La nueva mayoría PPE–ultraderecha ya gobierna Bruselas

La reciente votación en el Parlamento Europeo sobre la llamada Directiva Ómnibus de Simplificación, marca un punto de inflexión que va mucho más allá de lo estrictamente regulatorio. Lo que está en juego no es únicamente el futuro del Pacto Verde, sino la propia configuración de poder en el corazón institucional de la Unión Europea. La mayoría que ha permitido sacar adelante este paquete legislativo no es coyuntural sino que es el anticipo de la coalición política que marcará el rumbo europeo hasta 2029. Una coalición que normaliza a la extrema derecha como socio estable del Partido Popular Europeo (PPE) y que anuncia un giro desregulador de gran calado para los próximos cuatro años.  

Conviene situar esta votación en un contexto más amplio. Tras las elecciones europeas, el Parlamento ha quedado fragmentado, con una socialdemocracia debilitada y unos liberales en retroceso, mientras las fuerzas de extrema derecha, en todas sus variantes euroescépticas y euroreformistas, se consolidan como actores imprescindibles. En este escenario, el PPE, lejos de apostar por la reconstrucción del tradicional bloque proeuropeo (socialdemócratas y liberales), ha optado por tender puentes con aquellos que, hasta hace poco, cuestionaban la propia arquitectura comunitaria. La Directiva Ómnibus es, en este sentido, la primera gran señal de una reconfiguración de mayorías que ya se venía ensayando desde la pasada legislatura, pero que ahora adquiere un carácter estructural.

El desmantelamiento del Pacto Verde  

Desde su lanzamiento, el European Green Deal se estableció como el proyecto más ambicioso de transformación económica y ecológica de la UE desde su fundación. Sin embargo, también se convirtió rápidamente en el blanco de múltiples presiones procedentes de la industria agroalimentaria, del sector automovilístico, de las patronales energéticas y de los gobiernos que veían en estas obligaciones climáticas una amenaza para sus intereses nacionales a corto plazo.

La Directiva Ómnibus se presenta bajo el habitual disfraz tecnocrático de la "simplificación administrativa" y la "reducción de cargas regulatorias". Pero lo que hace, en la práctica, es desactivar mecanismos clave que sustentaban la arquitectura normativa del Pacto Verde. Se flexibilizan requisitos ambientales, se amplían excepciones para sectores intensivos en emisiones, se limitan obligaciones de reporte y se introducen procedimientos que facilitan retrasos y bloqueos en la implementación de normas climáticas.

Esta operación no es nueva. En los últimos meses ya habíamos asistido a la retirada o dilución de propuestas como la Ley de Agricultura Sostenible, la reducción de químicos o la restauración de ecosistemas. Pero la Directiva Ómnibus va más allá porque no toca una norma concreta, sino que reordena el sistema entero para hacerlo más permeable a la presión de grupos de interés y más opaco a la ciudadanía. Es la institucionalización del retroceso. Y lo es en un momento en el que los datos sobre cambio climático no permiten ni un solo paso atrás.

La nueva mayoría: PPE + extrema derecha  

El elemento más relevante de esta votación no reside, sin embargo, en el contenido de la directiva, sin duda muy grave, sino en la mayoría política que la respalda. La alianza entre el PPE, los Conservadores y Reformistas (ECR) y la extrema derecha agrupada en Identidad y Democracia (ID) deja de ser coyuntural para convertirse en mayoría operativa.

Esta consolidación tiene implicaciones profundas. En primer lugar, el desplazamiento del eje político europeo, donde se observa ya de manera muy clara cómo el tradicional entendimiento entre populares, socialdemócratas y liberales que había sostenido el proyecto europeo desde Maastricht está seriamente erosionado. La gran coalición clásica proeuropea ya no articula el centro del sistema; lo hace ahora un bloque conservador-nacionalista que comparte una visión productivista y desreguladora. En segundo lugar, la normalización de la extrema derecha como actor de gobierno europeo desdibuja, a marchas forzadas, las líneas de fractura que separaban a las derechas convencionales de quienes cuestionaban valores democráticos, derechos fundamentales o la arquitectura europea, y ahí el PPE traspasa todas las fronteras con el objetivo de garantizarse una mayoría más estable y menos dependiente de fuerzas progresistas. Seguro que esto les suena. 

La última tendencia que refleja esta votación es la de marcar un nuevo patrón de gobernanza para este periodo hasta 2029. La coalición Venezuela ya se expande a cuestiones centrales y todo apunta a que esta aritmética será la base para futuras decisiones en materia migratoria, industrial, presupuestaria y de seguridad. La Directiva Ómnibus es solo el primer test, después vendrán otros en los que se confirmará este realineamiento.

La paradoja europea: desregular para proteger el statu quo económico  

Detrás del discurso de la simplificación normativa se esconde una visión del proyecto europeo profundamente distinta a la que ha ganado hegemonía desde 2019. Se trata de una UE menos reguladora, menos ambiciosa en materia social y ecológica, y más volcada en asegurar competitividad a corto plazo incluso a costa de erosionar bienes públicos fundamentales.

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Esta tendencia conecta con la ofensiva que, desde varios gobiernos y lobbies, se ha articulado contra la llamada "sobrerregulación" europea. Pero conviene preguntarse: ¿qué significa realmente desregular? Significa, sencillamente, transferir capacidad de decisión desde lo público hacia actores económicos con poder estructural. Desregular no es hacer un sistema más eficiente; es debilitar los instrumentos democráticos para orientar la transición ecológica y económica. Y en el contexto del cambio climático, esta renuncia no es neutra, beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría.

Paradójicamente, mientras Estados Unidos y China lideran la transición industrial con fuertes inversiones públicas y normativas dirigidas, Europa opta por vaciar de contenido su propia estrategia de transformación. La Directiva Ómnibus revela esta autolimitación: la UE parece más preocupada por no incomodar a determinados sectores que por garantizar su resiliencia futura.

El precio político del giro conservador  

El PPE calcula que este viraje le permite recuperar electorado perdido hacia la extrema derecha, presentarse como garante de estabilidad y marcar agenda frente a unos liberales debilitados. Pero el precio es elevado. Primero, porque rompe los equilibrios internos que durante décadas permitieron avances en derechos, medio ambiente y cohesión. Segundo, porque refuerza el discurso euroescéptico de aquellos que ven en Bruselas un obstáculo para sus proyectos nacionales, puesto que, al asumir sus marcos, los populares normalizan esa narrativa. Y tercero, porque deja a las fuerzas progresistas sin capacidad de influencia significativa en un momento en que la transición ecológica y digital exige justamente más ambición, no menos.

Hacia un cambio de ciclo europeo  

La Directiva Ómnibus no es simplemente un texto legislativo, sino que es la primera piedra del nuevo ciclo político europeo. Un ciclo marcado por la consolidación del bloque conservador-ultraderecha y por un retroceso sistémico del Pacto Verde. Lo que se está definiendo en Bruselas no es solo cómo se regularán los próximos cuatro años, sino qué tipo de Unión Europea tendremos después de 2029 que, desde luego, apuntala las hipótesis que plantean que el avance en la construcción de la Europa geopolítica pasará por encima de los criterios democráticos y de los sistemas de derechos y libertades.

En todo caso, la cuestión de fondo tiene que ver con la capacidad de reorganización del resto de fuerzas políticas, progresistas, ecologistas o federalistas, para articular una respuesta común capaz de frenar una deriva desreguladora que cuenta con poderosos aliados no sólo globalmente, sino también sentados en el Consejo Europeo. Lo que está en juego no es solo una directiva. Es la orientación estratégica de Europa en un momento decisivo para su futuro político y climático.