Por Enrique Gómez Arnas, Presidente de Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA)

El asesinato, discrecional, de una familia al completo en noviembre de 1937 en nuestra ciudad, sólo porque sus victimarios creían que los vecinos cercanos al colegio Andrés Manjón estaban quemando una "nueva" enseña nacional, es algo que nos deja sobrecogidos, décadas después. Sería escandaloso que, en la misma lista de víctimas de la guerra, pusiéramos los nombres de esas personas y los de los perpetradores de tal crimen alevoso y miserable en el caso de que alguno de ellos hubiera tenido la desgracia de encontrarse con la bala en cualquier frente.

Es el mismo caso que el del capitán José Negrete de la Guardia Civil de Caspe que, después de asesinar a quien quiso en el pueblo, murió en enfrentamiento con las fuerzas republicanas y, según la manifiesta intención de los creadores del nuevo museo de la guerra, eso sería lo correcto. (De hecho aún sigue teniendo su nombre inscrito entre las víctimas de estos 150 de la Guardia Civil en el cuartel central de Zaragoza).

Son muchas las personas, familiares de asesinados por los golpistas del 36, que nos han manifestado su repulsa e incluso su intención de llegar a los tribunales, si se produce el que los nombres de sus deudos se pongan al mismo nivel que el de sus asesinos.

No olvidemos que muchos de los que mataron a mansalva y despiadadamente a miles de personas desarmadas e inocentes, luego encontraron a su vez la muerte en esos tres años de enfrentamientos provocados por su levantamiento militar. Nos dirán que el público objetivo para este escaparate que será el nuevo museo, no son precisamente los familiares de las víctimas del franquismo, y en eso tendrán razón.

Tras décadas de represión y silencio, las víctimas del franquismo, desde el primer fusilado del 18 de julio al último muerto por las fuerzas policiales durante la transición, fueron materia de intercambio en los acuerdos con las fuerzas gubernamentales dictatoriales.

De ahí llegó la impunidad: el Régimen no iba a negociar ninguna apertura si no se les aseguraba una garantía de total inmunidad. Así se expresó la ley de Amnistía, que sigue vigente y sin cambios, una auténtica ley de punto final a la Ibérica. Después, con una correlación de fuerzas ya ciertamente distinta, se aprobó una ley que, por no ser de discriminación positiva, no produjo más efectos en la sociedad que la ayuda para la apertura de algunas fosas... bajo petición. El Estado seguía sin asumir sus responsabilidades.

No sabemos hasta dónde llegarán los efectos de la nueva Ley de Memoria Histórica, pero la actual de Aragón no ha sido capaz, hasta el momento, de obligar a los ayuntamientos más reticentes a cumplirla en los referido a los restos franquistas que aún persisten en nuestra comunidad, sin que se haya producido sanción alguna.

El banco de ADN ha quedado reducido a un acuerdo con una entidad privada, nada que ver con el que se tenía previsto inicialmente. Hay que decir que no nos sorprende.

Desde alguna instancia oficial se nos dice que "todos fueron víctimas" y así se perpetró el engendro de Cariñena que unió los nombres de golpistas y defensores de la democracia en una operación que, privadamente, sonrojó hasta a algunos de los participantes institucionales. Con esa misma mentalidad parece ser que se va a llevar adelante el primer museo de la guerra que se va a instalar en Teruel.

Ofende que haya millones de euros para una entidad como ésta cuando quedan aún tantos restos de asesinados por recuperar, y que no haya ni siquiera, por poner un ejemplo, 100.000 euros para la prometida sede a las entidades memorialistas aragonesas.

Hay millones de personas en nuestro país que, por inacción del régimen democrático surgido tras la transición, no tienen ni idea de lo que fue la Guerra de España.

Sinceramente con este ejercicio de reparto de culpas, sin un esfuerzo pedagógico que explique cuáles fueron las raíces históricas del conflicto más allá de las viejas tesis franquistas, tampoco creemos que sirva para esclarecer nada a la ciudadanía.

Las víctimas asesinadas por un plan criminal perpetrado desde las alturas, pero llevado a cabo por miles de agentes de la ignominia, se revolverían en su tumba cuando por mor de una malentendida "reconciliación" vean su nombre y el de su asesino unidos para siempre en un monumento a la hipocresía que no merece nuestra sociedad.

Durante decenios los muertos del "Glorioso Alzamiento Nacional" dispusieron de homenajes, gabelas y premios, mientras los supervivientes de la matanza debían callar y soportar todo tipo de vejaciones y calamidades y sus muertos seguían ocultos en cunetas.

A la llegada de la democracia se mantuvo la impunidad y el olvido continuó. El esfuerzo de las asociaciones ha llevado a los gobiernos progresistas (o ,al menos, moderados) a conseguir logros en materia memorialista, aún muy lejos de la labor que queda por hacer y que es responsabilidad estatal.

Este museo es un ejercicio de confusión: no se puede equiparar a los que murieron rompiendo la convivencia democrática con los que lo hicieron defendiéndola.

Hoy volvemos a escuchar en muchos foros políticos que el Gobierno no tiene "legitimidad", como se dijo del Frente Popular cuando ganó las elecciones de 1936. Los neofascistas salen de su escondite y presionan a la derecha "democrática" para que extreme sus posiciones, y lo están logrando.

Si a la impunidad, al olvido y la falta de pedagogía, añadimos esta ceremonia de la confusión que sería la creación de un museo con las características que se nos anuncian, no haremos más que ahondar en los errores que nos han llevado la situación actual.

Ojalá no tengamos que arrepentirnos.

No todos los nombres son iguales: los años no cambian los hechos.

Dulcificar y blanquear un pasado como el que tuvimos, no ayuda a prevenir el que tales hechos no se repitan en el futuro.

Verdad, justicia y reparación y un deseo: garantía de no repetición.

Contemos lo que pasó, tal como fue, sin miedo a la historia, quizás eso nos ayude a no repetirla.