Desde su nuevo sillón de más de 4.600 euros, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (PP), ha decidido recortar las libertades de quienes quieran acudir a las sesiones plenarias. Debe pensar el hombre que bastante tiene con "llegar justo a fin de mes" con un sueldo de más de 5.000 euros, como para tener en la sala a más personas que se oponen a las políticas de Juan Manuel Moreno Bonilla.  

El nuevo reglamento del Parlamento andaluz coarta la libertad de expresión de la ciudadanía, la amordaza, algo que tampoco nos debería extrañar, pues ya desde La Moncloa es lo que Mariano Rajoy impuso con su Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (2015), cuestionada desde Amnistía Internacional hasta la ONU, cuyos aspectos más lesivos el PSOE se ha resistido a derogar. 

Es del todo razonable que se exija silencio al público asistente al salón de plenos; sin embargo, esta medida debería aplicarse del mismo modo a sus señorías. No es el caso; especialmente los y las diputadas populares acostumbran con demasiada frecuencia a gritar, abuchear, patear el suelo y proferir toda suerte de faltas de respeto a la institución y al rival político. En el caso del Congreso, incluso, hemos presenciado insultos a otras diputadas, burlas en cuestiones como la salud mental o a Isabel Díaz Ayuso llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno desde la tribuna de invitados.  

A este agravio comparativo a la hora de reclamar silencio se suma la prohibición expresa de vestir "prendas u otros objetos susceptibles de ser utilizados para dar muestras de aprobación o desaprobación". ¿Qué daño hace una persona vistiendo una camiseta reivindicativa si no rompe el silencio? ¿Por qué al PP le irrita tanto que la ciudadanía se exprese en libre y pacíficamente?

Ahondando más en la deriva autoritaria del PP, la presidencia del Parlamento andaluz prohíbe "hacer uso del teléfono móvil y captar imágenes o sonido de la sesión plenaria". Esta medida choca frontalmente con la sentencia del Tribunal Supremo de 2015 en la que determinó que las sesiones son públicas y, como tales, pueden ser grabadas por la ciudadanía, extremos que también avala la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).  

Y así llegamos al meollo de la cuestión: lo que irrita en grado sumo al PP, lo que el moderado Moreno Bonilla no quiere ni en pintura, es dar margen a la democracia participativa. Con la reforma de este reglamento, el popular pretende blindar el modelo único de democracia representativa que tanto defiende, esto es, convocar a la ciudadanía una vez cada cuatro años y no responder ante ella ni darle voz en los cuatro siguientes. En lugar de abrir más vías de participación para que las personas se acerquen a la política y al funcionamiento de las instituciones, la derecha tiende a cerrarlas a cal y canto. Su ideal de Gobierno y actividad legislativa elimina la luz y los taquígrafos y lo mete a él directamente en una urna.

Este muro que Moreno Bonilla levanta entre él y la ciudadanía sale, incluso, al exterior del salón de plenos, pues la reforma del reglamento también contempla perimetrar su entrada y salida del salón para que nadie se acerque o dirija a él, aunque sea respetuosamente, si no es de su cuerda; huelga decir que toreros, cazadores o José Manuel Soto, seguramente, podrán posar a su lado sin que el personal encargado los aparte.

Además, en caso de que alguien del público asistente rompa estas nuevas reglas, el presidente podrá sancionar al grupo político que lo invitó y privarle de volver a abrir las puertas del pleno a la ciudadanía durante tres sesiones, lo que en realidad es un perjuicio para dicha ciudadanía, no para el partido político en cuestión. Sin embargo, todo eso le da igual al PP, pues su propósito es quitarse de en medio a todo aquel que no comulgue con sus ruedas de molino.

Es práctica habitual de los de Feijóo, que al tiempo que se alzan como defensores de la prensa libre —entre la que incluye a los agitadores de ultraderecha a los que financia—, privan a medios como Público de asistir a sus ruedas de prensa en la sede de Génova 13 o de incluir a este medio en su agenda informativa. Con este comportamiento, ver al PP aferrado a su constante hipérbole, a su narrativa falseada que retrata a España como un régimen autoritario, es tan grotesco como inmoral.