Maricarmen, el Supremo y el fascismo

No queda alma en este país que no conozca la historia del injusto desahucio de Maricarmen. Salvo los fondos buitre, el círculo de Ayuso y la empresa que la echó de su casa, Urbagestión, que dice ser una pyme y está regida por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes.

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Para ellos, el desahucio fue la aplicación de una sentencia justa. En esta monumental tropelía, la justicia hizo tantas cosas mal que no cabe pensar que fuera cosa de ineptos, sino de un despropósito colectivo del Tribunal Supremo. Fueron los miembros de esta corte quienes, al final, después de cuatro instancias, dieron la razón a la MALDAD, con mayúsculas. Porque lo que le hicieron a Maricarmen en Madrid es la representación de lo que puede hacer la derecha neoliberal, capitalista y cruel, apoyada por un sistema de justicia que sigue respetando las leyes fascistas. 

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Según los señores de Urbagestión, Maricarmen tenía que dejar el piso hace años. Como argumentaron los Alonsos, su contrato era una segunda subrogación y, como tal, solo puede extenderse durante 15 años. Y aquí está la trampa. Maricarmen tenía que tener la primera subrogación, que da derecho a vivir en la casa hasta morir.

El contrato lo firmó el padre de Maricarmen en el año 1956, cuando España estaba regida por un dictador fascista que tomó el poder mediante un golpe de Estado y una guerra. Es decir, el país estaba en manos de un Gobierno ilegítimo. Aquel poder ilegal no permitía que una mujer tuviera propiedades a su nombre. El padre de Maricarmen no pudo poner el nombre de su esposa en el contrato de arrendamiento. Como consecuencia de aquella ley promulgada por un Gobierno golpista, cuando el padre murió la madre tuvo que solicitar una subrogación. Esta es la subrogación que el Tribunal Supremo y los Alonsos cuentan como primera, la que da derecho al inquilino a quedarse en el piso para siempre.

Si el Tribunal Supremo hiciera justicia en vez de hacerle el juego a los fondos buitre y a la extrema derecha, Maricarmen estaría ahora en su casa. No entiendo cómo se permite que se utilicen las consecuencias de una ley fascista y sexista, que discriminaba brutalmente a las mujeres, como trampolín para seguir haciendo el MAL, con mayúsculas. 

Hace unas semanas, el Tribunal Supremo también dictó la suspensión del derecho a votar para los nietos de los exiliados a causa del fascismo. Si suspender el derecho al voto de un ciudadano no es una medida dictatorial, entonces vamos a tener que redefinir el concepto de dictadura. Sin embargo, los nietos de los fascistas sí pueden votar. Y no solo votar. También pueden utilizar las leyes ilegítimas que promulgaron sus abuelos para poner en la calle a las mujeres que, por culpa del franquismo, no tienen derecho a morir en la casa donde vivieron.

El caso de Maricarmen tenía que llegar al Tribunal Constitucional, porque el hecho de que su madre no pudiera firmar el primer contrato de arrendamiento —un derecho de igualdad contenido en la Constitución de 1978— provocó que ella perdiera el piso. El Supremo debía considerar el contrato de Maricarmen como la primera subrogación. Obviamente, el fascismo no dio la opción de que firmaran el padre y la madre.

Los derechos constitucionales de Maricarmen fueron violados por la sentencia de un tribunal que respeta las leyes franquistas como si fueran legítimas. Es una aberración que la justicia del Supremo base sus sentencias 'democráticas' en leyes discriminatorias que les quitaron todos los derechos a las mujeres. Lo que le han hecho a Maricarmen es un crimen legal.