La posición europea ante la escalada bélica en Irán revela, una vez más, las tensiones estructurales que atraviesan la acción exterior de la Unión Europea. Dependencia de Estados Unidos, divergencias internas y una dificultad persistente para articular una voz propia en materia de seguridad internacional. Bajo la aparente simplicidad de la frase "esta no es nuestra guerra" se esconden múltiples capas de significado, intereses y cálculos estratégicos que evidencian una Europa lejos de ser un actor geopolítico cohesionado. 

Esa afirmación no es neutra ni unívoca. Para algunos Estados miembros expresa una priorización estratégica, para otros una reivindicación normativa y para una mayoría una forma de evitar una implicación directa en un conflicto que perciben como ajeno. Pero en todos los casos emerge una cuestión de fondo que la UE no puede seguir esquivando y que no es otra que la necesidad (o no) de reforzar un discurso garantista del derecho internacional y de los derechos humanos como base de su acción exterior, algo que salió a la palestra tras el polémico discurso de Von der Leyen. 

En primer lugar, para un grupo relevante de países, afirmar que esta no es "nuestra guerra" no implica necesariamente una condena frontal a la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán. Más bien refleja una jerarquización de prioridades donde el conflicto en Ucrania se sitúa en el centro. Para Polonia, los Estados bálticos o Rumanía, la guerra en Ucrania es una amenaza directa a su seguridad nacional y, por tanto, cualquier desviación de recursos hacia otro escenario supone un riesgo estratégico. 

Desde esta perspectiva, lo determinante no es tanto la naturaleza del ataque sobre Irán, aunque pueda ser problemático desde el punto de vista del derecho internacional, sino sus consecuencias sobre el esfuerzo militar y financiero destinado a Ucrania. Existe una preocupación clara por la sostenibilidad del apoyo occidental a Kiev. Todo lo que distraiga recursos, atención política o compromiso estadounidense puede, desde su perspectiva, debilitar la posición ucraniana y poner en riesgo su propia seguridad.  

Esta lógica explica decisiones como la cesión por parte de Rumanía de infraestructuras estratégicas como la base de Mihail Kogalniceanu en el Mar Negro para el uso de Estados Unidos. No se trata necesariamente de una adhesión ideológica plena a la intervención en Irán, sino de una apuesta por mantener a Estados Unidos firmemente implicado en la seguridad europea. Para estos países, la prioridad es evitar cualquier señal de retraimiento estadounidense en el continente, así como la de cualquier flexibilización en las relaciones con Moscú, i.e. importación de gas y petróleo. 

Sin embargo, esta posición revela una tensión profunda. Al no cuestionar de forma clara una intervención que muchos consideran una guerra de elección, se debilita el discurso europeo basado en normas, legalidad internacional y respeto a la soberanía. La UE corre el riesgo de aplicar un doble rasero que erosiona su credibilidad global. Defender el derecho internacional en Ucrania y relativizarlo en otros escenarios socava la coherencia de su acción exterior. 

Frente a esta lógica emerge con mayor claridad una segunda posición, más explícita y cada vez más articulada, liderada por Pedro Sánchez. En este caso, la afirmación de que no es "nuestra guerra" no se fundamenta en una cuestión de prioridades estratégicas sino en un posicionamiento político y normativo. Se trata de una crítica directa a la intervención de Estados Unidos e Israel y de una defensa activa del derecho internacional, la soberanía de los Estados y la centralidad de los derechos humanos. 

Esta posición introduce un elemento esencial que está ganando peso en el debate europeo. La necesidad de construir una autonomía estratégica que no sea únicamente militar o industrial, sino también política y normativa. La UE no puede aspirar a ser un actor global si no es capaz de definir de manera autónoma cuándo y cómo se implica en los conflictos internacionales, y bajo qué principios lo hace. 

En este sentido, el liderazgo de Pedro Sánchez resulta cada vez más relevante. No solo por la claridad de su posicionamiento frente a la intervención en Irán, sino por su insistencia en que la política exterior europea debe anclarse en un enfoque garantista del derecho internacional y los derechos humanos que permita ganar credibilidad a la propia UE. Este liderazgo no se limita a la crítica, sino que busca reconfigurar el marco de actuación europeo, desplazándolo desde la dependencia hacia una mayor capacidad de decisión propia, como se observa en las propuestas energéticas centradas en la transición verde como alternativa a la crisis que ya está aquí. 

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La reivindicación de la autonomía estratégica europea adquiere aquí un contenido más concreto. No se trata únicamente de reducir dependencias en materia de defensa, sino de dotar a Europa de una voz propia capaz de sostener posiciones incluso cuando divergen de las de sus aliados tradicionales. La credibilidad europea depende en gran medida de su coherencia y de su capacidad para aplicar los mismos principios en todos los contextos. 

Aun así, esta visión se enfrenta a importantes resistencias. La estructura de seguridad europea sigue profundamente vinculada a Estados Unidos y la falta de consenso entre los Estados miembros limita la posibilidad de adoptar posiciones comunes firmes. Sin embargo, el hecho de que esta postura gane visibilidad indica un cambio progresivo en el equilibrio interno de la UE. 

Entre estas dos posiciones se sitúa una mayoría de Estados que, sin querer implicarse en la guerra en Irán, adoptan posturas más ambiguas. Comparten la voluntad de evitar la escalada, pero sus motivaciones son diversas. Algunos temen las consecuencias económicas de una mayor inestabilidad en Oriente Medio, otros el impacto en la seguridad regional y otros responden a presiones de política interna. 

Esta diversidad de intereses dificulta la construcción de una narrativa común, pero no elimina la necesidad de definir un marco compartido de actuación. Europa no puede limitarse a una posición reactiva o evasiva. La reiteración de que "esta no es nuestra guerra" no puede sustituir a una estrategia clara basada en principios y objetivos definidos. En este contexto, el fortalecimiento de un discurso garantista del derecho internacional y los derechos humanos se convierte en un elemento central. No solo como una cuestión ética, sino como una herramienta de legitimidad y de proyección global. La Unión Europea ha construido históricamente su identidad como un actor normativo y esa identidad solo puede sostenerse si existe coherencia entre el discurso y la práctica. 

La crisis en Irán pone de manifiesto que esa coherencia está en juego. La capacidad de Europa para condenar vulneraciones del derecho internacional debe ser independiente del actor que las cometa. De lo contrario, su posición se percibirá como selectiva y, por tanto, menos creíble. Así, se puede optar por seguir gestionando sus contradicciones de manera fragmentada, priorizando intereses inmediatos y evitando conflictos internos, o puede avanzar hacia una mayor integración política que le permita actuar con coherencia y autonomía. En todo caso este debate está lejos de cerrarse y, por el momento, el respeto al derecho internacional y la centralidad de los derechos humanos no están en la lista de prioridades activa de una buena parte de los Estados miembros.  

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En ausencia de este avance, la frase "esta no es nuestra guerra" seguirá siendo una fórmula útil para evitar decisiones difíciles. Pero también será el síntoma de una Europa que, ante los grandes conflictos internacionales, continúa atrapada entre su vocación normativa y sus limitaciones geopolíticas.