Maricarmen

Hay noticias que deberían provocar una reacción unánime. No un debate, ni matices. Simplemente indignación. El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que lleva décadas viviendo en su casa, en el barrio de Retiro, y que vuelve a enfrentarse a un intento de desahucio, es una de ellas. Iba a ser el 3 de junio, se ha aplazado al 24. Da igual la fecha, es una tortura que su cuerpo no puede soportar.

La situación de Maricarmen es uno de esos casos paradigmáticos, de los que, cuando te enteras de su existencia ya no se te va de la cabeza, de los que cuando miras sus arrugas te recuerdan tanto a tu abuela. Con razón los compañeros del colegio de mi hija con 5 años lo siguen cantando meses después del primer intento de desahucio: "MariCarmen Se Queda, fondos buitres a la mierda". Hasta los niños lo entienden.

A Maricarmen la echan. A Maricarmen la echan después de más de 50 años viviendo en su casa. Y la echan porque la Justicia que, cada vez en más ocasiones demuestra su ceguera, le rechazó el derecho a subrogarse en un contrato de renta antigua, entre otras cosas porque su madre en la época franquista no podía ser titular de un contrato de arrendamiento ni de una cuenta bancaria. Más allá de los tecnicismos jurídicos, de los procedimientos judiciales, los recursos y de las disputas jurídicas sobre contratos y burocracias, existe una pregunta elemental que cualquier sociedad democrática debería ser capaz de responder: ¿De verdad estamos dispuestos a expulsar de su hogar a una mujer de 87 años a manos de un fondo de inversión y que aquí no pase nada?

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El mero hecho de que esta situación haya llegado tan lejos ya constituye un fracaso como sociedad. Será legal pero no es legítimo -y te lo dice una abogada- que se permita expulsar a vecinas de toda la vida de sus viviendas, como si se tratasen de un mueble viejo, un mero objeto a desechar, sin que absolutamente nadie ni nada, ninguna institución se haga cargo de saber qué pasa con la vida de esa persona al día siguiente. O lo que es peor, se pasen la pelota diciendo “esto no me corresponde a mí”. Es simplemente abominable.

Un desahucio no empieza ni acaba el día en que llega la comisión judicial constituida por un par de funcionarios y un cerrajero con el mandato judicial de que salgas. Un desahucio es un proceso que empieza mucho antes, con cada carta recibida, con cada notificación, con cada burofax, con cada fecha señalada en el calendario, con cada noche sin dormir y con cada vuelco al corazón cada vez que suena el timbre sin que esperases a nadie. Un desahucio es pura violencia.

Y cuando son las instituciones democráticas, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, las administraciones públicas en general, las que permiten que, una persona de edad tan avanzada, en ese estado de fragilidad, en el que prevemos estar todos el día de mañana, en ese momento vital cuando más se necesita del apoyo institucional, atraviese durante años un proceso torturante sin ofrecer una solución real, estamos ante una forma de violencia y maltrato institucional.

Es totalmente paradójico que una persona de 87 años sea considerada merecedora de una protección extraordinaria en casi cualquier ámbito, pero no cuando se trata de conservar un techo. Nuestro ordenamiento reconoce que la edad avanzada implica una situación de especial vulnerabilidad. Lo entendemos para la salud, para la dependencia o incluso por ejemplo para exonerar a un corrupto de la prisión. Sin embargo, esa sensibilidad se esfuma cuando lo que hay al otro lado es la voracidad y la expectativa especulativa propia del mercado inmobiliario. Es inaudito que sea legal que haya estructuras empresariales que compren edificios enteros, paquetes de viviendas y derechos inmobiliarios con un único objetivo: maximizar beneficios a toda costa. Vidas mediante. Ese es el núcleo moral del problema y el caso de Maricarmen es quizá uno de los más paradigmáticos.

Y mientras esto sucede, el Gobierno de España no puede seguir limitándose a declaraciones de buenas intenciones cuando los desahucios continúan produciéndose. La legislatura de la vivienda, já. Si existe voluntad política, existen mecanismos legales para reforzar la protección de las personas vulnerables y garantizar alternativas habitacionales efectivas.

Somos perfectamente conscientes de que es el Ayuntamiento de Madrid quien tiene encomendada la gestión de la emergencia habitacional, pero eso no puede significar que te manden un SAMUR SOCIAL para que vayas unos días a un albergue, o que Servicios Sociales te proponga ingresar en una residencia en otra ciudad pagando el 80% de tu pensión. También somos perfectamente conscientes de que es la Comunidad de Madrid quien debe proveer de viviendas públicas en caso de emergencia residencial, hay incluso un Decreto que así lo establece. Pero también somos perfectamente conscientes de que es el Ministerio de Vivienda a través de su flamante CASA 47 quien puede comprar la vivienda de Maricarmen y lanzar un nítido mensaje: aquí no se deja a nadie atrás y menos en sus últimos años de vida. Hay miles de convenios con entidades del tercer sector que bien podrían aplicarse para garantizarle un techo a Mari Carmen.

Llegados a este punto, ya da igual de quién sea la competencia, por mucho que todos sepamos que primero es del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los derechos humanos son competencia de todas y cada una de las Administraciones. Gobernar es hacerse cargo de situaciones como estas, y no basta con lamentar la situación cuando aparecen las cámaras. La obligación de cualquier Gobierno es impedir abandonar a las personas a su suerte, para eso están las instituciones.

No parece que vayan a hacer nada, pero sí los veremos a todos deambular estos días delante de su Santidad, exhibiendo una ciudad que esconde horrores.

Por eso, resulta tan indignante que la única respuesta institucional consista una y otra vez en ganar unos días, aplazar unas semanas la agonía y esperar la siguiente fecha judicial y por eso, será de nuevo la organización popular, el barrio, sus vecinas, las asociaciones, el Sindicato de Inquilinas los que se organicen para sostener a Maricarmen los próximos días, hasta que haya una solución para ella y para tantísima gente que está en la misma situación.