ANÁLISIS
Mauritania–Senegal–Cabo Verde: la nueva externalización migratoria europea
Por Miguel Urbán
A principios de mes, gracias a una investigación de la Fundación porCausa y El Salto, supimos que la Unión Europea había abierto en Mauritania, mediante el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE y con la colaboración de FIAP —una agencia española de cooperación—, dos cárceles para migrantes. Su nombre oficial es Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), pero, como demostró la investigación periodística, son en realidad "centros de detención" de migrantes en los que incluso se prevé que pernocten menores de edad y bebés lactantes. Informes de Lighthouse Reports y Human Rights Watch han documentado graves abusos contra la población migrante retenida en Mauritania, incluidos detenciones arbitrarias, internamientos ilegales y abandonos en el desierto.
Las cárceles de migrantes en Mauritania con dinero español no son, ni mucho menos, un fenómeno nuevo. En 2008, una antigua escuela reconvertida en cárcel para la "retención de migrantes" operaba con fondos españoles y sin marco jurídico en Nuadibú (Mauritania). Aquel centro, conocido con el sobrenombre de "guantanamito español", recibía cada mes, según Amnistía Internacional, entre 200 y 300 personas procedentes de Senegal y Malí. Se trataba de una política de externalización de fronteras con cárceles extraterritoriales para migrantes, en el contexto de la llamada "crisis de los cayucos" de 2007.
En los últimos años, la ruta atlántica occidental hacia Europa ha vuelto a ganar peso a medida que se cerraban otras rutas migratorias en el Mediterráneo central. El número de personas que transitan por el Atlántico occidental pasó de menos de 3.000 en 2019 a más de 23.000 en 2020, más de 40.000 en 2023 y 46.000 en 2024. En paralelo, la UE —y, por ende, el Gobierno español— ha ido destinando cada vez más recursos y esfuerzos para taponar la actividad migratoria en esa ruta.
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En febrero del año pasado, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajaron a Mauritania, donde prometieron más de 500 millones de euros en ayudas e inversiones en el marco de la iniciativa Global Gateway, condicionadas al control migratorio, a frenar los cayucos hacia Canarias. Un año después, el país africano inauguraba las cárceles para migrantes.
Recientemente, la UE ha ampliado los fondos de la Asociación para la Cooperación Operativa con Senegal, de 9 a 39 millones de euros. Ese proyecto creó la unidad policial especializada DNLT, capacitó al poder judicial y dotó a fuerzas de seguridad, como la policía fronteriza, con tecnología de vigilancia. Un portavoz de la Comisión Europea afirmó que "esta financiación adicional tiene como objetivo mejorar la capacidad de Senegal para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en el mar, gestionar los flujos migratorios de forma más eficaz y combatir las redes de trata y tráfico ilícito de personas".
Bajo ese eufemismo de "mejorar la capacidad de Senegal", una investigación de Follow the Money señala que la inyección de dinero de la UE se dedicará, entre otras cosas, a la construcción de tres centros (como en Mauritania), la adquisición de nuevo equipamiento y la formación de personal. Los fondos serán gestionados conjuntamente por la policía de Senegal, la agencia del Ministerio del Interior francés Civipol y la FIAP española. Todo ello evidencia cómo, pese a haber llegado al poder prometiendo mayor soberanía frente a los intereses europeos, el presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye continúa implementando medidas de control migratorio respaldadas por la UE que priorizan la vigilancia policial y el enjuiciamiento, dentro del mismo marco legal de las administraciones anteriores.
En esta misma línea, la agencia fronteriza de la UE, Frontex, anunció el pasado viernes el despliegue de aeronaves de vigilancia aérea en el Atlántico con base en Cabo Verde. La medida tiene un componente material —mejorar de primera mano el conocimiento de la situación en el Atlántico occidental— y otro simbólico: es el primer despliegue de Frontex en un país africano.
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La aeronave, fletada a empresas privadas y equipada con tecnología de vigilancia, monitorizará las zonas de búsqueda y rescate de Senegal, Mauritania y Gambia en busca de embarcaciones con destino a las Islas Canarias. Cuando se produzcan avistamientos de embarcaciones migrantes, las tripulaciones contratadas por Frontex informarán a las autoridades competentes de África occidental, que procederán a interceptar y devolver a las personas migrantes. Frontex aplica un mecanismo similar con la Guardia Costera de Libia desde 2017 que ha sido denunciada por violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas interceptadas.
Como en Libia, Frontex no desplegará personal propio en Cabo Verde: los servicios de reconocimiento volverán a contratarse a empresas privadas. Los vídeos grabados en el mar se transmitirán en directo a la sede de Frontex en Varsovia. De hecho, se prevé que el futuro centro de operaciones de Rabat (Marruecos) dé apoyo a los vuelos de vigilancia aérea desde Cabo Verde.
La misión en Cabo Verde suple la falta de acuerdo tras el fracaso de las negociaciones con Senegal y Mauritania. Frontex había solicitado acuerdos de estatus con ambos países para poder desplegar personal o equipos en sus aguas territoriales o en tierra. Pese a señales iniciales positivas, ambos gobiernos rehusaron entablar esas conversaciones. Por lo tanto, los vuelos desde Praia se realizarán en aguas internacionales, fuera de las doce millas de Senegal, Mauritania y Gambia.
El responsable de Derechos Fundamentales de Frontex, Jonas Grimheden, ha expresado su preocupación por el programa de Vigilancia Aérea Multipropósito (VAM) en la ruta de África occidental, pues favorecería la interceptación de embarcaciones en aguas internacionales —más allá de las doce millas— y su devolución a centros de internamiento en Senegal y Mauritania, donde se han constatado reiteradas violaciones de derechos humanos.
Un informe fruto de varios meses de investigación de miembros del organismo de control antifraude de la Unión Europea, la OLAF, ya acusó a Frontex de graves violaciones de derechos humanos. El documento señaló que altos funcionarios de la agencia cometieron "faltas graves y otras irregularidades" al encubrir o no investigar adecuadamente devoluciones ilegales de solicitantes de asilo desde Grecia a Turquía.
Los vuelos desde Cabo Verde son la cuadratura de un nuevo triángulo de la política de externalización de fronteras europeas. Una arquitectura de contención extraterritorial —de los CATE en Mauritania al despliegue aéreo de Frontex en Cabo Verde— que normaliza la excepción e institucionaliza (con dinero público europeo) la violación de los derechos humanos por parte de terceros países lo más alejado posible de la opinión pública europea.
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