Politizar las vejeces

Siempre que se acerca una convocatoria electoral, en la que casi de manera irremediable vuelve a reabrirse el debate en torno a la sostenibilidad de las pensiones, me inquieta la cortedad de miras de unos partidos políticos que, entre otras muchas carencias, parecen no ser conscientes del envejecimiento de nuestra sociedad. Es decir, siguen actuando como si para ellos no tuviera valor, ni siquiera importancia estratégica, que las personas mayores de 65 años sean ya cerca de los diez millones en nuestro país, o sea, un 21% de la población. Un porcentaje que no dejará de crecer en los próximos años: según previsiones del INE, dicho grupo de edad superará los 15,9 millones de personas en 2045. En este sentido, hace ya tiempo que se habla de revolución de la longevidad y que incluso el mercado, tan astuto, ha empezado a poner el foco en ese creciente sector de la ciudadanía en cuanto consumidores y sujetos con necesidades específicas. Se abre paso así la denominada silver economy, la cual convive, paradójicamente, con un orden cultural que continúa siendo manifiestamente edadista y que subraya la juventud como un valor añadido, como un mandato de éxito del que se nutren desde la industria farmacéutica hasta los cirujanos plásticos, pasando por todos esos gurús de la autoayuda y el buen vivir que insisten en discursos tan idiotas como que los sesenta son los nuevos cuarenta. Una losa pesadísima que dobla singularmente las espaldas de las mujeres, a las que la patriarcal ley del agrado las continúa sometiendo a esclavitudes en las que arrugas y canas cotizan a la baja.

El caso es que de seguir la tendencia actual- que no es sino el fruto, principalmente, de los avances científico-médicos y de los éxitos indiscutibles de las políticas propias del Estado social- en pocos años las personas de edad avanzada, que es como las denomina la Carta Social europea, se convertirán en un sector clave del electorado. De ahí que sorprenda que continúen en gran medida ausentes de las propuestas políticas, de los espacios de representación y de unos imaginarios en los que continúan primando el sesgo edadista que identifica a este grupo tan heterogéneo con el declive y, por tanto, con la condena a una infantilización odiosa y discriminatoria. 

Es como si alcanzadas determinadas edades, se diluyera el estatus de ciudadanía y mujeres y hombres – viejas y viejos, que diría en tono vindicativo Anna Freixas – fueran reducidos a una carga para el erario público y, muy especialmente en estos últimos años, contemplados como esas generaciones que vivieron mejor que las más jóvenes. Una tendencia perversa que, lejos de favorecer el necesario diálogo intergeneracional, nos lleva a un nuevo enfrentamiento de grupos, de esos que nutren las llamas del ecosistema digital.

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Europa Press

Más allá de la continuidad del sistema de pensiones, a las que no podemos negar su centralidad en el sostén de unas condiciones de bienestar y dignidad de quienes cada vez afortunadamente tienen más años por delante una vez jubilados, la revolución de la longevidad nos exige revisar buena parte de los presupuestos de nuestro pacto de convivencia. Un modelo que tradicionalmente expulsó a las afueras a quienes no se perciben como productivos y no encajan en los imaginarios culturales que identifican éxito, prestigio y poder con una imposible eterna juventud. De ahí que lo que esté en juego no sea solo la continuidad de unas pensiones que queden al margen de las disputas partidistas y de las inseguridades propias de una economía de mercado, sino todo un régimen de prioridades y lógicas que mal casan con la realidad del envejecimiento. De esta manera, es urgente que la sociedad en general, y nuestros representantes políticos en particular, empiecen a contemplar a las personas de edad avanzada como sujetos de derechos, dotados de autonomía y agencia política, por más que en algunos casos, o en determinados momentos, tengan especiales necesidades relacionadas con la vulnerabilidad humana que, de forma inevitable, se acrecienta con los años. Hablar pues de vejez en términos políticos nos exige abordar cuestiones sin resolver en las democracias contemporáneas como el sistema público de cuidados, la atención específica a la dependencia, las prestaciones sanitarias, el derecho a la vivienda y a elegir dónde vivir, los modelos residenciales o la adaptación de procedimientos administrativos que con frecuencia acaban siendo un obstáculo para quienes, atravesados por diversas brechas, incluida la digital, ven limitadísimas sus posibilidades de acceder a servicios públicos esenciales. En este último aspecto es evidente que las Administraciones nos “maltratan” con frecuencia y muy especialmente a quiénes son mucho más frágiles por diversas circunstancias personales y/o sociales. Todo ello por no hablar de la necesidad de romper con la visión homogeneizadora de unos sujetos que son tan plurales como el resto de la ciudadanía – hablemos pues de vejeces, no de vejez -, que han de seguir teniendo la oportunidad de participar en el espacio público y en la vida en comunidad y que tendrían mucho que aportar en unos momentos históricos en los que más que nunca necesitamos la suma de experiencia e innovación para responder a tantos retos que nos desbordan.

Pienso en todos estos horizontes cada vez que, prácticamente a diario, observo y sufro cómo mi madre y mi padre, con más de ochenta años, se enfrentan a obstáculos que le hacen la vida más complicada, una situación que se ha visto agravada en los últimos años por el deterioro de las prestaciones sanitarias y sociales, así como por un contexto general que los trata con actitudes entre paternalistas y humillantes que les niegan su dignidad ciudadana. Cuando me miro en el espejo que ellos me ofrecen, me doy cuenta, con más rabia que nunca, que lo que está en juego es, en definitiva, la continuidad de un modelo en el que la igualdad material, la capacidad redistribuidora de lo público y la solidaridad intergeneracional sostengan una paz social que ahora vemos amenazada por quienes nunca creyeron en la equivalencia de opciones. Una dramática realidad que nos atraviesa a todas y a todos, pero que de manera especial se hace cuerpo y temblor en quienes, como mi madre y mi padre, necesitan cada vez más de un Estado fundado en la ética del cuidado, así como en el horizonte de posibilidad que supone poner lo común por encima de libertades individuales. En definitiva, todo lo que nos jugamos en un mes de noviembre en el que mis progenitores, Amparo y Rafael, irán a votar con la alegría de quienes no pudieron hacerlo cuando tenían la edad de esos que hoy miran con nostalgia el pasado.