Por Pilar Estébanez, miembro de La Comuna.

El año 2017 finalizó con la muerte, el 29 de diciembre, de Mohamed Bourdebala, un argelino que permanecía internado en la cárcel de Archidona por el único delito de no tener papeles de residencia en España. Las circunstancias de su muerte no están claras, y aunque en la investigación policial se ha concluido que se trató de un suicidio, hay serias dudas de que esto sea así. En primer lugar porque la investigación no ha sido todo lo exhaustiva que debería haber sido: no se tomó testimonio de los posibles testigos (internos y policías), y se ha cerrado de forma muy rápida. Tanto, que se ha pedido una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para aclarar las circunstancias de esa muerte, así como posibles violaciones de derechos humanos e ilegalidades en los CIE, donde son encerrados los extranjeros irregulares.

En segundo lugar, por el acelerado traslado y expulsión de los internos en Archidona.

Precisamente, por esta muerte, y por la situación de estas personas, los miembros de La Comuna, la asociación de represaliadas y represaliados políticos del franquismo a la que pertenezco, nos manifestamos el pasado 7 de enero frente al CIE de Madrid, para mostrar nuestra solidaridad con las personas que permanecen detenidas allí.

Lamentablemente, siguen muriendo migrantes: hace unos días siete personas que trataban de llegar en una patera a Fuerteventura murieron ahogados a pocos metros de la playa. Según parece, los tripulantes de la patera se asustaron ante la llegada de la Guardia Civil y una veintena de migrantes saltó al mar. Siete murieron ahogados, algunos ni siquiera eran adultos. Estas víctimas se suman a las más de 3.000 personas que han muerto en el Mediterráneo sólo en 2017 (posiblemente la cifra sea mucho mayor). Una tragedia que está alcanzando cotas difíciles de soportar.

Los migrantes eligen cada vez rutas más difíciles y peligrosas, según las autoridades fronterizas europeas van cerrando vías de migración. Fue un error creer que por cerrar la ruta griega, el flujo de migrantes y refugiados iba a desaparecer o disminuir. Optaron entonces por atravesar el Mediterráneo desde Libia, lo que ha costado miles de vidas y miles de rescates. La creciente colaboración de Europa con las autoridades libias y las dificultades y presiones que cada vez más se ponen a los buques de rescate financiados por organizaciones humanitarias, están volviendo a mover las rutas migratorias hacia el oeste. Ya están llegando pateras a las islas Baleares y seguramente se incrementarán de forma notable las llegadas a las islas Canarias o a través del Estrecho de Gibraltar.

Mientras tanto, muere gente. Y los que consiguen llegar, como está sucediendo en España, acaban encerrados en los CIE y expulsados, en muchos casos, de forma irregular y vulnerando las leyes internacionales. Otro caso serían las devoluciones en caliente, otra clara vulneración de las leyes que se practican de forma constante en Ceuta y Melilla.

Todas estas muertes, o al menos una parte significativa, podrían reducirse si hubiera voluntad política para ello. Si España y la Unión Europea abordaran el asunto desde una perspectiva humanitaria -humana- en lugar de represiva. No es admisible que muera tanta gente tan sólo por intentar mejorar sus condiciones de vida. No olvidemos que la mayoría de los que han muerto ahogados en el Mediterráneo o en el Atlántico llegan huyendo de la pobreza, de la violencia, de la falta de derechos, de la ausencia de libertad… Y Europa, Occidente, no son ajenos a las condiciones en las que vive la mayoría de la población del mundo.

Nuestra obligación, como parte de esa minoría del planeta que goza de la seguridad y la libertad, del bienestar y del imperio de los derechos humanos, es detener esa sangría, esa pérdida inaceptable de vidas, esa vulneración de derechos que supone el encierro y expulsión de personas que sólo tratan de sobrevivir. Nuestra obligación es tratar a nuestros semejantes como nos gustarían que nos trataran si estuviéramos en su lugar.

Es una obligación moral, pero es también una obligación legal.