La “biblia” revisionista sobre el Valle de los Caídos miente y manipula sistemáticamente

Por Luis A. Ruiz Casero, historiador y arqueólogo

La pasada primavera se desarrolló, entre cierto revuelo mediático, la primera intervención arqueológica sobre los restos de los destacamentos penales de Cuelgamuros, en la que tuve el honor de participar. Las excavaciones se ejecutaron bajo la dirección de Alfredo González Ruibal (Instituto de Ciencias del Patrimonio-CSIC), y formaron parte de una ambiciosa iniciativa de resignificación del espacio emprendida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Una y otra vez, desde posiciones ultraconservadoras, se trató de desautorizar al proyecto. Una de las acusaciones más repetidas fue la de la inutilidad de la intervención, pues ya “se sabía todo sobre los trabajadores del Valle”. El arma que se esgrimió una y otra vez desde dichas posiciones fue la tesis doctoral de Alberto Bárcena Pérez, defendida en la Universidad San Pablo CEU en 2012 y editada tres años después bajo el título “Los presos del Valle de los Caídos”. El libro fue remitido por la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos a un centenar de diputados del Congreso en 2018, y fue ondeado desde la tribuna por el exministro Fernández Díaz durante el debate sobre la exhumación de Franco como argumento definitivo en contra de la iniciativa parlamentaria.

A lo largo del proceso de documentación previa a la intervención arqueológica he tenido la oportunidad de comprobar lo frágil del argumentario del doctor Bárcena. Nos aproximamos a su obra libres de prejuicios, dispuestos a emplearlo como una herramienta válida para nuestro trabajo. Pero su voluminosa tesis resultó, en primer lugar, decepcionante. Una simple ojeada a su índice permite ver que solo pasada la mitad del volumen comienza el autor a tratar el asunto concreto que le da título, “La redención de penas en el Valle de los Caídos”. El resto es, en su mayor parte, una crítica furibunda y extemporánea contra la administración de Zapatero y la Ley de Memoria Histórica. Pero tampoco el núcleo de la tesis resiste un análisis riguroso. Aparece repleto de falacias, tautologías, manipulaciones y medias verdades, cuando no de mentiras evidentes. Trataré de sintetizar los casos más flagrantes en 4 puntos:

1. Extrapola datos sobre trabajadores libres a la población penada. El centro de la argumentación de Bárcena es que los presos de Cuelgamuros vivieron allí una existencia plácida, casi vacacional en algunos momentos. Pues bien, no presenta ni una sola evidencia primaria que apoye el argumento. Los ejemplos que aporta para hablar de las bondades de las condiciones de vida en los destacamentos penales se refieren, íntegramente, a los trabajadores libres. A la hora de analizar los datos que presenta hay que tener en cuenta que, a lo largo de las dos décadas de obras en el Valle, los presos que redimían allí su pena solo estuvieron presentes entre mayo-junio de 1943 y marzo-abril de 1950, compartiendo trabajo con los empleados libres de los contratistas San Román, Banús, Molán y Rodríguez. Tener presentes estas fechas resulta fundamental a la hora de desmantelar el argumentario de Bárcena. La totalidad de las solicitudes de viviendas familiares que aporta es posterior a la salida de los penados. Pone ejemplos de la libertad con la que se movían “presos y familias” citando documentación de mediados y finales de 1950, cuando ya no había presos. Afirma que a muchos presos del Valle se les privilegió con el acceso a viviendas protegidas en Madrid, pero en el momento en el que estas se asignaron hacía ya dos años que habían acabado las obras, y 11 desde que no había penados en el Valle. El único testimonio que avala que se regalasen casas a presos es el de los frailes de la abadía, llegados en 1958, que confunden a los penados con trabajadores que siempre fueron libres o presos que habían redimido totalmente su condena casi una década antes. Menciona, como prueba de las bondades de las condiciones de vida en los destacamentos, que “la expulsión era la amenaza que el Regidor solía utilizar para establecer medidas de orden interno”, pero se refiere a la época posterior a la disolución de los mismos, cuando la totalidad de la población era libre. El doctor Bárcena es deliberadamente ambiguo al hablar de “trabajadores” que llevaban a vivir a sus familias al Valle, cambiaban de vivienda a voluntad, que recibían pisos en Madrid… No los identifica como libres o penados, pero aplica sistemáticamente sus conclusiones a estos últimos.

2. Ignora cuestiones básicas sobre el funcionamiento de los destacamentos penales y el sistema represivo franquista. En su tesis, el doctor Bárcena afirma lo siguiente: “Se construyeron, según refleja la documentación, los siguientes poblados: el de la Entrada, el Central, el del Monasterio, y el de la Cripta, que también recibían el nombre de las empresas constructoras; Molán, Banús, San Román, etc.”. Esa frase revela un desconocimiento garrafal sobre los destacamentos de Cuelgamuros. Nunca fueron más de tres: San Román, Banús y Molán. Los obreros vivían en dormitorios colectivos, de mampostería y ladrillo los de los trabajadores libres, y de madera, angostos y mal aislados, los de los presos. Afirma que los pabellones de mampostería se construyeron para alojar a los penados, lo cual, a tenor de la documentación y planimetrías del Archivo General de Palacio, es totalmente falso. Tampoco se reemplazaron en ningún momento los barracones de madera por otros de ladrillo. Las viviendas individuales con cocina que se proyectaron siempre fueron escasísimas, y limitadas a los jefes y capataces de la obra. Más adelante, como pudimos comprobar sobre el terreno, se construyeron pequeñas infraviviendas, en su aplastante mayoría para las familias del personal libre, y por su propia iniciativa. También ignora el autor, voluntariamente o no, las mecánicas legales del Régimen que imperaron en Cuelgamuros: existían “destinos”, presos escogidos con responsabilidades, que cobraban pluses regulados, tal y como recogen las memorias anuales del patronato de Redención de Penas, que Bárcena cita pero ignora su contenido. Los incentivos para presos no eran particulares de Cuelgamuros, sino que se aplicaban, según la ley, a todos los establecimientos penales de la España franquista. Atribuye todas las extinciones de pena a la redención mediante el trabajo en el monumento, ignorando los sucesivos indultos de la dictadura. Una y otra vez menciona que los presos preferían estar en los destacamentos del Valle a permanecer en la prisión, lo cual es una argumentación falaz: las condiciones del Valle no eran deseables en sí mismas, sino preferibles a las inhumanas que, según la historiografía, imperaban en las prisiones.

3. Manipula datos y cifras. Hace tiempo que la historiografía que el propio Bárcena define como “crítica con el Valle” cuestiona, por excesiva, la cifra de 20.000 penados empleados en las obras. Rebajarla hasta el absurdo es un empeño, ya antiguo, de los autoproclamados “defensores del Valle”, y el doctor Bárcena se apunta sin complejos a esa tendencia. En sus conclusiones da credibilidad a las versiones de que por las obras pasaron un máximo de entre 515 y 800 presos. Es una aseveración sorprendente, que entra en contradicción con los propios datos que él maneja, las fuentes oficiales y la historiografía publicada hasta el momento. Solo con sumar el número máximo de penados de las cuatro contratas en diferentes momentos se alcanza un mínimo de 815 presos. Y eso sin tener en cuenta la gran movilidad penal característica del franquismo, con continuas altas, bajas y traslados. En cualquier caso, los datos numéricos que se presentan son calificados de “incuestionables”, cuando en las propias fuentes oficiales hay contradicciones y series incompletas. Las cifras que aporta de lesionados en el trabajo son previas a la entrada de los presos, lo que no le impide sacar conclusiones sobre estos últimos. Sobre el número de accidentes mortales, retrasa el primero a 1948, sin tratar de aclarar si la víctima fue libre o penada. Albergamos serias dudas sobre si la afirmación de la fuente citada se refiere al primer trabajador libre muerto en las obras, o incluso del primero de que tiene constancia su viuda.

4. Emplea fuentes manifiestamente dudosas, o desautoriza testimonios que a continuación utiliza. Una y otra vez se repite la acusación contra los “críticos con el Valle” de que mienten y manipulan, pero se vale sistemáticamente de los testimonios de las dos obras “clásicas” publicadas tras la muerte de Franco, los ensayos de Daniel Sueiro y Fernando Olmeda. Cita al arquitecto Diego Méndez como fuente autorizada para hablar de los muertos del Valle, pero su llegada coincidió con la supresión de los destacamentos penales. También da credibilidad sobre cifras globales al “último preso“ de Cuelgamuros, Miguel Rodríguez, que solo estuvo destacado allí desde fines de 1947. A la hora de hablar de casos concretos de penados que disfrutaron de las plácidas condiciones de vida en el Valle, continúan los falseamientos y las medias verdades. El médico que más tiempo permaneció al frente del dispensario de Cuelgamuros fue el doctor Lausín, que solo desempeñó su cargo como penado entre 1944 y 1948. Bárcena no aporta ninguna prueba de que fuese en esa época cuando se le permitía salir del recinto los domingos. El predecesor de Lausín en el cargo, Carlos Mingote Eguiagaray, murió en 1944, tal y como puede leerse en el acta del COMNC número 25, custodiada en el AGA. Es, por tanto, falso que desempeñase un cargo directivo en el destacamento en 1948, como afirma Bárcena. Ni Juan Solomando, ni Leonardo García, ni Justo Roldán eran ya penados cuando trabajaron en supuestos destinos privilegiados, sino que habían cumplido sus condenas tiempo atrás. El caso de este último, apodado “el Matacuras”, es el más reiteradamente mencionado por el doctor Bárcena como ejemplo de la falta de rencor hacia quienes habían cometido crímenes horribles durante la guerra civil, pues terminó trabajando como llavero de la abadía. Lo que no menciona Bárcena es que, a pesar de su apodo, Roldán nunca fue condenado por asesinato, y menos de sacerdote alguno. En su sentencia se le acusa de pertenecer al comité del Frente Popular de Pinto, y de haber estado implicado en la detención de tres derechistas que fueron posteriormente asesinados.

No es este el marco para desmontar otras argumentaciones del doctor Bárcena. Los mencionados ejemplos de la mala praxis historiográfica en la que el doctor Bárcena incurre en su obra son eso, ejemplos. No son los únicos, ni, en muchos casos, los más reprochables. Bastan, sin embargo, para cuestionar sólidamente su argumentación, que conduce a unas conclusiones carentes de validez. La metodología de Bárcena, como apuntaron superficialmente Paul Preston, Ángel Viñas o Francisco Espinosa, invierte la secuencia lógica de una investigación histórica, partiendo de unas conclusiones absolutas que trata de apuntalar retorciendo una documentación primaria que se resiste, obstinada, a sustentar lo que afirma.