Tras la firma del acuerdo de paz en el balneario de Sharm-el-Sheik, en Egipto, se puso fin, aunque de manera provisional, a los dos años de hostilidades en la Franja de Gaza. Este pacto, que podría definirse más acertadamente como una tregua, fue impulsado por la administración estadounidense liderada por Donald Trump y contó con la presencia de una veintena de mandatarios de todo el mundo. Entre ellos, España destacó por su papel protagonista, liderando el proceso de reconocimiento diplomático de Palestina, que actualmente suma el apoyo de 157 estados nacionales.  

Tal y como ha expresado el Presidente Pedro Sánchez, es fundamental que las personas que han desempeñado un papel principal en el genocidio perpetrado en Gaza sean llevadas ante la justicia. Este principio no solo responde a una exigencia moral y política, sino que se encuentra respaldado por el avance de los actuales procedimientos judiciales internacionales que buscan esclarecer y juzgar los crímenes cometidos en la región. Estos procesos se encuentran en marcha en La Haya, Países Bajos, y están relacionados con el Consejo de Seguridad en la sede en Nueva York de la ONU, ante el cual tuve ocasión de intervenir el pasado 19 de agosto, así como con el reciente dictamen de la comisión investigadora del Consejo de Derechos Humanos en la sede en Ginebra de la ONU.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ ), es la principal instancia judicial de las Naciones Unidas y su estatuto está recogido en la Carta fundacional suscrita en San Francisco que dio origen a las Naciones Unidas en 1945. Todos los Estados miembros de la ONU son automáticamente - según el artículo 93.1º de la Carta de Naciones Unidas- miembros de la Corte, incluidos por supuesto Israel y EEUU. Es importante tener claro que la Corte no enjuicia a individuos, sino únicamente a Estados soberanos, además de emitir opiniones consultivas sobre diversas cuestiones a solicitud, principalmente, de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de la ONU.

El 29 de diciembre de 2023 la Republica de Sudáfrica, con el peso moral del padecimiento durante décadas del régimen racista del "apartheid", inició un procedimiento en La Haya contra el Estado de Israel por violación de varios preceptos de la "Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio" suscrita en 1948.

Hay que tener presente que, paradójicamente, esta convención fue instituida en base al recuerdo de las atrocidades del régimen nacionalsocialista en Alemania (1933-1945 ) y en particular el asesinato en Europa de más de seis millones de judíos, además de gitanos y otras etnias minoritarias, prisioneros de guerra y oponentes políticos en campos de exterminio como Treblinka, Mauthausen, Sobibor o Auschwitz.

Israel, a diferencia de lo que sucede con la causa que se sigue en el Tribunal Penal Internacional (TPI), sí ha comparecido oficialmente y se ha personado a todos los efectos en este proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, han intervenido con extensas alegaciones, de forma presencial y con el acompañamiento de abundante documentación, para defenderse vehementemente de las afirmaciones contenidas en el escrito de acusación presentado por Sudáfrica.

Un panel de quince jueces de diferentes nacionalidades, más dos jueces "ad hoc" en representación respectivamente de Sudáfrica e Israel, tomarán una decisión que será inapelable y de obligado cumplimiento para las partes (art. 94.1º de la Carta de Naciones Unidas). De momento, la Corte Internacional de Justicia ha dictado varias tandas de medidas cautelares, a petición de Sudáfrica, tras considerar "plausible" la comisión del delito de genocidio. No existen precedentes conocidos en la jurisprudencia de la Corte - con casi ocho décadas de existencia - de la afirmación de que es "plausible" que un Estado soberano este cometiendo un delito de genocidio.

La aprobación de las medidas cautelares al Estado de Israel se produjo en votaciones de quince a dos y dieciseis a uno a favor de su imposición. Estos significativos datos - sin prejuzgar la decisión final de la Corte - nos dan una idea del ánimo actual en el Palacio de la Paz de La Haya, que es la sede desde 1946 de esta instancia judicial internacional.

Paralelamente, en otro emplazamiento de La Haya, el moderno edificio ICC de la Oude Waalsdorperger, se desarrolla un proceso en el Tribunal Penal Internacional. Esta instancia judicial es mucho más reciente, se constituye en 1998 con la firma del Estatuto de Roma, y no es un organismo oficial del sistema de Naciones Unidas. Pero el hecho de que su estatuto esté suscrito por 125 Estados nacionales - Hungría y las juntas militares de Burkina Fasso, Mali y Niger han anunciado recientemente su retirada - unido a los preceptos ( art. 2º y art.16º del  Estatuto de Roma) que vinculan sus actuaciones con el Consejo de Seguridad de la ONU, lo convierten en un actor determinante. Los ex jefes de Estado, líderes políticos y militares (Filipinas, Congo, República Centroafricana, etc.) que se alojan en la anexa prisión holandesa de Scheveningen pueden dar testimonio al respecto. El Tribunal Penal Internacional, a diferencia de la Corte, está orientado a juzgar principalmente la responsabilidad criminal de individuos, no la de Estados nacionales.

El Tribunal Penal Internacional, a través de una solicitud oficial de la Fiscalía ratificada por una Sala de Cuestiones Preliminares, acordó emitir en noviembre de 2024 órdenes internacionales de arresto contra Mohammed Diab, líder militar de Hamás, el Primer Ministro de Israel Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa israelí Yoav Galant.

Tras constatar en febrero 2025 el fallecimiento de máximo dirigente militar de Hamás, Mohammed Diab, el Tribunal canceló su orden de detención. Estados Unidos no es parte actual del Tribunal Penal Internacional y diversos altos funcionarios del mismo fueron objeto de sanciones por la Casa Blanca al inicio del mandato del presidente Trump. Sin embargo, el dictamen del 16 de septiembre de 2025 por la "Comisión Internacional Independiente de investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados", creada por acuerdo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expuesto por la Presidenta de la Comisión, Navi Pillay, en el Palacio de las Naciones  en Ginebra ( Suiza), afirmando que estaba probado que "Israel ha cometido y continua cometiendo un delito de genocidio contra el pueblo palestino", ha reforzado notablemente el peso del expediente contra los encausados israelís.

El Tribunal Penal Internacional no puede juzgar a individuos en ausencia pero la amplitud de los Estados miembros del mismo es una espada de Damocles sobre los encausados. Una prueba gráfica es la decisión del Primer Ministro israelí Netanyahu de evitar sobrevolar en su viaje en septiembre a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de la ONU -donde la mayoría de delegaciones abandonarían la sala a su llegada- el espacio aéreo de varios países firmantes del Estatuto de Roma. Si por una avería técnica su avión se hubiese desviado de su ruta o realizase una escala imprevista en alguno de los 125 Estados miembros - como Francia, Canadá o España - es altamente probable que hubiese dormido esa noche en compañía del expresidente filipino Rodrigo Duterte y de varios ex líderes políticos y militares africanos en las celdas de Scheveningen.

El previsible futuro de estos procedimientos judiciales es muy diferente a día de hoy. Los encausados por el Tribunal Penal Internacional podrían evitar indefinidamente su procesamiento realizando solo viajes estrictamente imprescindibles y a Estados no miembros del Estatuto de Roma - como los citados Estados Unidos - y viviendo recluidos en las fronteras de Israel. Pero a medida que los años pasen su situación personal se volverá más delicada. Un posible cambio de gobierno en Washington - con una Casa Blanca demócrata en 2028 o en 2032 - podría traer un cambio de política y la ratificación del Estatuto de Roma.

Hay que recordar que, a pesar de las sanciones vigentes, los EEUU simplemente no han ratificado el texto del tratado pero sí que se han incorporado en el pasado al mismo. El Presidente Bill Clinton accedió a integrar a EEUU en enero de 2001 en el TPI en base a la necesidad, según el comunicado oficial de la Casa Blanca, de "que se procese judicialmente a los que cometen genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad". Estas palabras adquieren ominosa resonancia para los actuales encausados - los israelíes Netanyahu y Galant - cuando se constata que estos son los tres cargos principales que se dirimen en su contra en La Haya.

La situación en la Corte Internacional de Justicia es aun mucho más oscura para los intereses de Israel. No existe vía de escape a una sentencia - absolutoria o condenatoria - que tiene todos los indicios de ser histórica, sobre la posible comisión en la Franja de Gaza del delito de genocidio. Ningún país desde la entrada en funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia en 1946 ha padecido ese oprobio internacional. Israel puede anunciar, como ya han sugerido varios de sus ministros en la actual coalición gubernamental, que no acatará ni reconocerá la sentencia del máximo órgano judicial de Naciones Unidas.

El que Israel esté personado oficialmente en el proceso y participando activamente (se le ha concedido incluso su solicitud de una ampliación de plazo para su defensa), será extremadamente contradictorio y deslegitimador ante la comunidad internacional de un posible no reconocimiento de la futura sentencia, la cual tendrá un impacto jurídico, político y mediático sin precedentes a nivel mundial. Una sentencia que podría ser dictada con el aval de más del 90% de los jueces de la Corte - a tenor de las votaciones en 2024 de las medidas cautelares - y sustentada, entre otras fuentes, con las evidencias recopiladas en la Franja de Gaza durante las labores humanitarias de varias agencias de Naciones Unidas, realizadas a pesar del asesinato de 280 de sus funcionarios.

Los exhaustivos y aterradores informes oficiales - desde muerte por inanición de bebés hasta ataques sistemáticos contra los repartos de alimentos - emitidos desde la UNRWA, UNICEF o la Organización Mundial de la Salud, así como por la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Ocupados, la italiana Francesca Albanese, e incorporados a petición de Sudáfrica y otros Estados litigantes en el sumario en la Corte Internacional de Justicia, están levantando un arsenal probatorio que no parece dejar margen a futuros cuestionamientos. Las polémicas declaraciones, rechazadas de plano por los partidos opositores así como el empresariado israelí, del Primer Ministro Netanyahu y su entorno hablando de la conversión del Estado hebreo en una "nueva Esparta", parecieran ser anticipatorias de una posible condena en La Haya.

A principios de noviembre de 1945 -hará ochenta años- en el Palacio de Justicia de Nuremberg se iniciaban por el Tribunal Militar Internacional compuesto por magistrados de EEUU, Unión Soviética, Francia y el Reino Unido en una demostración práctica de la cooperación internacional - predecesora de la CIJ y el TPI -  los procesos destinados a la búsqueda de justicia y reparación de las víctimas del nazismo y el fascismo en Europa. Los crímenes que se están juzgando estos días en La Haya solo tienen precedentes en los juicios acontecidos en Nuremberg debido a la gravedad extrema de sus tipos penales, crímenes de guerra y contra la humanidad, así como el delito de genocidio, y su amplitud excepcional:  según datos respaldados por las agencias de la ONU, son al menos 67.000 muertos y alrededor de 170.000 heridos sobre una población estimada de 2.200.000 personas. Todo ello sumado a una hambruna inducida y al desplazamiento forzoso de dos millones de personas durante los dos años del conflicto. Sin olvidar por supuesto a las víctimas israelíes cifradas en cerca de 1.200 muertos y los más de 3.400 heridos por los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023.

El veredicto final en Nuremberg condujo a doce oficiales de alto rango del régimen nazi condenados a ser ejecutados en la horca, siete a penas de prisión en la cárcel berlinesa de Spandau y tres fueron absueltos. Nuremberg fue y sigue siendo en este 2025 una referencia inexcusable para afrontar la justicia penal internacional. Las imágenes de Gaza después de dos años de intensos ataques militares del ejército israelí, incluidos hospitales y centros de la UNRWA - la agencia de la ONU para los refugiados palestinos - así como el bloqueo al acceso de alimentos, recuerdan a las de Varsovia en 1944 o al Sarajevo de 1995. Es importante transmitir que el - bienvenido e imprescindible - fin de las hostilidades en modo alguno suponen el decaimiento de los procesos judiciales en curso en La Haya. Los ideólogos y autores de los atroces crímenes cometidos en la Franja de Gaza - Estados e individuos - no escaparán de sus responsabilidades ante la justicia internacional. Los relojes que presiden las salas de audiencias del neorrenacentista Palacio de La Paz y del futurista edificio ICC de la Oude Waalsdorperger en La Haya avanzan inexorables hacia la hora de unas sentencias que marcaran un hito tanto en la jurisprudencia como en la historia.