José Ramón Barrueco

En el oeste de la provincia de Salamanca se han destrozado 40 hectáreas de un encinar en perfecto estado de conservación, a la vez que se viene produciendo un deterioro de la convivencia de sus habitantes por la actuación de una empresa de origen australiano, Berkeley Minera España S. L., que tiene intención de abrir distintas minas de uranio a cielo abierto en la provincia. El mineral de uranio extraído sería tratado en una planta de concentrados en la localidad de Retortillo, en la que también se encuentra el proyecto minero más desarrollado por la empresa Berkeley.

La mayoría de los habitantes de la zona se oponen a las minas previstas por los efectos negativos que esta actividad van a suponer para la comarca: explosiones con expulsión de polvo para la atmósfera (efecto negativo del gas radón), continuo trasiego de camiones y maquinaria pesada, pérdida de la masa forestal, desviación de los cursos del agua, etc.

A pesar de la oposición vecinal, las distintas administraciones involucradas han dado el visto bueno al desarrollo de la minería de uranio en Salamanca. En el caso de Retortillo la actuación del Ayuntamiento de la localidad ha sido vergonzosa, impidiendo una consulta popular que pretendía el alcalde (del PSOE) surgido de las urnas en las elecciones de 2015 y sustituido por un compañero de partido favorable a los intereses de la empresa minera. Otros dos integrantes (del PP) de la Corporación municipal están siendo investigados por la Justicia en relación a posibles delitos debido al cargo que ostentan y su vinculación con Berkeley.

La Junta de Castilla y León también ha facilitado la instalación de Berkeley en nuestra región, siendo otorgada la concesión minera cuando era Consejero el Sr. Tomás Villanueva, cuyo fallecimiento ha impedido continuar con la investigación de su relación con distintas tramas corruptas.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió la autorización previa a la Planta de beneficio de mineral cuando el titular del mismo era José Manuel Soria, otro personaje conocido por su dudosa catadura moral.

El proyecto minero saltó a los medios de comunicación nacionales en diciembre de 2015 cuando una información recogió la noticia de que Manuel Lamela (antiguo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid) medió como lobbista ante la Comisión Europea para conseguir una opinión favorable de Europa a este proyecto minero. Lo llamativo del caso fue que el señor Lamela nunca ha tenido nada que ver con la actividad minera, siendo su único mérito conocido ser amigo del Comisario Arias Cañete, que firmó el parecer favorable de la Comisión Europea.

La empresa Berkeley ha realizado actuaciones al margen de la ley que han tenido como consecuencia la apertura de un expediente sancionador por parte del ayuntamiento de Retortillo. Expediente del que no se ha vuelto a tener noticias debido a que las personas que han accedido a la plaza de Secretario/a municipal, tres en medio año, han renunciado debido a la situación insoportable en la que tienen que desarrollar su trabajo.

En la página web de la empresa se anuncia que "la construcción inicial del proyecto de Salamanca comenzó a finales de 2016", a pesar de que no puede realizar construcción alguna hasta que el Ayuntamiento les conceda la Licencia Urbanística, pendiente de otorgar una vez que consigan la Autorización de construcción de la Planta que está suspendida actualmente por el Ministerio de Energía hasta que informe el Consejo de Seguridad Nuclear.

La empresa minera contrata a parados de la comarca para buscar adeptos entre la población de la zona, pero la actividad que pueden realizar está muy limitada al carecer de los permisos de construcción de la mina. Berkeley utiliza esas contrataciones como escudo contra las críticas que se realizan a su proyecto, habiendo enviado a los trabajadores a distintos actos en los que se iban a aprobar mociones en contra de las pretensiones de la empresa (Ayuntamiento de Villavieja, Diputación de Salamanca).

Las familias de los trabajadores de Berkeley también se ven obligadas a defender los intereses de la minera, por lo que el roce contra la población que está en contra produce una tensión en la convivencia de estos pequeños municipios.

Las movilizaciones en contra de los proyectos de Berkeley se han redoblado tras la incorporación a la lucha de numerosos alcaldes de la zona oeste de Salamanca, la mayoría del Partido Popular, pero, a pesar de ello, la empresa sigue empeñada en mantener su pretensión de explotar unos yacimientos con escasa riqueza de mineral y dudosa rentabilidad según la Comisión Europea, lo que acrecienta las dudas sobre el proyecto.

Berkeley ha conseguido dividir y enfrentar a la población de la zona, pero la gente del Campo Charro se muestra dispuesta a defender la tierra y sus modos de vida. Es el sentir de una obligación con nuestros hijos y nietos, que tienen derecho a disfrutar de un territorio envidiable que hemos heredado de nuestros padres y abuelos.

José Ramón Barrueco Sánchez es Portavoz de la Plataforma Stop Uranio