Nuevo Gobierno: La pugna entre dos desenlaces

Antonio Antón

Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Asistimos a una amplia escenificación sobre la conformación de un nuevo Gobierno, sin una hegemonía clara. La realidad es compleja, con una nueva recomposición de los equilibrios representativos del sistema político, con el avance de las fuerzas partidaria de un cambio sustantivo y la resistencia del bipartidismo a ceder. Hay que distinguir los hechos y tendencias de la simple teatralización, aunque ésta es utilizada por los distintos actores para intentar su mayor legitimación, desactivar al adversario y condicionar a la gente.

Para la mayoría social, al igual que para el poder establecido, el resultado de este proceso es crucial: se ventila la posibilidad de un gobierno de progreso o de continuidad, de avanzar en un giro socioeconómico progresista y una mayor democratización o consolidar una dinámica de bloqueo en las imprescindibles reformas sociales, económicas e institucionales. Igualmente, es evidente su impacto en el marco europeo y en el devenir de las distintas fuerzas sociales y políticas. Por tanto, aunque es difícil comprobar lo real de la máscara, faltan por comprobar muchos hechos tras las bambalinas y el proceso no está todavía maduro y puede dar sorpresas, podemos aventurar algunos análisis e hipótesis sobre el desarrollo de esta función de la configuración del nuevo Gobierno y sus posibles desenlaces.

La experiencia española, tras los resultados de las elecciones, primero municipales y autonómicas y después las generales del 20D, expresa una oportunidad para un cambio sustancial y la posibilidad de conformar un Gobierno de progreso. Deriva del fuerte desgaste de las fuerzas continuistas –PP- y un reequilibrio entre las fuerzas progresistas, con un PSOE, descendente, y un Podemos, ascendente, casi en la paridad representativa (superada con la adicción del electorado de IU-Unidad Popular).

No obstante, las fuerzas partidarias de un cambio sustantivo todavía no cuentan con un respaldo representativo suficiente para tener un papel institucional hegemónico y aplicar su proyecto programático. Se mantiene cierto empate e inestabilidad entre tres dinámicas: continuismo (PP), incluyendo cierta renovación (Ciudadanos), cambio limitado (PSOE), cambio sustancial (Podemos y aliados, IU-Unidad Popular). Aparte están las distintas fuerzas nacionalistas. Cada proyecto por separado no tiene suficiente apoyo ciudadano y parlamentario. Las opciones fundamentales son dos: pacto de las dos primeras, total o parcial; acuerdo entre las dos últimas.

Una vez renunciado Rajoy y el PP, el PSOE tampoco tiene suficientes apoyos directos para aplicar su proyecto programático y de liderazgo. Trata de dar la apariencia de que los puede conseguir haciendo que, al menos, parte de su derecha y su izquierda se muevan hacia él, reforzando su programa y hegemonía. La cuestión sustantiva es qué camino prioriza en la negociación de un compromiso ‘intermedio’, con su derecha o con su izquierda. Hay aspectos cruciales incompatibles. Básicamente, son dos. El primero, el sentido igualitario y solidario de la política socioeconómica: a favor de las mayorías sociales y la igualdad o del poder económico y financiero y la continuidad de la austeridad con precarización e incertidumbre social. El segundo, la orientación democratizadora y garantista de las reformas constitucionales y territoriales: de avance o no en la democratización, con una fuerte regeneración política y de consulta y participación popular ante los conflictos existentes, así como plenas garantías para los derechos sociolaborales. Aunque, al mismo tiempo, sea posible adoptar medidas en un sentido y en otro, según los campos, lo que no es compatible es priorizar y profundizar en una dirección (de cambio real y progreso) y la contraria (de continuismo de fondo con la consolidación de la subordinación popular).

La primera decisión del Partido Socialista debería ser sobre el tipo de proyecto: continuismo renovado, con cambios limitados y retóricos; o cambio sustantivo, aunque negociado y compartido. La segunda decisión, vinculada y simultánea con la primera, debería ser la de la gestión y el liderazgo, ambos necesariamente compartidos. Su calculada ambigüedad y el rechazo desmedido a la propuesta de Podemos de compartir el proyecto y la gestión, señala la inclinación por lo primero. La dirección socialista y Pedro Sánchez, si quieren confirmar su apuesta por el cambio, solo en la segunda opción tienen garantía de un cumplimiento significativo de su programa, así como un papel privilegiado para la presidencia del gobierno; la condición es admitir compartir la gestión con Podemos de un proyecto intermedio auténticamente negociado. Desechada esa opción, por las presiones internas y del poder económico y europeo, la realidad les devuelve a la opción de un acuerdo mínimo a tres, con Ciudadanos y, de forma implícita o explícita, con el PP. Pero ello sería admitir los límites de sus convicciones de reforma progresiva y aceptar una posición más subordinada para Pedro Sánchez (que solo podría aspirar a reafirmarse como líder del propio PSOE) y su equipo, así como el carácter social-liberal, de cambio limitado, de su proyecto político y económico.

Por tanto, una vez fracasada la investidura de Sánchez, cuyo balance y responsabilidad pretenden adjudicar a Podemos y no a su limitada representatividad y la ausencia de un compromiso real de cambio, se abriría de nuevo otra posibilidad: el pacto de estabilidad de las tres fuerzas del orden económico y constitucional. Así pues, entre bambalinas distintos actores van moviendo ficha en torno al último intento para aceptar entre ellos una solución simbólica sobre la presidencia del Gobierno sin vencedores ni vencidos, es decir, sin Rajoy y sin Sánchez. Se abre la veda a la búsqueda de una tercera persona (más afín a unos o a otros, con más carácter político o tecnocrático), con su equipo correspondiente, ‘responsable’ y consensuado con los que mandan. Y las quinielas ya han empezado, bajo el manto de la estabilidad, la responsabilidad de Estado y el consenso liberal-conservador-socialdemócrata, es decir, con la neutralización total de un cambio significativo derivado de un gobierno de progreso con un papel significativo de Podemos.

En la primera opción se disputa agriamente la hegemonía entre el liderazgo del PP y Rajoy (aislado y fracasado) y el del PSOE y Sánchez, con su deseo de acompañamiento de Ciudadanos, que no le da un aval completo si no es con el consentimiento del PP. La segunda opción de gobierno de progreso con Podemos, sus aliados e IU-Unidad Popular, está rechazada por el PSOE, con el pretexto del acuerdo prioritario con Ciudadanos. Como cobertura justificativa, frente a la exigencia de Podemos de proporcionalidad de la gestión y un programa intermedio o compartido pero de cambio real, la dirección socialista le emplaza a su incorporación subordinada a su proyecto programático y de gestión, es decir, de cambio limitado o continuismo renovado susceptible de apoyo por Ciudadanos, aunque solo con ellos sea impracticable.

El proyecto resultante de cada opción, su programa y sus equipos, son distintos e incompatibles. Dada la prepotencia de la dirección socialista de coartar el acercamiento a Podemos, es difícil que admita una posición equilibrada con ellos para un gobierno de progreso. Es el sentido de su exigencia previa de definición del proyecto y el equipo que no ha explicitado oficialmente el PSOE, aunque queda cada vez más clara su finalidad de frenar a Podemos y al cambio sustantivo. Su prioridad por el acuerdo con Ciudadanos indica una falta de determinación y valor político para encarar un proceso de transformación significativo, un reforzamiento de las bases sociales progresistas y una renovación y autonomía del propio proyecto socialista. Para todo ello necesitaría a Podemos, y es a lo que le ponen el veto sus barones y el poder establecido.

Por tanto, la penúltima opción que se dibuja es la de nuevas elecciones generales, con la probabilidad de repetir similares resultados, pero con el cálculo (y el temor) de cada cual de mejorarlos. Estaríamos ante una prolongada campaña electoral con el objetivo de cada fuerza política de sacar ventaja comparativa. La escenificación de las actuales propuestas y negociaciones tendrían esa función instrumental. Conseguir, con una buena escenificación, mayor legitimidad relativa que el resto de fuerzas y colocarse en mejor posición electoral.

El desenlace de esta encrucijada incluye la expectativa de consolidar una opción u otra o, bien, la recomposición política derivada de unas posibles nuevas elecciones generales en España. La realidad representativa puede variar poco, pero tendría un gran valor simbólico en qué dirección avanza. Y para el poder establecido es mejor no correr el riesgo de que se amplíe el campo del cambio real. A no ser que consiga neutralizar y desgastar a Podemos, su apuesta clara pero de dudoso éxito. De ahí las nuevas maniobras para un Gobierno de consenso de un bipartidismo renovado.

De confirmarse esa alianza de bloqueo al cambio demandado por la mayoría de la gente, conseguiría frenar a corto plazo la dinámica de cambio político e institucional, a costa de la prolongación del sufrimiento popular. Pero a medio plazo esa situación podría generar una mayor oposición popular y una contundente exigencia de cambio. Después de la caída del telón de esta primera función sobre el tipo de orientación y composición gubernamental, se levantará el siguiente. En todo caso, el resultado de mayor freno institucional al cambio real, social y democratizador, va a exigir una readecuación estratégica de las fuerzas alternativas y de progreso. Junto con la mejora del trabajo institucional y de representación política, el nuevo énfasis deberá ser el incremento del arraigo con la gente, la articulación de sus demandas y el estímulo a un fuerte movimiento popular con el horizonte de impedir la involución social y democrática e impulsar el camino transformador hacia una democracia social avanzada en el marco europeo. La pugna por un cambio real, por un desenlace de progreso, continúa.