No se puede decir que la derecha más rancia no sea predecible. Ayer, durante su toma de posesión, PP y Vox cumplieron al pie de la letra el guion que se esperaba de ellos: retroceso en la igualdad, trabas a la libertad de prensa, discriminación de partidos políticos... y el Gobierno en Castilla y León ni siquiera había echado a andar. Agárrense, que vienen muchas curvas.

Castilla y León se ha convertido en la Comunidad Autónoma con el gobierno menos paritario de toda España. Acaba de retroceder a tiempos de gobiernos del popular Juan José Lucas en los años 90, con nueve hombres frente a tres únicas mujeres. Al tiempo que el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco destacaba a las mujeres, "que avanzan decididas a ocupar el protagonismo que merecen", incumplía la proporción de paridad de un mínimo del 40% de representación por sexos. Con un "es lo que hay. Son los mejores hombres y mujeres para este Gobierno", Mañueco zanjaba la cuestión, evidenciando que a sus ojos no hay mujeres de la valía suficiente en Castilla y León como para que representen a más del 25% de su gobierno. Ese parece ser, a sus ojos, "el protagonismo que merecen". Y las que sí ha considerado aptas para el cargo parecen quedar ninguneadas desde el minuto uno, pues ¿con esta proporción en qué lugar queda la consejería de Isabel Blanco de Familia e Igualdad de Oportunidades?

Han cambiado muchas cosas respecto a la toma de posesión de 2019: menos invitados al acto, menor apoyo a Mañueco de la cúpula del PP con la destacada ausencia del nuevo presidente Feijóo y la entrada en el gobierno de la extrema-derecha, cuya influencia ya se ha dejado notar con el avance de una ley de violencia intrafamiliar o el cuestionamiento de la Ley de Memoria Democrática. Ni una lagrimita de emoción de Mañueco y, mucho menos, una declaración de lealtad con el Gobierno de España, como hiciera en 2019, "en la construcción del futuro de la nación".

Otro punto negro en esta investidura: a diferencia de 2019, no se invitó a todos los partidos políticos, pues Vox no envió invitación a Soria ¡Ya!. Tanto hablar su líder autonómico, Juan García-Gallardo, de llevar las "legítimas reivindicaciones" de la España Vaciada a la formación del gobierno y lo primero que hace es olvidarse de ella, atribuyéndolo a un "error burocrático". Personalmente, siempre he atribuido la reticencia de Vox a entrar en gobiernos en el hecho de que asumir responsabilidades implica más trabajo que ejercer la oposición a la que nos tiene acostumbrados el nuevo fascio. Y, como precisaba anteriormente, la nueva Junta no ha echado a andar y ya se detectan los primeros patinazos.

Una toma de posesión de esta derecha de casposo marichulismo no podría ser lo mismo si la prensa no se viera también amenazada. Y sucedió, precisamente, de la mano del PP madrileño, el mismo de Isabel Díaz Ayuso que se erige como defensora de la libertad pero, a la mínima de cambio, cercena la libertad de prensa y el derecho a la información. Lo hizo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, empujando e impidiendo la labor de la periodista Andrea Ropero que, lejos de arrugarse ante tal atropello, plantó cara al botarate de Ayuso.

Arremetiendo contra la prensa como hizo con los coches cuando cuadruplicaba la tasa de alcoholemia en 2013, Rodríguez adoptó esa actitud de matón de medio pelo que pretende estar por encima de la ley, con esos aires de superioridad que terminan por sumirlo en el más absoluto de los ridículos. Políticos, sindicatos, periodistas -incluido Reporteros Sin Fronteras- y la ciudadanía en general afearon esta actitud a Rodríguez, que sin embargo no contó con la desaprobación de su jefa.

Perdió Ayuso una oportunidad de excepción de pedir disculpas y, haciéndolo, quitar hierro al asunto tirando balones fuera por los nervios del momento. Y la perdió porque, en realidad, no desaprueba la actitud de su secuaz; a fin de cuentas y en pleno directo de Telemadrid, fue ella la que dio pautas a la periodista Silvia Intxaurrondo sobre qué podía y qué no preguntarle sobre las instalaciones del Zendal. Quizás, la próxima vez que Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, entregue sus premios, verá lo inadecuado de invitar a Ayuso al acto.

En lugar de lamentar la agresión a Ropero, Ayuso tiró de manual panfletario para hablar de Castilla y León como "una comunidad socialismo free", apenas unos minutos después de que el nuevo presidente Mañueco asegurara que aspira a "ser el presidente de todos, sin distinción de opiniones o ideologías". Si ni siquiera en el PP son capaces de mantener una misma línea de gobierno, esperen a ver la nueva coalición PP-Vox, en la que García-Gallardo, por aquello de no estresarse, no tiene más cometido que su vicepresidencia y ya se ha reivindicado como el líder del gobierno de Vox (Industria, Comercio y Empleo; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Cultura, Turismo y Deporte), marcando distancias respecto al PP.

Arranca el nuevo gobierno de Castilla y León sin presupuesto para este año y sin intención de elaborarlo; se prorrogará el de 2021. El principal motivo esgrimido por Mañueco para el adelanto de la convocatoria de elecciones se ha volatilizado, sencillamente, porque confeccionar unas nuevas cuentas sería comenzar con tensiones y desavenencias con su nuevo compañero de viaje al que esperaba dejar atrás. Afronta la Junta con un presupuesto que no se ajusta ni a los efectos de la crisis pandémica ni a la inflación, lo que puede asestar duros varapalos a las cuentas y los servicios públicos. No parece, pues, que Castilla y León vaya a ser tan "socialismo free", como en un flaco favor a su Oficina del Español dice Ayuso, pues, como todo el mundo sabe, a la derecha le falta tiempo para privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.