El revuelo que se ha generado por la inspección de trabajo realizada de manera coordinada en las llamadas Big Four, esto es, las cuatro grandes consultoras (Deloitte, PwC, EY y KPMG), con objeto de comprobar el cumplimiento de las jornadas laborales y las horas extraordinarias. En un país como España, en el que precisamente la jornada laboral es la que absorbe mayor número de multas por abuso -en 2022 casi 14 millones de euros en sanciones y alrededor de 113.000 trabajadores y trabajadoras afectados-, la pregunta es evidente: ¿Qué clase de empresariado tenemos?

Sucedió el pasado 15 de noviembre. Inspección de Trabajo (ITSS) realizó una actuación coordinada en las cuatro consultoras y no tardaron las voces en hablar de "redada". ¿Qué temor existe? ¿Por qué esa actitud defensiva si se cumple con la ley? El problema, claro está, es que no se cumple. Hasta la llegada de Yolanda Díaz al Ministerio de Trabajo, estos incumplimientos eran un secreto a voces; ahora podrán materializarse al fin en sanciones, cortándose de raíz. Esa es, al menos, la intención, sin filtrar las inspecciones por tamaño o influencia que pueda tener la empresa.

Pueden adjudicarse muchos calificativos, desde injustificable a incomprensible, pasando por ruin, pero de todos ellos, que la misma Asociación Española de empresas de Consultoría (AEC) solicitara en abril de 2022 que el convenio recogiera turnos de 12 horas es triste e inadmisible. Que la patronal en la que se engloban estas Big Four fomente los abusos en lugar de velar por que no se produzcan da una idea muy clara de lo que se está cociendo en sus fogones. En aquellas negociaciones de convenio, incluso, CCOO llegó a denunciar que la AEC proponía que las jornadas de sábado no tuvieran compensación alguna.

Tal y como revelaba El Confidencial, buena parte de los despachos de abogados han comenzado a sudar frío después de esta macroinspección, temiendo que como abran el melón, irán cayendo todos uno a uno. Constatar esta realidad de un empresariado carroñero y unos trabajadores y trabajadoras explotadas es descorazonador; que haya tardado tanto tiempo en que un titular de Trabajo tenga el coraje para afrontarlo, terrible.

No sorprende, pues, que la CEOE ponga el grito en el cielo cuando Díaz y los sindicatos se inclinan por que la ITSS evalúe los expedientes de ERE. Esta alarma enmascarada de indignación delata que no se está actuando precisamente de acuerdo a la legalidad. De otro modo y como apunta la propia ministra, "¿cuál es el problema de que la Inspección examine los ERE si todo se hace bien?"

Por otro lado, si Díaz pretende mantener esta línea, que sin duda es la correcta, haría bien en dotar a la ITSS de los recursos necesarios, algo que a la luz de lo manifestado por sus trabajadores y trabajadoras no sucede. Sería un error de Perogrullo no aprovechar la coyuntura para reencauzar nuestro mercado laboral que ha terminado derivando en un país de explotados y explotadas: el Gobierno está por la labor, las personas que trabajan van cobrando conciencia de la necesidad de denunciar y no plegarse a este régimen de semiesclavitud y la propia ITSS está deseando poner orden, siempre y cuando cuente con los medios precisos.

Se puede intentar, pero es un puro acto de fe: aferrarse al mantra de que es el empresariado quien genera riqueza es falaz pues buena parte de él lo que alumbra es todo lo contrario: pobreza, miseria, explotación. Para confiar en alguien, lo primero que ha de hacerse es dar alguna prueba de ser merecedor de tal confianza o, al menos, no espantarla. Eso no es remar en la misma dirección para hacer un país mejor. La CEOE no ha dado un solo motivo para pensar que actúa honestamente con quienes son imprescindibles para su existencia, es decir, los trabajadores y trabajadoras. No sucede a la inversa, donde el régimen cooperativista, lanzado el órdago, da sopas con honda a Antonio Garamendi y los suyos.