Política migratoria ¿antesala del fascismo?

Vulnerar el derecho de asilo y el principio de no devolución se ha convertido en el modus operandi de muchos de los gobiernos que se sientan en el Consejo Europeo, algunos de los cuales son socialdemócratas.

Meloni financia deportaciones a centros albaneses que funcionan como plataformas de expulsión (return hubs); Polonia, suspende el derecho de asilo en la frontera con Bielorrusia; Alemania rompe unilateralmente con Schengen y pacta con la ultraderecha de la “reemigración”; Países Bajos, ha anunciado la “política de asilo más estricta de la historia del país” y ha pedido un “opt-out” del nuevo Pacto europeo para recuperar plena discrecionalidad. Mientras la salida se hace efectiva, pretende endurecer la reunificación familiar, cortar ayudas a personas cuya solicitud haya sido rechazada, recurrir a expulsiones forzosas y sustituir la reubicación de solicitantes por contribuciones financieras.

En España, en cambio, el Gobierno ha iniciado un proceso de regularización extraordinaria de extranjeros situándose, así, en las antípodas de la historia. Son vecinos, pagan impuestos, trabajan en la hostelería, la agricultura y la construcción. El Banco Central Europeo dice que han impulsado el 80% del incremento del PIB español de los últimos cinco años, pero la oposición continúa sumida en su particular cámara de eco.

En su carrera contra Vox, el Partido Popular ha venido endureciendo cada vez más sus posicionamientos migratorios. Quiere limitar la regularización por arraigo y la reagrupación familiar, eliminar prestaciones a migrantes en situación irregular, ligar la residencia de larga duración a las cotizaciones y el conocimiento de la cultura española, y primar la migración de aquellos culturalmente cercanos. Y, además, en los últimos días, ha decidido subir el listón. Primero abrió la puerta a aumentar los delitos que pueden motivar la expulsión, ahora pretende negar la residencia a los extranjeros con antecedentes policiales, aunque no hayan sido juzgados ni condenados. Poco importa si este planteamiento choca frontalmente con la ley de Extranjería, el Código Penal y varias sentencias que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han dictado en la última década. Cualquiera sabe que una condena debe ser firme y superior a un año de cárcel para poder acarrear como consecuencia la expulsión del país. En España, un juez de lo penal puede sustituir parte de una condena de cárcel por la expulsión, y las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno pueden firmarla según antecedentes, falta de arraigo y situación administrativa, pero siempre debe intervenir un juez. De manera que la propuesta del Partido Popular es tan ilegal como inviable.

Por ignorancia o mala fe, el PP también ha llegado a sostener que nuestra regularización extraordinaria era contraria al Derecho Europeo y, aunque ya saben que eso no es cierto, van a seguir utilizando las instituciones europeas de manera propagandística y torticera. También saben que los beneficiarios de esa regularización no podrán votar hasta dentro de unos años, y en según qué condiciones, pero han lanzado la acusación de “clientelismo político” para ver si cuela. Si uno sabe leer y contar, como decía Alma Ezcurra, es evidente que el censo sigue donde estaba, pero parece que no les conviene ni leer ni contar.

Lamentablemente, Feijóo ha repetido como un loro la larga batería de mentiras que ha fabricado la extrema derecha a lo largo de estos años. El famoso efecto llamada, la asociación de migración y delincuencia, y la permeabilidad de las fronteras, conforman un tótem que no resiste el más mínimo filtro de los datos. La idea es que, como decía Goebbels, una mentira repetida mil veces acabe siendo verdad. Hay que repetir incansablemente el mismo mensaje simplificado. Feijóo ha llegado a decir que un 20% de la población española es de origen inmigrante sumando a esa cifra la de los descendientes de exiliados que acceden a la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. Una medida de reparación que nada tiene que ver con la política migratoria. Ha presentado como “dos millones” de nuevos españoles lo que en realidad son solicitudes, no concesiones efectivas. Y se ha unido con entusiasmo al consabido mensaje, tan extendido como falso, de que los extranjeros sin papeles son unos privilegiados.

Parece que el Partido Popular confía en que la cantinela de la autovictimización nacional se convierta en un arma política de largo alcance, como ha sucedido ya en EEUU. El Día de la Liberación, el de la gran revancha, Trump dejó claro cuál era su programa: reforzar al poder ejecutivo hasta límites inconstitucionales buscando chivos expiatorios. Siempre tuvo la firme intención de exhibir un poder absoluto e irreprimible, ejercer el sadismo en nombre del pueblo y poner a prueba la tolerancia del sistema frente a multitud de mentiras e iniciativas ilegales. Hoy su deriva autoritaria no deja lugar a dudas. Uso de la fuerza sin límites y con total impunidad, esterilidad del Congreso y la Corte Suprema, total ausencia de control por parte de organismos independientes. El ICE, la brigada paramilitar de Trump, solo responde a las órdenes de su presidencia imperial. La escenificación del poder, la crueldad y el ensañamiento, el uso indiscriminado del terror, también con carácter disuasorio, sigue el modelo de la Gestapo alemana. 3400 detenciones en un mes, solo en Minneapolis, con perfil racial, sin intervención judicial, ni derechos, ni garantías procesales. No será porque no lo advirtió.

Los líderes populistas explotan el sentimiento de agravio para que la gente se obsesione con reparar la injusticia histórica que cree haber sufrido y compensar después ese resentimiento con orgullo nacional. Utilizan los “apegos heridos”, en palabras de Wendy Brown, para definir enemigos interiores y exteriores (normalmente imaginarios), haciendo de la condición de víctima una fuente de identificación e intentan crear, desde ahí, fuertes vínculos con sus votantes.

Cuando se invierten las causas y las consecuencias para abrir o engrandecer las heridas, reales o ficticias, las teorías de la conspiración, las paranoias y la lógica belicista lo colonizan y lo justifican todo. Y en ese magma es en el que florece el racismo, la xenofobia y las tesis del sálvese quien pueda que activan los mecanismos de exclusión y las lógicas malthusianas.

En Los orígenes del totalitarismo (1951), Hannah Arendt sostenía que la incapacidad de los países de garantizar los derechos de los desplazados en la Europa de entreguerras había contribuido a crear las condiciones para las dictaduras. Que las personas sin derechos eran entonces “los primeros síntomas de una posible marcha atrás en la civilización”.

Hay que prestar atención a la política migratoria europea y al programa de las derechas en nuestro país porque todo tiene su precedente. Nunca podremos decir que no lo supimos.