Hacer política en un parlamentarismo sin parlamento

Pese al rechazo de varios socios de investidura, la semana pasada Pedro Sánchez anunció un aumento de 10.500 millones en gasto militar para cumplir con la OTAN, sin debate parlamentario y en un contexto en el que el Gobierno ni siquiera ha presentado presupuestos. No hace tanto, la imposibilidad de aprobar los presupuestos generales era motivo suficiente para forzar la dimisión del Ejecutivo y convocar elecciones. Hoy, en cambio, es posible gobernar sin cuentas, sin legislar y sin pasar por el Parlamento.

¿Cómo interpretar esta situación? Existen dos lecturas posibles: una simplista, la de la derecha, y una más compleja, que debería ser la reflexión urgente de la izquierda.

La lectura simplista del PP y VOX reduce todo a un “capricho” del presidente, acusándolo de autoritario y de vulnerar la Constitución. Según esta visión, lo que estamos presenciando es un presidente que, en un arranque de poder personalista, ignora el principio fundamental del parlamentarismo, que establece que la legitimidad política de las decisiones clave debe construirse en el Parlamento, y no en el poder discrecional del Ejecutivo. Además, se critica que Sánchez no haya presentado los presupuestos anuales, tal como exige el artículo 134 CE, lo que, en efecto, vulnera dicho marco constitucional.

No obstante, considero que para la izquierda es urgente adoptar una lectura más compleja de la situación. Este proceso de desparlamentarización no se debe únicamente a las decisiones de Sánchez, sino que forma parte de una tendencia estructural mucho más amplia que afecta a nuestros marcos político-institucionales, dentro de un contexto de capitalismo transnacional. Este cambio plantea la necesidad de un debate más profundo sobre la capacidad de incidencia de los partidos minoritarios de izquierda en las políticas públicas. Es en esta segunda lectura en la que me centraré.

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En los sistemas políticos estatales se distinguen dos niveles principales de creación normativa: el constitucional-legislativo y el técnico-administrativo. El primero se vincula al derecho constitucional y al poder legislativo, donde la producción de normas surge de un “proceso de mediación” caracterizado por el debate político, la negociación y el conflicto entre actores sociales. Este proceso es abierto, dinámico y expuesto al escrutinio público, convirtiéndolo en un espacio idóneo para la lucha política y la consecución de objetivos sociales y colectivos. Por otro lado, el nivel técnico-administrativo, propio del derecho administrativo y asociado al poder Ejecutivo, se basa en un “procedimiento de regulación”. A diferencia del proceso legislativo, este procedimiento es más cerrado, estructurado y técnico, centrado en la aplicación eficiente de normas ya existentes. Mientras la mediación implica un intercambio bidireccional entre ciudadanía e instituciones, la regulación se presenta como una imposición unidireccional de normas por parte de autoridades públicas, acompañada de mecanismos de control y sanción.

Durante los últimos tiempos estamos asistiendo, no solo en España, a un proceso creciente de desparlamentarización y administrativización de los Gobiernos. Esto significa que la acción gubernativa depende cada vez menos del debate parlamentario y de la creación normativa mediante procesos de mediación, y más de procedimientos administrativos de regulación. En la práctica, esto permite que el Ejecutivo gobierne durante toda una legislatura sin necesidad de legislar en el Parlamento, debilitando así la capacidad de los partidos de izquierdas en la oposición para condicionar al gobierno mediante negociación política.

Este fenómeno está relacionado con la complejización de la arquitectura institucional y normativa provocada por el capitalismo transnacional. En este nuevo contexto, donde interactúan múltiples actores públicos y privados a diferentes niveles y escalas, los sistemas legales y normativos tradicionales del Estado ya no son suficientes para abarcar la total complejidad de las relaciones sociales, económicas y políticas que afectan a su territorio. El Estado, entonces, se ve incapaz de gestionar por completo esta red de actores y procesos.

Como resultado, surgen diversas formas de autorregulación que operan fuera del control estatal: autorregulación transnacional, tecnocrática, financiera, profesional e incluso ciberespacial. Estos procesos autorregulados ocurren sin intervención directa del Estado, lo que agrava aún más su incapacidad para regular de manera eficaz todos los aspectos de la nueva realidad. Ante esta imposibilidad, el único recurso disponible para el Estado es regular o limitar estos procesos autónomos, mediante la creación de normas administrativas que encaucen las dinámicas globales.

De esta forma, el Estado ya no organiza directamente la vida social y económica, sino que actúa como regulador de sistemas autorregulados, estableciendo límites y controles para mitigar los efectos negativos de estos procesos. Esto no significa que el Estado haya abandonado su papel regulador, sino que su función ha cambiado: ya no es un planificador económico de la sociedad, sino un supervisor externo de sistemas globales que le superan.

Esta transformación de la función del Estado, impulsada por el neoliberalismo, implica una desparlamentarización de la acción gubernativa y una administrativización de la misma. La acción política se ha desplazado de los procesos de mediación hacia los procedimientos de regulación técnica. Así, el Gobierno asume un rol de regulación externa, intentando minimizar los efectos perjudiciales de las dinámicas autorreguladas sobre el interés general.

Con ello, el derecho administrativo pasa a ser el instrumento central de una acción gubernativa cada vez más técnica y menos política, desplazando el centro de gravedad de la acción pública desde el debate parlamentario hacia la gestión normativa desde la Administración, y reduciendo los márgenes de la deliberación democrática.

En conclusión, decía que hacer este análisis es urgente para la izquierda porque la desparlamentarización y administrativización de la acción del Gobierno debilita la capacidad de los partidos de izquierda, en la oposición, para negociar y obtener logros políticos, incluso cuando sus votos son esenciales para la mayoría. Esto obliga a replantear la estrategia, que ya no puede seguir centrada en crear nuevas marcas electorales con los mismos candidatos de siempre, con el objetivo de conseguir unos pocos escaños y confiar en que eso permita negociar con el PSOE. En el contexto actual, esa estrategia ha dejado de ser útil. En lugar de eso, la izquierda debe enfocarse en activar procesos de movilización popular que permitan construir proyectos políticos mayoritarios con capacidad real de gobernar.