Por Óscar Pantoja, miembro de La Comuna.

El pasado 21 junio, el nuevo equipo del ministerio del Interior se reunió con una de las varias asociaciones de víctimas del terrorismo, concretamente con la AVT. Según ésta, exigieron al ministro Marlaska que “los abogados de la AVT tengan acceso a la documentación sobre ETA entregada recientemente por Francia, con el fin de poder avanzar en la resolución de los casos pendientes de esclarecer”. Olvidemos que, al revés de las asociaciones de víctimas del terrorismo franquista-neofranquista, la AVT y similares son asiduas invitadas de ese ministerio. Olvidemos que ‘contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar’. Pero no podemos olvidar que, siempre según la misma fuente, “El Ministro Marlaska se ha comprometido a cumplir todas las peticiones de la AVT”.

No vamos a fantasear sobre los detalles de ese compromiso ministerial ni, menos aún, sobre su futuro cumplimiento pero, a riesgo de ahogarnos en las ciénagas procesales, debemos preguntarnos: ¿es legal que la AVT tenga copia de documentos policiales franceses que, por falta de tiempo, todavía no han sido incorporados a los rollos de la justicia española? Evidentemente, no. Sólo les faltó pedir el puesto de executioner en la Torre de Londres. Que la AVT exija semejante desafuero es una muestra de ignorancia o de la prepotencia a la que el Gobierno la tiene consentida desde 1981.

Según ella misma, la AVT “es una organización apolítica de carácter benéfico asistencial… creada con el objeto de socorrer a todas las víctimas del terrorismo del abandono y marginación del Estado, así como de muchos sectores de la sociedad española… A día de hoy, la AVT supera los 4.400 asociados.” Por supuesto, las Otras Víctimas, las represaliadas por el tardofranquismo, suscribimos plenamente que el Estado nos ha abandonado y marginado. Incluso podríamos compartir el lema de AVT, “Verdad, Memoria, Dignidad, Justicia”, al que sólo añadiríamos Reparación y Garantía de No Repetición.

Las coincidencias que hemos citado entre AVT y el memorialismo democrático son meramente figuradas; de hecho, son sólo triviales demostraciones de que la AVT, como todas las bandas ultraderechistas, plagia sin rubor la terminología de la izquierda. Aparte de estas minucias, jamás podrá haber parecido alguno entre los sufridos memorialistas de izquierdas, pobretones todos ellos, y unos ultras que dicen ser apolíticos pero que nacen y se reproducen en la opulencia gracias a la teta facha del Estado. Estamos ante unos ultras que presumen de ser meros agentes de beneficencia al mismo tiempo que ignoran a las víctimas del terrorismo involuntario (¿) franquista (talidomida, colza, asbesto), no digamos del terror voluntario encarnado en profesionales como Martín Villa o Billy el Niño. Y menos aún citemos al terrorismo posmoderno que se ceba contra colectivos (catalanes, vascos, solidarios, raperos, tuiteros, titiriteros) y contra la disidencia en general. Ejemplo, gracias a la Ley Mordaza, se imponen 15.000 multas anuales por “falta de respeto” a la Policía; multas que, al ser administrativas, casi no pueden recurrirse -una evidencia de que la “judicialización de la política” es tendenciosa en sí y parcial en los detalles-.

Claro está que todas estas objeciones palidecen ante la política que han seguido AVT y similares con la que, supuestamente, sería una entidad hermana: la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo. Nunca olvidaremos el alucinante caso de los irreproducibles insultos que el entorno AVT & Co. vertieron contra Pilar Manjón, en su día presidenta de la citada asociación, satanizada por ser madre de un joven que fue asesinado en los atentados de Atocha. Por cierto, una pregunta capciosa: ¿hay algún procesado por esos delitos de odio?

El origen del más sectario monopolio de las víctimas del terrorismo que conoce la España contemporánea puede ser situado en dos leyes promulgadas por Zapatero: una es la Ley de Memoria Histórica y la otra es la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. De la primera, nunca más se supo mientras que la segunda es una generosa cornucopia de la que AVT & Co. obtiene no sólo innumerables subvenciones y exenciones –de tasas académicas, de oposiciones, judiciales, vivienda, etc.- sino también indemnizaciones pecuniarias que pueden llegar hasta los 750.000 euros (artº 20)

Otro sí, ¿huelga añadir que la ley 29/2011 no define qué es terrorismo ni tampoco a qué terroristas se refiere? No aparecen en ella palabras clave como pudieran ser ETA, yihadismo, machismo violento o atentados medioambientales –no digamos franquismo. Amparada la AVT en esa vaguedad y, sobre todo, en el pregonado incumplimiento de la ley de Memoria Histórica del que hizo gala un Rajoy orgulloso de su delito, la AVT & Co. ha monopolizado los derechos reconocidos a las víctimas por esas dos leyes y atacado a dentelladas a todo aquello que amenazara menoscabar su pastel. Y lo peor es que ahora, tras ser recibida por Marlaska, pretenderá monopolizar el relato victimista. ¿Quosque tandem, nuevo Gobierno, permitirás que unas centenas de energúmenos abusen de la paciencia democrática de millones de víctimas y represaliados de izquierdas?

Uno de los mantras más usados por la ideología socialdemócrata reza que ‘el Estado debe articular todo el territorio’, el geográfico y el político pero, en especial, el administrativo. La España post-franquista no estará democráticamente articulada hasta que se supriman las jurisdicciones especiales y los monopolios del relato. Es decir, mientras haya reinos de taifas que se traducen en cárceles exclusivas para militares –ejemplo, para dos violadores de La Manada-, y eclesiásticas –penales que se reducen a cambios de parroquia-. Y, en definitiva, mientras cofradías como AVT tengan la desfachatez de aspirar a gozar de prerrogativas judiciales y, caso de no lograrlo, que sigan gozando de privilegios políticos que suponen el agravio comparativo contra los millones de víctimas de la Dictadura y del neofranquismo.