Patricia Páez (@Patty_Paez09)

La marcha multitudinaria de migrantes en condición irregular en París para pedir su regularización muestra que, a pesar de todo, la solidaridad persiste.

“Llevo en Francia ya 15 años. ¿Estoy aquí por qué? No consigo tener papeles. Queremos integrarnos a la sociedad. Francia necesita mano de obra y nosotros queremos trabajar… Si tú no tienes papeles no puedes integrarte a la sociedad”, recitaba a la prensa un migrante mostrando por lo menos siete tarjetas de residencia temporales sucesivas. Ni el coronavirus, ni la policía, ni el altísimo riesgo de ser atrapados y expulsados detuvo a los migrantes “sin papeles” que se manifestaron el sábado pasado en París. La jornada terminaría con 92 detenidos a quienes, según sus abogados defensores, se les ha ordenado la expulsión.

Fueron más de 5.500 de migrantes, así como 195 organizaciones pro-migración, las que se reunieron para reclamar la regularización de los personas en condición irregular en territorio francés. La convocatoria se realizó a pesar de que la Prefectura de París prohibió la manifestación días antes a través de un comunicado apelando las medidas sanitarias frente a la covid-19.

Esto no desanimó a los manifestantes, al contrario: muchos se reunieron desde temprano para marchar hasta la Plaza de la Madeleine y congregarse a las 14:30 con Francois-Michel Lambert, diputado ecologista francés de Bouches du Rhône. En el lugar, Lambert animó a todos los migrantes a continuar con la lucha por la regularización y explicó que ya son 125 diputados y senadores los que están a favor de esta medida, catalogándola como “un deber humanitario y un imperativo sanitario”. Con el apoyo recibido y con la esperanza de que el gobierno francés siga los pasos de otros países europeos como Portugal e Italia, los migrantes ya se encuentran organizando una nueva manifestación para el 20 de junio.

Esta “marcha de la solidaridad” también se sintió en regiones como Estrasburgo, Brest e incluso Marsella. A los manifestantes se les han unido colectivos y asociaciones que conocen de cerca que la preocupación de muchos migrantes radica en el miedo con el que viven y que les impide acceder a servicios sociales, incluso a servicios sanitarios. Como ha pasado en España y en todo el mundo, la crisis del coronavirus ha sacado a la luz las desigualdades y la falta de empatía hacia un colectivo que, con el reconocimiento de derechos como el trabajo, podría ser el apoyo que se necesita para salir de la crisis. Mientras tanto, las medidas del gobierno francés no alcanzan a los más de 300.000 personas en situación irregular que viven en la clandestinidad y que trabajan cuidando personas mayores, niños, limpiando casas u hospitales.

Esta muestra de solidaridad y unión provocó diversas reacciones, principalmente de los más conservadores. Es así que este lunes, Marine Le Pen, lideresa del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN), dió una breve respuesta en redes sociales dejando clara su posición: “Sin papeles, pero no sin iPhone… #SinPapeles #Expulsiones”. ¿Ahora, además de carecer de muchas libertades, los migrantes en situación irregular también tienen que solicitar “permiso” para comprar un teléfono? ¿Debemos seguir pasando por alto la continuidad de un discurso discriminatorio, racista y evidentemente xenófobo?

El comentario de Le Pen llega tras la noticia en España de que un futbolista se ofreció a pagar el alojamiento a 200 jornaleros en Lleida, pero los hosteleros se negaron a alojarlos. Con ello queda claro que esto no es cuestión de economías, es cuestión de xenofobia. Se reafirma la conexión de la Europa más racista, que niega no solo a los migrantes una vida digna, sino que los quiere despojar de cualquier disfrute de la vida por más pequeño que sea.

Muy en contra de aquellos que justifican el arraigado discurso del odio que se esparce por el viejo continente, lo cierto es que los migrantes, a pesar de no tener ese derecho reconocido, trabajan. No tienen derecho a días libres o a vacaciones a menos que su empleador se los dé, ni a una pensión digna, pero siguen trabajando. Es más, si quieren en un futuro alcanzar su regularización tienen que declarar impuestos en Francia, aun si trabajan “en negro”.

Así que sí, los extranjeros en situación irregular trabajan (la mayoría mal pagados) y fruto de eso al menos pueden aspirar a llevar una vida “relativamente” normal como cualquiera, y eso implica, entre muchas otras cosas, la posibilidad de adquirir un teléfono. ¿A caso no tener situación regular te debe arrebatar de disfrutar la vida a tu manera? ¿Ser extranjero “sin papeles” me quita la libertad de, quizás, ir un fin de semana en familia a la playa? ¿Por qué para algunos un requisito para ser migrante debe ser sufrir? Sin duda, aunque a todos estas personas no se les reconozcan todos los derechos, muchos carezcan de smartphones y algunos tengan iPhones, al menos todos los que marcharon ese sábado no carecen de corazón y ese es un bien del que aparentemente Marine Le Pen y muchos otros no podrán disfrutar.

Patricia Páez es migrante y periodista peruana afincada en Europa, coeditora del blog 3500 Millones de El País y colaboradora de Fundación porCausa.