mientras las pueda controlar, del mismo modo que protege la democracia sólo si favorece a sus intereses. Cuando no se dan estas circunstancias, no duda en arrasar con ellas. El inspector de la Policía Nacional Manuel Morocho Tapia es un buen ejemplo de ello. Su integridad al frente de algunas de las investigaciones en las que ha quedado probada la corrupción del Partido Popular (PP) hizo que este partido intentara arruinar su vida.

Corría el año 2017 y durante su comparecencia ante la comisión del Congreso de los Diputados sobre la financiación irregular del PP, Morocho no dudó en tachar a la caja B del PP de "corrupción en estado puro". Entonces, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) declaraba en el marco de la trama Gürtel, en la que el Tribunal Supremo terminaría tiempo después acreditando la caja B del PP, y además de denunciar las presiones sufridas, el policía reconoció los pagos en negro a varios dirigentes del PP, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así Francisco Álvarez-Cascos o Federico Trillo.

Morocho compareció ayer ante el juez Manuel García Castellón durante más de tres horas, en esta ocasión, en el marco de la trama Kitchen, dejando al magistrado absolutamente escandalizado. Aunque no es la primera vez que el inspector de la UDEF narra la batería de artimañas del PP y, lo que todavía es peor, de miembros de este partido en el gobierno de la nación, el escándalo es mayúsculo.

Sobornos con cargos fuera de España y significativas subidas de sueldos, desde Lisboa a Viena pasando por la ONU o el FBI en Virgnia (EEUU)... lo que fuera necesario para poner tierra de por medio entre él y la investigación que cercaba a figuras de primer nivel en el PP. Todo ello con el beneplácito y la presión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Nombres como los de Mariano Rajoy, Javier Arenas, María Dolores de Cospedal o su marido Ignacio López del Hierro no debían aparecer en sus informes, trasladando el mensaje de que cualquier corrupción en el seno del PP era patrimonio exclusivo de Bárcenas; así se lo hicieron saber sus superiores incrementando la dosis de presión e, incluso, retrasando hasta en un año la entrega de sus informes, lo que explica parte del retraso de la justicia en los casos de corrupción, pues uno de estos informes fue el referido al exsenador Jesús Sepúlveda y su esposa, la exministra Ana Mato, que contribuiría a la condena del primero.

La vigilancia a la que fue sometido Morocho fue tan asfixiante, las presiones absolutamente tan insoportables -aunque las soportó- que ante su relato ayer el juez García Castellón habló de "panorama desolador". ¿Qué lugar ocupa el actual número uno del PP, Pablo Casado? Aunque lo oculte en su biografía en la página web del PP, Casado ya andaba por el Congreso como diputado por Ávila y asumía la portavocía del PP en diversos ámbitos; mientras, se producían todas estas presiones nada menos que a un inspector jefe de la UDEF.

Posteriormente y aunque Casado se niegue a responder a las preguntas de la prensa -ya saben, como la Policía o la democracia, solo la respeta mientras le favorece-, trabajó codo con codo con la larga lista de salpicados por la corrupción, ya como vicesecretario general de comunicación del partido. ¿Alguien de veras se cree que quien esos años era la cara y la voz del PP ante los medios no recibía consignas de quienes presionaron a Morocho?

El cúmulo de tácticas mafiosas que lleva años describiendo este inspector jefe, que le ha valido hasta siete querellas de dirigentes del PP -todas ellas archivadas- y que diputados populares arremetan contra él en el Parlamento, evidencian la naturaleza criminal del PP. El principio de veracidad de la Policía, así como las pruebas incontestables aportadas, tienen un peso que hunde aún más al partido como enemigo de la democracia misma.