Cuando la Iglesia católica se apropió de la Mezquita de Córdoba, engordó su lista de negocios lucrativos. Inmatriculada por la ridícula cantidad de 30 euros, el monumento ronda los 2,2 millones de visitas anuales con un precio de entrada general de 13 euros. Las conclusiones preliminares sobre las causas del incendio sufrido esta semana ponen en entredicho la gestión de la Iglesia, que se mueve entre la imprudencia y la negligencia. 

Utilizar una capilla de esta pieza clave del patrimonio universal como almacén de equipos de limpieza a todas luces no sugiere una correcta gestión del monumento. Según las primeras investigaciones, el cortocircuito de una barredora eléctrica habría producido el incendio… una barredora que jamás debió estar allí. De hecho, desde 2020 el propio plan director de la Mezquita-Catedral de Córdoba ya contemplaba sacar este almacenaje del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, algo, por cierto, de lo que tenía constancia la Junta de Andalucía. 

Cinco años después, la barredora seguía guardada allí, evidenciando la desidia tanto de la Iglesia como del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, cuyas inspecciones —si es que las ha habido— parecen haber concedido el beneplácito a esta práctica negligente. No existe explicación alguna que pueda justificar este uso impropio de las instalaciones del monumento. Incluso desde el punto de vista religioso, reducir una capilla a sala de almacenaje se me antoja una falta de respeto para la confesión católica.

Las autoridades y el propio deán de la catedral, Joaquín Alberto Nieva, pueden insistir en la idea de accidente, pero la negligencia es palmaria, por mucho que la Junta de Andalucía lo niegue. Si dejas solo a un mono con dos pistolas cargadas, la lógica nos dice que habrá tiros. Y si el Cabildo catedralicio le dio las pistolas al mono, los de Moreno Bonilla las cargaron, y ni siquiera son capaces de darse cuenta de que así lo admiten. Cuando, para defender el actual modelo de gestión, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, afirma que "al ser un patrimonio mundial, el Cabildo tiene que coordinarse sí o sí con la consejería de Cultura", está reconociendo que haber convertido una capilla en almacén también es responsabilidad suya. 

Los daños se cifran en más de un millón de euros y estar por ver si la Iglesia los asumirá en su totalidad o no. Así debiera ser. El erario público no debiera soltar un solo euro para resolver la irresponsabilidad de la Iglesia. Con unos ingresos que difícilmente bajan de los 20 millones anuales, la Mezquita de Córdoba debe hacerse cargo de ese coste.

Sin embargo, sorprende que haya quienes todavía consideren que es preciso ayudar a la Iglesia en la financiación de la reparación de unos daños que pueden haberse extendido a muchas otras partes por la acción no solo del fuego, sino del agua para extinguirlo, cuya humedad podría hacer estragos en el mortero del monumento. Entre sus justificaciones destaca el papel que juega la Mezquita como polo de atracción turística para el país en general y para la ciudad de Córdoba en particular. Incluso si alguien quiere jugar esa carta, la exención del pago del IBI que tanto PP como PSOE le vienen concediendo a la Iglesia por este monumento de más de 23.000 metros cuadrados habría de ser suficiente compensación, pues la cantidad de euros perdidos por el Estado por este motivo tiene muchos ceros.

Así las cosas, no debiéramos volver a caer en esa máxima de los sectores más conservadores, entre los que se incluye la Iglesia, que defiende privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Ya nos la han jugado demasiadas veces para que ahora lo hagan de nuevo. Cada euro que no asuma la Iglesia en esa reparación de la Mezquita es un euro que nos hurta de educación, sanidad, dependencia… Algo intolerable para una democracia moderna y, en un estado aconfesional como el nuestro, más.