Una plaza en un cayuco o un apoyo para cruzar desde Marruecos a Ceuta, Melilla o Canarias cuesta a día de hoy unos 15.000 euros. Eso es lo cuesta mandar a un estudiante menor de 18 años español a Estados Unidos dentro del programa de becas en la enseñanza pública estadounidense. La cantidad de dinero que hace falta hoy en día para convertirse en “mena” es enorme para una economía europea y desde luego desorbitada para la marroquí. De modo que los perfiles de los menas marroquíes están cambiando drásticamente. Por un lado, las familias de origen de los menores poseen unos mayores niveles culturales y económicos que antes. Quienes pueden financiarse los viajes lo hacen cada vez más no para buscarse la vida, como si fuera una aventura, si no buscando acceder a un espacio de educación y formación laboral de mayor calidad que el de su país de origen. Y tanto es así que las trabajadoras sociales de Ceuta comentan que, pese a que los servicios de atención y acogida están desbordados, el cambio de perfil de los menores facilita mucho la gestión.

Según los datos más actuales del Ministerio de Migraciones en 2023 había unos 15.000 menores y extutelados, de entre 16 y 23 años, en España. La mayoría marroquíes, muchos más de la mitad, llegando al 69%, y el resto, muy poco representativos, principalmente subsaharianos. Apenas habían llegado mujeres. Los datos de 2024 son confusos. El Gobierno de Canarias asegura que tutela a más de 5.000 menores, muchos de ellos subsaharianos de Senegal, Mali o Gambia. El Gobierno de Ceuta habla de medio millar. En cualquier caso, estamos hablando de cifras que suponen mucho en ciudades pequeñas, pero que no representarían nada distribuidas por todo el país: si dividiéramos exactamente las personas tuteladas por Canarias entre 17 tocarían 324 personas a cada comunidad autónoma, sin contar Ceuta y Melilla.

Ese es el gran debate incomprensible que está teniendo lugar y que es el reflejo de la ineptitud política que caracteriza los tiempos que corren. Ninguno de los dos partidos mayoritarios está a la altura que necesitamos, no piensan en las ciudadanas, no piensan en las personas, solo piensan en ganar un debate político que ha plantado la ultraderecha en nuestras vidas. Cada año mueren 100.000 personas más de las que nacen en nuestro país. Este es el orden de magnitud que deberíamos usar para determinar si España puede absorber 15.000 jóvenes.

¿Y qué hay de las famosas paguitas? Pues según datos del Ministerio de Migraciones, de los 15.000 jóvenes que se contabilizaban en 2023, el 60% trabajaban y el 30% restante estudiaban. Es más, si el grupo de jóvenes se establece a partir de los 17 años, dejando a los pequeños fuera, más del 67% estaba afiliado a la Seguridad Social en 2023. Son unos datos impresionantes. Los sectores más frecuentes son hostelería, agricultura y servicios auxiliares de administración.

Yo no puedo dejar de pensar que ya se está tardando en poner en marcha un sistema de becas públicas que permita a los jóvenes de nuestros países vecinos venir a estudiar a nuestro país sin necesidad de que sean héroes. Un sistema que permita a esos jóvenes gastarse sus 15.000 euros en buscar un piso compartido o una residencia y mantenerse durante los cursos escolares. Un sistema que, además, les permita incorporarse al mercado laboral de forma regular si lo estiman oportuno, pudiendo volver a visitar a sus familias cuando quieran y en condiciones seguras y acordes con su condición de menores y jóvenes. Un sistema que no nos cueste ni dinero ni humanidad. Y sí, si se quiere, se puede.