La verdad es la primera víctima de la guerra. Esa certeza ya la expresaron los clásicos griegos hace dos milenios y medio por su experiencia en la lucha contra el imperio persa. Con la actual militarización europea la podemos validar, con todos los parabienes oficiales.

Solo han pasado unos días desde la gran puesta en escena sobre el rearme europeo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con su plan financiero de ochocientos mil millones de euros, cuando esa gran realidad militarista ha pasado a llamarse por la propia Comisión de otra forma, ‘Preparados 2030’, más ambigua y genérica, a iniciativa del presidente socialista español Pedro Sánchez y la presidenta ultra italiana Giorgia Meloni. Además, se asocia a la estrategia de la ‘Agenda 2030’ de la ONU contra la desigualdad social, la corrupción y la crisis climática y por la paz y el desarrollo sostenible, idea que odia la ultraderecha y que anda renqueante.

La amenaza de guerra no sería inmediata, ya que se está negociando una tregua, sino en diferido, para dentro de cinco años, según algunos servicios de seguridad que calculan que es lo que necesitaría Rusia para atacar a la UE, simple especulación para generar miedo y avalar el rearme generalizado.

Por otro lado, ese gran importe se divide en dos partes. Una, de 150.000 millones de euros, menos de la quinta parte del total, financiada por un fondo de seguridad europeo (SAFE), en el que la palabra seguridad sustituye a la de rearme. Estaría condicionado a la utilización de proveedores europeos, es decir, al servicio del avance en la autonomía estratégica europea.

Otra parte, de 650.000 millones, más del 80% del total, para financiar por cada Estado particular a cargo de sus presupuestos respectivos, pero de opción inversora libre, o sea, pudiendo seguir comprando armamento a EEUU, necesidad imperiosa por las prisas del rearme. La cuestión es que, hasta ahora, el 60% de las compras de armamento se realizan a EEUU, y si le sumamos el segundo proveedor -Israel-, llegan a dos tercios de armamento extranjero, con la continuidad de la subordinación política y técnica de su uso.

En conclusión, el plan de rearme, ahora llamado de seguridad, no resuelve la autonomía estratégica europea, ni la reindustrialización, ni la innovación en I+D. El plan financiero de la UE sólo exige ese 20% de procedencia comunitaria, cuando ahora ya lo es de un tercio. Se trasladan recursos desde la economía civil y la inversión social hacia la economía militar. El incremento del gasto militar se hace en detrimento del gasto social, medioambiental o productivo, cuando existen profundos déficits. En este ciclo histórico, habría que definir el objetivo estratégico, el para qué de esta ofensiva armamentística, sin suficiente legitimidad cívica.

Las prioridades cívicas no son el rearme, son la protección pública.

Ante semejante prioridad militarista de la UE, con la perplejidad y la oposición cívica en varios países, especialmente del sur europeo, en un día se ha cambiado el nombre del plan y se quiere matizar su contenido, ampliando el significado de seguridad.

Incluso, en el caso español, parece que se pretende dar cobertura a la ‘contabilidad creativa’, para incorporar al gasto en defensa partidas que hasta ahora, para frenar la crítica pacifista, figuraban en otros ministerios y así subir -contablemente- en torno a medio punto el porcentaje del PIB desde el 1,2% actual, con lo que se necesitaría menor esfuerzo de nuevos recursos presupuestarios para alcanzar el comprometido 2% del PIB.

Se trata de partidas de gasto sobre la Guardia Civil, pensiones a militares, Protección Civil, CNI, ciberseguridad, I+D e inversión industrial y tecnológica de doble uso civil/militar…, que ahora cabrían bajo el paraguas de ‘seguridad’, con el permiso pendiente de la OTAN y la UE. Se añade a utilización para la defensa de partidas no ejecutadas de otros ministerios. Todo ello sin necesidad de aprobación parlamentaria, solo por el Consejo de Ministros.

No obstante, los dirigentes europeos no se desdicen de la función principal del rearme y su incremento presupuestario: aumentar las capacidades disuasorias y de defensa ante la -sobredimensionada- amenaza existencial que supondría Rusia, agravada por la supuesta desprotección militar de la Administración Trump y la OTAN.

Pero ello sigue chocando con las prioridades de la población española y europea. Se acaba de publicar el Eurobarómetro el Parlamento Europeo. Señalo los datos, con hasta tres respuestas, de España y los comparo con los de la UE (entre paréntesis), en porcentaje:

• Educación e investigación: 40 (23)

• Competitividad, economía e industria: 30 (32)

• Seguridad alimentaria y agricultura: 26 (25)

• Valores de la UE, como la democracia y los derechos humanos: 24 (21)

• DEFENSA Y SEGURIDAD: 20 (36)

• Demografía, migración y envejecimiento: 19 (16)

• Independencia energética, recursos e infraestructuras: 18 (27)

Luego, con menos del 20% en cada ámbito, se sitúan aspectos como Acción climática y reducción de las emisiones, Comercio internacional, Tecnología e innovación (IA), Relaciones exteriores y diplomacia, Cultura, Ampliación de la UE y relaciones con países vecinos, El euro.

La radiografía de las sociedades española y europea está clara, considerando los datos más relevantes. En la media europea la mayor prioridad individualizada es la defensa y seguridad, 36%, pero solo para poco más de un tercio de la población. Si sumamos las prioridades económicas, llegan al 84%; las sociales, al 39%, y las político-ideológicas, al 21%.

En el caso de España, las prioridades económicas suman el 74%; las sociales, el 59%, con una preocupación máxima para la educación; las político-ideológicas, 24%, y la defensa y seguridad se queda en el 20%. O sea, solo una minoría de una quinta parte de la población avalaría esa prioridad del rearme o la seguridad militar.

Esa realidad de la actitud de la sociedad contrasta con otro dato, cuya reinterpretación a favor del rearme ha sido la que más se ha divulgado: el 72% de la población española (el 66% de la europea), considera que el papel de la Unión Europea debería ser más importante para ‘proteger a sus ciudadanos frente a las crisis mundiales y los riesgos de seguridad’.

Pero, aquí se mezcla la protección pública y la seguridad social, vital y medioambiental, de la orientación pacifista y de izquierdas, con la seguridad militar y, en todo caso, el sometimiento a un orden social e internacional de las oligarquías y tendencias imperiales.

La primera trayectoria constituye la tradición del modelo social europeo y democrático de derecho, con la prioridad del Estado de bienestar, la democracia y la cooperación, que en estas décadas ha mantenido el apoyo de entre dos tercios y el 80% de la población, y últimamente cuestionada por la ofensiva ultraliberal y reaccionaria.

La segunda es la actual estrategia militarista y autoritaria, con tensiones y reequilibrios entre superpotencias, con dos apuestas. Una, dada la hegemonía liberal-conservadora y el ascenso ultraderechista, la opción neoliberal y antisocial para una salida regresiva de la prolongada crisis socioeconómica, de casi dos décadas, solo paliada parcialmente, con profundas brechas sociales y desafección política. Otra, ante el ascenso multipolar, la pugna por la primacía mundial, que comparten las élites estadounidenses y europeas, frente a su declive.

Pero tienen un profundo problema de legitimidad pública, de distanciamiento con la actitud cívica mayoritaria, democrática y de progreso, frente a la involución autoritaria. De ahí los esfuerzos comunicativos, con la tergiversación del sentido del plan de rearme, camuflado bajo la seguridad -social- o la protección -pública-. Una de las principales tareas democráticas es restablecer la verdad, la confianza popular y el contrato social con la ciudadanía. Veremos si las élites dirigentes están a la altura.