Desde inicios del siglo XXI el debate sobre la justicia del impuesto sobre el patrimonio ha estado presente tanto en el ámbito político y el académico, como en el social. En gran medida porque durante las últimas décadas se ha dado una gran concentración de la riqueza entre las personas más ricas de la población. En Estados Unidos, por ejemplo, la riqueza que posee el 0,0001% de los estadounidenses más ricos -18 personas con más de 50.000 millones de dólares de riqueza en 2021- se ha multiplicado por diez desde 1982, año en el que Forbes empezó a publicar datos sobre las personas más ricas. Si analizamos lo ocurrido en el Estado español, observamos que el número de contribuyentes con patrimonios superiores a los 30 millones de euros ha incrementado, según la propia Agencia Tributaria, un 105,7 % desde el año 2011 al año 2020. Para más inri, y tal y como afirman dos de los economistas que más han estudiado la evolución histórica de la riqueza, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, la concentración de la riqueza ha aumentado especialmente rápido durante la pandemia de la Covid-19.

Ha quedado ampliamente evidenciado mediante diversos análisis históricos que la paulatina eliminación del impuesto sobre el patrimonio deriva de acciones políticas premeditadas y con objetivos claros. Las múltiples exenciones y las facilidades establecidas para la elusión y la evasión fiscal han tenido como resultado que la base imponible que grava este impuesto se haya reducido drásticamente, socavando el impuesto hasta conseguir su eliminación en gran parte del continente europeo.

Así, poco a poco, ha ido derribándose una de las grandes máximas que existía a ambos lados del Atlántico durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial: si bien la política impositiva es una herramienta de la más elemental justicia social, de garantía de igualdad de oportunidades y de dinamismo económico, ésta también debe ser un mecanismo para evitar la concentración extrema de la riqueza, tan dañina para la democracia y la libertad de la mayoría.

Con el objetivo de garantizar dicha máxima, en el Reino Unido, por ejemplo, se mantuvo desde la década de los 40 hasta la llegada de Margaret Thatcher a finales de los 70 una tasa marginal máxima sobre la renta de las personas en niveles superiores al 90 % -llegando al 98 % para ser exactos-. En Estados Unidos, por su parte, Roosevelt consigue establecer un impuesto sobre la renta del 94 % para rentas por encima de los 200.000 dólares -unos tres millones y medio de dólares actuales-. Impuestos cuasiconfiscatorios que se mantendrían durante décadas incluso bajo las administraciones republicanas de Eisenhower, Nixon o Ford hasta que en 1981 Reagan activó y modernizó la retórica antimpuestos del sur prebélico. Dichas ideas en favor del Gobierno pequeño, defendidas por distintas Sociedades y Fundaciones conservadoras, impregnaron el pensamiento dominante y aún hoy prevalecen en gran parte de la sociedad azuzada por “gurús económicos” a sueldo y políticos que solo buscan la supervivencia personal.

El populismo fiscal de Ayuso ha conseguido imponerse en el Partido Popular. Incluso en Moreno Bonilla, “el moderado”, que venía a gobernar para todos y todas, quien en el día de ayer anunció la bonificación del 100 % en el impuesto sobre el patrimonio. Hasta ahora la Comunidad de Madrid es la única en la que se perdona dicho impuesto. La bonificación existente en la Comunidad de Madrid es una paguita a 18.226 de los madrileños más ricos, es decir, al 0,17 % de la población madrileña, que le sale muy cara al resto de la ciudadanía. Exactamente, la factura les cuesta 992 millones de euros al 99,83 % de los madrileños y las madrileñas que no tienen un patrimonio superior a los dos millones de euros.

Aunque, bien mirado, no solo a madrileños y madrileñas. El informe Inheritance Taxation in OECD Countries, publicado en 2022 por la OCDE, acusaba a la Comunidad de Madrid de ser un paraíso fiscal interno dentro del Estado español, hasta el punto en que en cinco años el patrimonio que reside en Madrid ha aumentado un 10% en relación con otras regiones. De hecho, en 2021 se refugiaban en Madrid cincuenta de las cien personas más ricas de España. Habrá a quien le parezca correcto que el 1,6 % del territorio, con el 14,3 % de la población y el 19,2 % del PIB, acoja al 50% de los multimillonarios, pero es innegable que los beneficios fiscales y las bonificaciones que la Comunidad de Madrid ofrece a las personas ricas tienen como resultado que, tal y como afirmaba el informe recientemente citado de la OCDE, “las personas ricas se trasladen en masa a Madrid”.

Y no ponemos el grito en el cielo. Que se lleven la pasta a las Islas Vírgenes, a las Islas Caimán, a Bermudas o a Luxemburgo con el objetivo de no pagar impuestos, sin embargo, parece que nos jode más. Pero la consecuencia es la misma: las personas más ricas, con total impunidad, utilizando la competencia fiscal entre territorios para pagar menos de lo que deberían por sus enormes fortunas.

Si eres andaluz o andaluza a lo mejor crees que estás de enhorabuena porque Moreno Bonilla va a bonificar el 100 % del impuesto sobre el patrimonio. Y puede ser que lo estés. Siempre y cuando tu tribu sea la de los casi 17.000 contribuyentes que declaran un patrimonio superior a los 700.000 euros. Si tu patrimonio no supera los 700.000 euros, por el contrario, saldrás perjudicado. ¿Por qué? Porque si esta bonificación hubiera estado en vigor el año pasado, la Junta de Andalucía hubiera dejado de ingresar 109,7 millones de euros por parte del 0,20 % más rico de Andalucía. Es decir, que el 99,8 % restante tendríais que tapar el agujero que provoca esta medida económica en beneficio del 0,20 % más rico. O, si no lo cubrís vosotros, lo sufrirán los servicios públicos andaluces como la sanidad, la educación o las políticas sociales que, lamentablemente, contarán con una menor financiación. A no ser, claro, que la Junta de Andalucía le diga al Gobierno de España que le dé más dinero porque no le llega con lo que recauda. Si es así, los contribuyentes del territorio común español estarán financiando la paguita de Moreno Bonilla a 17.000 ricos andaluces.

En definitiva, y para no liarme más. Unos 109 millones de euros como regalo al 0,20 % andaluz más rico y que alguien tendrá que pagar: o la mayoría social (andaluza o española) o los servicios públicos. Hagan sus apuestas. Aunque, a fin de cuentas, a nadie le puede resultar extraño. Porque Moreno Bonilla, “el moderado”, no venía a gobernar para todos y todas, sino para el 0,20 %. ¿Para qué sirve, pues, una concentración extrema de la riqueza si no es para influir en la política gubernamental?