Esos "poderes" de los que usted me habla

Hace varias semanas, denunciábamos en un vídeo de Público TV la caza emprendida por sectores judiciales y políticos coordinados contra el fiscal general del Estado. En una decisión sin precedentes, Álvaro García Ortiz ha sido sometido a una imputación que ha dado con el contenido de sus dispositivos tecnológicos en manos de un juez, al más puro estilo de las investigaciones al crimen organizado o al terrorismo. El caso es bien conocido y, aún hoy, seguimos sin conocer qué pruebas tiene el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado contra el fiscal para sostener esa causa por un presunto delito de revelación de secretos -que no eran tal- sobre la investigación de Hacienda por fraude fiscal al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El disparate judicial contra el fiscal general ha cogido carrerilla y ya ha derivado en la investigación a cuatro periodistas por parte de un juzgado madrileño por hacer su trabajo; o sea, informar de un hecho de interés público; o sea, hacer periodismo. Acusan a estos profesionales del mismo delito que al fiscal general (revelación de secretos) y con idéntica consistencia, es decir, ninguna, pues la actividad de estos cuatro periodistas publicando información sobre Alberto Quirón González Amador está recogida claramente en la Constitución y es de primero de democracia. Así lo denuncian en un escrito más de medio centenar de compañeros y compañeras de los investigados que ha sido entregado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros. Las asociaciones de prensa, asimismo, alertan del peligro de semejante decisión judicial: efecto disuasorio contra la labor periodística o, lo que es lo mismo, autocensura.

El vídeo al que hacía referencia al principio concluía con un aviso de lo que estaba por llegar tras esa caza contra García Ortiz, alertadas como estamos ya por la acción sincronizada de sectores de (ultra)derecha y ciertas elites judiciales contra las iniciativas legislativas del Ejecutivo, como la ley de amnistía, ahora mismo recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y a éste vamos, precisamente, porque es el siguiente objetivo, así lo avisábamos entonces en Público y así lo vamos constatando con hechos.

En una reedición de Los desayunos del Ateneo de Madrid, un formato estrictamente periodístico que reivindica, precisamente, la esencia de este oficio amenazado en medio del ruido descomunal que nos rodea, el presidente del Tribunal Constitucional alertó sobre las presiones de “poderes políticos, mediáticos o económicos” que están tratando de criminalizar por la vía penal la labor de los magistrados y magistradas del tribunal de garantías. Cándido Conde-Pumpido aludía a las querellas que han interpuesto asociaciones-artefacto de la ultraderecha como Hazte Oír o Vox que, aunque no han tenido éxito, suponen un acoso patente al Constitucional en la misma línea que a los periodistas antes mencionados, aunque en el caso del tribunal de garantías se hace por amparar a la mayor parte de los condenados en el caso de los ERE de Andalucía, que tuvo lugar durante los gobiernos socialistas de la Junta. “El problema es cuando uno empieza a encontrarse amenazas penales en los medios de comunicación, algo que no sería comprensible en otro país europeo; que los más altos magistrados del tribunal sean amenazados con la vía penal contra ellos”, advirtió Conde-Pumpido.

Efectivamente, el problema es la actuación desacomplejada de la (ultra)derecha y sus artefactos, sean asociaciones ultras o partidos ídem, porque saben que cuentan con la complicidad de un sector de la elite judicial, decíamos, que solo acepta gobiernos de su cuerda ideológica para mantener el orden y los privilegios de esos “poderes políticos, mediáticos o económicos” que hoy se revuelven contra un Ejecutivo aupado por mayorías que les disgustan visiblemente. “No hay precedentes”, avisaba el presidente del TC de estas actuaciones penales contra sus magistrados tras el dictado de resoluciones.

Efectivamente, tampoco hay precedente de la imputación del fiscal general del Estado ni de tan larguísimo bloqueo al que el PP sometió al CGPJ, aunque el PP retrasó las renovaciones siempre que estuvo en la oposición y hoy llama “cáncer del Estado de derecho” al Constitucional, un ataque también sin precedentes; no hay precedentes de la consulta que la Audiencia Provincial de Sevilla -la que juzgó el caso ERE- quiere elevar a la justicia europea cuestionando la resolución del TC; no hay precedentes de idéntico proceso abierto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre otra sentencia del Constitucional en un conflicto entre empresas de VTC, elevado al Tribunal de Justicia de la UE; no hay precedentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (acá, sala Marchena) alertando sibilinamente de que no se confíen los/as magistrados del TC, que a ellos y ellas también se les puede ser acusar de prevaricación, lo que es absolutamente falso y sería ilegal, según la Ley Orgánica del TC, art. 4… No hay precedentes de un acoso tan descarado a las decisiones de organismos cuya representación emana de la soberanía popular, del Congreso, de la mayoría parlamentaria democrática que eligió al Gobierno, guste a esos “poderes” o no. La ofensiva sigue y el capítulo siguiente será la resolución del Constitucional sobre la ley de amnistía, antes del verano, según Conde-Pumpido. Atentas.