El Congreso aprueba de forma definitiva la reforma de su reglamento para sancionar a agitadores ultras

El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva, este martes, la reforma del Reglamento del Congreso para establecer una serie de infracciones y sanciones para las personas acreditadas por parte de los medios de comunicación que se salten en la cámara unas normas mínimas de convivencia.  Los partidos del bloque de investidura decidieron acometer la modificación para salir al paso de las continuas faltas de respeto, tal y como especifican en la exposición de motivos de la propia reforma, de agitadores ultras como Vito Quiles.

La reforma está avalada —es, de hecho, su reclamación— por asociaciones periodísticas como la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), que integra tanto en su junta directiva como entre sus integrantes a periodistas de periódicos, televisiones y radios de espectros ideológicos muy distintos. También por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o por el Sindicato de Periodistas.

Como explicó Público en esta pieza, la acción de este tipo de agitadores se enmarca en el contexto de unas prácticas de la ultraderecha que ponen en peligro el derecho de los ciudadanos a una información veraz, reconocido en la Constitución. 

En concreto, los agitadores del Congreso, tal y como lo ha definido el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu —en la misma línea que el resto de partidos del bloque—, se dedican a hacer "activismo" increpando a veces incluso a periodistas. "No estamos hablando de periodistas que hacen su labor, sino de los que utilizan una acreditación en el Congreso para reventar la normalidad institucional y para esparcir el odio a los diferentes". El propio Iñarritu ha recordado que algunos de esos agitadores acudieron a Torre Pacheco como manifestantes.

Tanto el Partido Popular como Vox han insistido en la idea de que el Gobierno trata de censurar a medios hostiles, a pesar de que en ningún momento la reforma incluye sanciones por el tipo de preguntas que se formulan ni mucho menos por ideología. Gabriel Rufián (ERC), en referencia a figuras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, ha subrayado que "no son periodistas porque un periodista que no incomoda a todas las fuerzas políticas no espera información, sino que espera órdenes de esta gente [en referencia a Vox]". Y, con la mirada puesta en la bancada popular, ha advertido a los de Alberto Núñez Feijóo de que "algún día" su objetivo, además de la izquierda, pasará a ser el PP.

¿En qué consiste la reforma?

Las infracciones que contemplará el Reglamento a partir del martes día 22 de julio se dividirán entre leves, graves y muy graves. Las primeras tendrán que ver, sobre todo, con el acceso a espacios restringidos de la Cámara o a la omisión de información a la hora de solicitar la credencial. Las graves se refieren, entre otras cosas, a la grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara, la interrupción de las ruedas de prensa —una de las acciones más habituales de Quiles o Ndongo— u otros comportamientos "que perjudiquen la actividad de la Cámara" o el trabajo de los medios.

En el apartado de las faltas muy graves, por último, se incluyen desde la grabación de imágenes y audios con dispositivos ocultos, hasta proferir insultos dentro del Congreso. Además, se especifica que cometer dos infracciones de las consideradas graves se considerará una infracción muy grave.

Las infracciones leves se sancionarán, tal y como reza el texto de la reforma, con un "apercibimiento" y, en su caso, "suspensión de la credencial" por un tiempo de diez días. En cuanto a las graves, esa suspensión irá de los once  días a los tres meses. En el caso de que se cometa una infracción muy grave, dependiendo del tipo que sea y de su gravedad, la suspensión irá de los tres meses y un día a los tres años o, incluso, podrá comportar "la revocación definitiva de la credencial".

La reforma también contempla la creación de un "consejo consultivo" compuesto por un diputado de cada grupo parlamentario y con representación de "los colectivos profesionales en el ámbito de la información". De todas formas, será la Mesa de la Cámara el órgano encargado del procedimiento sancionador. Una vez se decida imponer una sanción, el consejo consultivo antes citado dispondrá de un plazo de 15 días para intervenir en el proceso. Transcurrido ese tiempo, corresponderá a la Mesa la decisión definitiva.

Además, la pasada semana se introdujo una enmienda sugerida por los servicios jurídicos de la Cámara Baja que incorpora un tiempo de prescripción para las infracciones.

Un Congreso con lenguaje más inclusivo

Pero esta no es la única reforma del Reglamento del Congreso que se ha tramitado. También ha salido adelante otra para hacer más inclusivo el lenguaje que se utiliza dentro de la cámara. Así, en los documentos internos de la institución se dejará de utilizar la fórmula "Congreso de los Diputados" para denominar a la Cámara Baja simplemente "Congreso". En la Constitución y en el frontispicio del Congreso, eso sí, seguirá figurando la fórmula tradicional.

Además, se sustituirá el masculino genérico por el lenguaje inclusivo en el día a día parlamentario, de manera que se utilizará el femenino para hacer referencia a diputadas o presidentas de órganos.