Cuando el odio es profesión

Tras la reciente victoria de Lula Silva en Brasil, la izquierda española ha tomado nota para tratar de vencer al algoritmo que, por lo general, beneficia en redes sociales al discurso de odio de las derechas. Expertos en tecnología, como Marcelino Madrigal, ha divulgado consejos para conseguir un mayor impacto en las publicaciones que se realizan en estas plataformas (ver imagen inferior). Sin embargo, la realidad es que el odio continúa siendo muy rentable, tal y como revela el último Índice Global de Desinformación (GDI, por sus siglas en inglés). 

Aunque la última edición de GDI se centra en contenido generado en inglés, las conclusiones generales bien pueden aplicarse a nuestro país con publicaciones en español. GDI no sólo destapa la desinformación, sino que además analiza los ingresos que este contenido tóxico genera a plataformas como YouTube.

Analizando en los primeros ocho meses del año un centenar de canales de YouTube que publican contenido clasificado como discurso de odio, GDI estimó que esos vídeos generarán cerca de 13,3 millones de dólares, de los cuales la plataforma (propiedad de Google) se quedará con unos 6 millones. En esencia es la profesionalización del odio, cobrar por propagar racismo, discriminación, homofobia, machismo…

El informe es demoledor y arroja luz sobre por qué este tipo de plataformas son tan laxas a la hora de moderar este contenido tan dañino: perderían mucho dinero. Según explica GDI, por cada dólar destinado a publicidad, YouTube se queda con 45 céntimos. De este modo, si uno de estos canales con discurso de odio es capaz de facturar al año 2,2 millones de dólares -y es muy capaz-, Google se embolsa en torno a 1 millón y el creador 1,2 millones de dólares. En el caso de los vídeos cortos (Shorts), el reparto es inverso, de modo que YouTube se queda con 55 centavos de cada dólar asignado a los creadores, y el creador recibe 45 centavos.

A la cabeza de los mensajes de odio se encuentran aquellos que ponen en la diana al colectivo migrante, en especial cuando son musulmanes o de raza negra. No es único grupo social al que atacan, como demuestra los frecuentes mensajes de odio contra personas LGBTQIA+. Sin ir más lejos, un podcast de Reino Unido presentaba a las personas transgénero como potenciales perpetradores de tiroteos masivos.

Sabedores de que cada vez más personas se informan a través de las redes sociales en lugar de recurrir a los periódicos, los creadores difunden su odio en programas en los que comentan la actualidad. Según detalla GDI, la narrativa tóxica que resulta más rentable a los creadores es la racista, antiinmigración e islamófoba; le siguen los mensajes contra el colectivo LGBTQIA+ (como los lanzados por el youtuber Iñaki Angulo contra el futbolista Héctor Bellerín) y retórica de supremacía blanca. Todos esos vídeos facturan más que cualquier contenido no clasificado como discurso de odio.

Los analistas de GDI revisaron manualmente 200 vídeos de los 20 canales más vistos de su muestra y encontraron que 79 de ellos incorporaban discursos de odio, es decir, en casi un 40% de los casos. Esta toxicidad va desde la teoría conspiranoica del Gran Reemplazo, a ataques islamófobos a representantes políticos o afirmaciones de que las personas racializadas no son civilizadas. En el total de canales revisados, GDI detectó discursos de odio en el 63% de los vídeos publicados entre enero y agosto de 2026, de casi 19.300 vídeos etiquetados.

Los más sorprendente de todo no es que la autorregulación de las plataformas haga aguas por todas partes; de eso, en realidad, ya nos han dado sobradas pruebas. Estas redes sociales son capaces de hacer la vista gorda, incluso, a sus propias Normas de la Comunidad, si con ello hacen caja. Lo lamentable es la ausencia de los reguladores y gobiernos ante este bombardeo masivo de odio. 

Esta misma semana, gracias a una investigación de la Fundación Maldita.es, se han destapado más de mil vídeos de abuso sexual infantil en TikTok, superando 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos. El escándalo ha sido tan mayúsculo que el Gobierno El Gobierno ha deslizado la posibilidad de paralizar los servicios de TikTok en España.

Volviendo al caso de YouTube, ¿dónde está la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea? Es una de las cuestiones que GDI pone encima de la mesa, indicando que, conforme al artículo 67, la Comisión Europea debería preguntar con qué frecuencia YouTube aplica su cláusula de reincidencia cuántos canales ha desmonetizado o cerrado en virtud de ella y por qué no se han cerrado los canales mencionados en este informe. Deberían cundir actuaciones como la llevada a cabo con el cierre del canal de Daniel Esteve de Desokupa. 

La cuestión de la desmonetización de estos vídeos se antoja insuficiente. En ocasiones se presenta como una vía para no caer en la censura de contenido; dicho de otro modo, el creador sigue publicando pero ya no ve un euro por ello. Si bien es verdad que esta medida desincentiva a los creadores tóxicos, continúa permitiendo la difusión de odio, algo que no debería estar permitido. Además y esto todavía es más perverso, abre la puerta a que dado que el contenido permanece en internet, su creador no cobra sus 55 dólares por dólar y es YouTube que hace el agosto con el 100% de los ingresos por publicidad.

Asimismo, otros de los hechos que GDI reprocha a la UE es que no exija a YouTube la presentación de sus informes por idioma, contemplando las eliminaciones, la desmonetización y la precisión de la moderación. Este es un punto particularmente interesante, porque la moderación automática de la plataforma funciona mucho mejor en inglés que en otros idiomas. De este modo, cabe pensar que si en la lengua de Shakespeare el resultado es tan nefasto, en español u otros idiomas será fatal. El impacto no es menor, considerando que en la UE existen 462 millones de usuarios registrados en YouTube.