Como buena hija de la transición confieso que nunca he tenido miedo a la Policía y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Me di cuenta de cuál es la diferencia entre tenerles miedo o respeto la primera vez que viajé a Latinoamérica. Allí todos les tienen pavor. En España, de un tiempo a esta parte, empiezo a sentir un respeto miedoso o un miedo respetuoso y creo que eso es grave.

La mayoría de los sindicatos y asociaciones de policías, guardias civiles y demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) se están manifestando en nuestras calles contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (la ley Mordaza) afirmando que aprobará cosas que el texto no dice. Por ejemplo, hablan mucho de la pérdida de autoridad de los agentes por la desaparición de su “presunción de veracidad”, mientras el texto de la reforma ratifica esa presunción y añade que sus declaraciones deben ser “coherentes, lógicas y razonables”. ¿Por qué eso es un problema? ¿De verdad las FCSE exigen que lo que digan vaya a misa aunque no tenga ningún sentido? No es comprensible que no compartan estas exigencias básicas en un estado de derecho, como tampoco lo es que haya agentes que se comieron su veracidad, a pesar de cumplir con los tres requisitos.

Me estoy acordando de los dos guardias civiles que vieron como el nieto mayor de Franco les atropellaba y se daba a la fuga, después de que le dieran el alto porque conducía sin luces de madrugada y en dirección contraria por la nacional 234. Francis Franco no paró cuando la autoridad se lo exigió y los agentes lo tuvieron que perseguir durante 30 kilómetros. Cuando pudieron detenerlo en un camino, en la provincia de Teruel, el copiloto (un trabajador de nacionalidad rumana de la finca de Franco) encañonó a los agentes con una escopeta mientras su jefe daba marcha atrás y arremetía contra el vehículo de la Benemérita, lesionando a uno de los agentes, que necesitó asistencia médica. Los guardias, después del incidente, le perdieron la pista por caminos forestales. Encontraron el todoterreno cinco horas después abandonado, cerrado y sin llaves. La matrícula estaba registrada a nombre de una sociedad de su hijo, el bisnieto Francisco Franco Suelves.

Un juzgado de lo penal de Teruel condenó en febrero de 2018 a Francis Franco a 30 meses de prisión por atentado contra la autoridad y conducción temeraria por los hechos descritos. Aquella sentencia también le obligaba a indemnizar solo con 1.500 euros al agente que resultó herido y a pagar los 2.720 que costó el arreglo de la patrulla que embistió. La jueza tuvo en consideración que uno de los agentes lo reconoció sin dudas, que un testigo afirmó haberlo recogido en el lugar en el que se encontró el coche y que el rastreo de su teléfono móvil situaba al nieto del dictador en el lugar de los hechos a la hora señalada.

La magistrada dictó que la "suficiencia y racionalidad" de las pruebas presentadas destruían "sin género de dudas, la presunción de inocencia que ampara a Francisco Franco". Señalaba que "los diferentes testimonios presentados por la Defensa”, que afirmaban que ese día el acusado estaba en Madrid, “no superan el juicio de verosimilitud”, mientras que la declaración del agente de la Guardia Civil que resultó lesionado "se ha mantenido inalterable a lo largo de las diferentes fases procesales de la causa", sin que conste animadversión alguna hacia el acusado y con la corroboración de datos objetivos externos, según información de El País.

El nietísimo recurrió. La Audiencia Provincial de Teruel lo absolvió dando más verosimilitud a sus testigos que al guardia civil, a la compañía telefónica y a quien le recogió en el lugar en el que se encontró su coche.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGG) pidió amparo al Tribunal Constitucional. El Constitucional no se lo dio y cerró para siempre esa última puerta a la justicia, alegando que no apreciaba “especial trascendencia constitucional” en los hechos.

Esta anécdota intrascendente, que podría ser un guión de una película de Berlanga –si fuera con risas– o de una de Camus –si fuera con lágrimas–, es ya historia de nuestra justicia. La misma que se hizo en 2015 con los dos agentes municipales que intentaron multar a Esperanza Aguirre por aparcar en el carril bus de la Gran Vía y a los que la expresidenta arrolló en su huida, derribando una de sus motos.

No hubo manifestaciones de apoyo a estos agentes que tendrán una idea particular sobre este país, sobre la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, sobre el usted no sabe con quién está hablando. Ellos deben ser los que peor estén encajando los cambios de postura de los representantes de las FCSE. Sus sindicatos y asociaciones mayoritarios en 2015, cuando se aprobó, se declararon contrarios a la ley mordaza. “No responde a una demanda social”, dijo el portavoz de la AUGC hace solo seis años. El Sindicato Unificado de Policía, también declaró que no era el momento. Ahora, los que representan a más agentes la defienden hasta contra ataques que no existen. ¿Qué ha pasado en las FCSE en poco más de un lustro?

Hoy sus principales sindicatos y asociaciones parecen defender solo el principio de veracidad de los agentes que piensan como ellos, aunque no sean ni coherentes, ni razonables, ni lógicos.