Hace unos diez días Felipe González se lamentaba del fallo del Tribunal Supremo que ratificaba la condena a prisión de José Antonio Griñán. No sólo decía haber recibido la sentencia con “perplejidad y dolor”, sino que aseguraba que contaría otra vez con él si tuviera la oportunidad de formar otro gobierno. Felipe recalcaba la “intachable integridad moral” de Griñán, lo cual, viniendo de quien viene, el responsable último de varias de las tramas de corrupción más inmundas de la democracia, vete a saber lo que quería decir. Ya sea en el tema de los GAL, Mariano Rubio, Filesa o Luis Roldán, siempre que habla Felipe González hay que despejar la X, una incógnita tan misteriosa como la M de M. Rajoy.

Felipe hablaba desde la barrera, como si en vez de criticar la decisión del órgano principal de la judicatura española estuviera comentando una corrida de toros en la que discrepara de las decisiones de la presidencia. Es lógico que ahora Felipe apoye ahora la petición de indulto parcial que va a presentar la familia de Griñán, una propuesta a la que también se ha unido el otro ex presidente del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, para que todo quede en familia. De momento, no se sabe si Sánchez respaldará la petición de indulto, aunque habrá que recordar que en su día aseguró que si Griñán y Chávez eran imputados, él no tendría más remedio que abandonar su escaño. Como ya no están imputados sino condenados en firme, con un espaldarazo del Tribunal Supremo, Sánchez tendría que abandonar La Moncloa. Menos mal que la movida le ha pillado en vacaciones, porque todo el mundo sabe que no lo decía en serio. Hablaba sólo por hablar.

Aparte de comerse sus propias palabras, Sánchez llegó a declarar a finales de julio que en la sentencia contra Griñán y Chaves estaban “pagando justos por pecadores”. La viga maestra de esta inverosímil línea de defensa es que ambos dirigentes no habían cogido ni un euro de los cientos de millones saqueados en la trama de los ERES andaluces: se habían limitado a mirar para otro lado durante un expolio que duró lustros. Tener a invidentes y sordos profesionales en los cargos más altos del gobierno es una vieja costumbre en la democracia española: Aznar, González, Aguirre, Rajoy, por citar únicamente cuatro de los ciegos más gordos, no sabían ni por dónde les daba el aire. En el cruce de acusaciones entre PP y PSOE ante el posible indulto a Griñán en seguida han salido a relucir porquerías de uno y otro bando: qué me vas a contar tú, hombre, si vuestro partido reside en una sede pagada con dinero negro. La estrategia en estos casos es saber quiénes son los tuyos, hacer piña y tirar mierda al contrario. Lo de la justicia, la vergüenza y el respeto a la separación de poderes lo dejamos para otro día.

No es sencillo elucidar que resulta más grave en todo este asunto, si el cachondeo con que un presidente del gobierno y dos ex presidentes se toman las decisiones del Tribunal Supremo o los mecanismos medievales que siguen imperando en la justicia española cuando se sienta en el banquillo un señor importante. En 2008 el Tribunal Constitucional anuló una sentencia en firme de tres años y cuatro meses de prisión contra los Albertos por considerar que la pena ya había prescrito. Incluso cuando falla el indulto, hay recursos de sobra para que la señora de la balanza asome un ojo por debajo del paño que simbólicamente le cubre los ojos. En España la justicia será ciega, sí, pero no tonta, que sabe muy bien con quién se juega los cuartos.