¿Se imaginan que un buen día, al salir a la calle, se tope con un agente que le solicite el pago de una cantidad por caminar por la acera? Usted, sorprendido, le preguntaría que a qué se debe. "A que la calle hay que mantenerla", replica el agente. "¿Pero y mis impuestos? ¿Y los miles de euros que pago en IRPF, IVA e IBI?". A esa pregunta ya no habría respuesta... más que el copago. Pues esto es, precisamente, lo que baraja hacer el Gobierno con nuestras carreteras.

Por más que desde el Ejecutivo nos vendan la idea de que estos peajes por toda la red de carreteras es norma en Europa, la máxima de que mal de muchos es consuelo de tontos se impone. Recuerda este abuso y prueba de pésima gestión a aquel chiste de Gila, en el que el colegio quiere cobrar al padre por el desgaste del patio cuando el niño sale al recreo: "Tendremos que ir a medias en esto, que a mí también se me desgasta el niño", replicaba.

La ciudadanía paga ya bastantes impuestos como para que se nos quiera imponer un copago. El déficit que arrastra el mantenimiento de las carreteras no es un balón que se deba echar sobre nuestro tejado, pues ya pagamos suficiente, no sólo como para que no exista tal déficit, sino como para que la red de carreteras esté mejor conservada de lo que lo está, pues conviene recordar -y esto bien se cuida el gobierno y la DGT de comentarlo- que buena parte de la siniestralidad de tráfico se debe al mal estado de las carreteras.

Las encuestas del RACE revelan que tres de cada cuatro personas que conducen se oponen al peaje, al tiempo que alerta de que "el ‘pago por uso’ podría generar que muchos conductores opten por circular por las carreteras secundarias, donde se produce el 78% de los accidentes mortales, de manera que se desincentivaría el uso de las vías de alta capacidad".

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, lleva desde 2018 coqueteando con la idea de imponer este peaje... él, que es más de zanahorias que de palos. Posteriomente, en 2019, volvió a soltar el globo sonda y ahora fija el calendario para hacernos tragar el copago en 2024 (en otra legislatura, así que, PSOE, no olvide incluirlo en su programa electoral de 2023). Y, como ya apunté hace dos años, la pregunta que salta es: ¿se está gestionando correctamente lo que se recauda y, además, se recauda lo que se debiera?

La respuesta a ambas cuestiones, evidentemente, es que no. El hecho de que se lleve fliterando con los peajes desde hace tres años descarta los argumentos de la pandemia o, incluso, de la contaminación, pues ya entonces no se utilizaba tales pretextos. En cuanto a la recaudación, ni siquiera ahondaré en las deficiencias de nuestro sistema fiscal en el que proporcionalmente quienes menos tienen más pagan. Me fijaré en el fraude y en cómo, según los últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria, únicamente ocho de cada cien inspecciones de Hacienda son a grandes empresas que, además, son quienes más dinero defraudan.

Ante la amenaza de peaje, la derecha no va a tardar a reaccionar, utilizándolo como arma arrojadiza. Aunque su oposición sea legítima, habrá que ver cómo la articula, toda vez que debido a su pésima gestión los españoles ya hemos tenido que pagar nada menos que 5.000 millones de euros por la quiebra de nueve autovías, sencillamente, porque se inflaron los números de tráfico en las previsiones. La diferencia es que mientras que el dinero que paguemos por los peajes de este Gobierno progresita irá a todos los españoles y españolas, aquellos 5.000 millones fueron al bolsillo de los amiguetes de aquel gobierno del PP que avaló la construcción de unas autovías que nunca tuvieron viabilidad.