La primera gran derrota de Giorgia Meloni

El pasado lunes 23 de marzo se cerraban las urnas en Italia y se confirmaba la derrota de la controvertida "reforma de la magistratura" impulsada por el gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni. Una medida que tenía como objetivo implícito someter a la magistratura al control del Ejecutivo y que, al prever la modificación de siete artículos de la Constitución antifascista de 1948, necesitaba ser refrendada en referéndum. Su rechazo se ha convertido en la primera gran derrota de Meloni desde que llegó al poder en octubre de 2022. Y, aunque había desvinculado su futuro político del resultado del referéndum, este se ha convertido en un auténtico plebiscito sobre el Gobierno y su gestión, en lo que quizá sea el peor momento para la primera ministra.

Hasta ahora, la legislatura había discurrido plácidamente para Meloni, sin el más mínimo desgaste en los sondeos. De hecho, a pesar de su sólida mayoría absoluta, el gobierno ultraderechista apenas había emprendido reformas importantes, basándose en una gestión continuista del gobierno Draghi en materia económica y vendiendo su imagen internacional como la mejor amiga de Trump en Europa. Pero las huelgas de solidaridad con Palestina en el segundo semestre del año pasado, y ahora la guerra con Irán, han hecho que todo esto se venga abajo. Su relación con el presidente de EEUU parece ser más un hándicap, lo que la ha llevado a marcar ciertas distancias con la línea belicista de Washington, afirmando que "Italia no está en guerra y no quiere entrar en ella". Todo ello con los nubarrones de una crisis económica internacional derivada de la subida del precio de la energía, y con una economía italiana estancada.

En este contexto, la "reforma de la magistratura" ha sido la primera medida de calado impulsada por el gobierno de Meloni, que se enmarca en una estrategia de cambios constitucionales que incluye también la elección directa del primer ministro, acompañada de una reforma electoral, y el refuerzo de la autonomía regional asimétrica. La derecha, enfrentada a la magistratura desde los tiempos de Silvio Berlusconi, había planteado la reforma judicial casi como un ajuste de cuentas histórico con una fiscalía a la que acusaba de estar demasiado politizada.

El debate sobre la reformulación del sistema judicial italiano —considerado poco funcional, con un modelo de gestión anticuado y una burocracia que lo ralentiza— se remonta a los años ochenta. En este sentido, según el Gobierno, el proyecto buscaba modernizar el sistema judicial y equipararlo a los estándares de la mayoría de los países europeos. Pero buena parte de la magistratura y todos los partidos políticos de la oposición lo veían como una forma de doblegar a los jueces y debilitar su autonomía.

De hecho, uno de los primeros en intentar cambiar el sistema judicial para adaptarlo a su medida fue el difunto magnate y exprimer ministro Silvio Berlusconi, enmarañado durante su carrera en una treintena de procesos judiciales. Para Berlusconi, los jueces que le acusaban eran poco menos que agentes comunistas, las "togas rojas", que desarrollaban investigaciones judiciales contra él como parte de una conspiración, fruto de la politización de la magistratura. De esta forma, la batalla contra los jueces se convirtió en una de las banderas más reconocibles de la derecha italiana en los últimos treinta años.

En este sentido, la reforma de la judicatura es una batalla que ha heredado Meloni, con idénticos argumentos sobre una conspiración de los jueces para frenar su política, los mismos que ya utilizó Berlusconi hace veinte años. Aludiendo, en este caso, a las varias sentencias que tumbaron el plan de Meloni de expulsión de migrantes desde centros de internamiento en Albania y pusieron límites a las políticas de línea dura del Gobierno en materia migratoria. Así, el Gobierno, a través del ministro de Justicia y de la propia primera ministra, participó activamente en la campaña con argumentos que suponían claras amenazas a la independencia de la magistratura, llegando a afirmar que gracias a la reforma la política recuperaría finalmente su autonomía respecto a unos jueces que le impiden gobernar.

Una de las claves de la derrota de la reforma de la judicatura ha sido la alta participación, que ha rondado el 60 % —a pesar de que no se requería una tasa mínima para que el resultado fuera válido—, convirtiéndose en la consulta con mayor afluencia de las dos últimas décadas. Unos datos que casi recuerdan a unas elecciones generales —en las últimas fue del 63,9 %— y muy superiores a los de las europeas de 2024 —que solo alcanzaron un 49,7 %—. Así, comparando los resultados de este pasado lunes con los de las elecciones legislativas de 2022 que auparon al gobierno de Meloni, la derecha ha perdido más de dos millones de votos, mientras que las oposiciones han ganado casi cuatro.

Los referéndums constitucionales suelen ser una especie de maldición no escrita para los primeros ministros italianos: históricamente los pierden y comienzan así su caída. Quizá el ejemplo más paradigmático de esta maldición sea el de Matteo Renzi, que impulsó, en el auge de su popularidad como primer ministro, un referéndum para disminuir el poder del Senado, que perdió contra pronóstico, viéndose abocado a dimitir tras fracasar en la consulta. De hecho, ante la derrota de Meloni el pasado lunes, el propio Renzi escribió en sus redes sociales: "Cuando el pueblo habla, el Palacio debe escuchar. Nosotros hace diez años lo hicimos, ¿tendrá Giorgia Meloni el mismo coraje? Yo dimití como primer ministro, como secretario, de todo. Veremos qué hará Meloni después de una derrota clamorosa".

Aunque Giorgia Meloni se había cuidado de no vincular su futuro político al éxito de su referéndum sobre la reforma de la magistratura, es indudable que esta contundente y sorpresiva derrota no solo supone la peor crisis de su gobierno. Actualmente, ya se ha cobrado el cargo de la ministra de Turismo, Daniela Santanchè; del subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro; y de la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi. Pero, más allá de estas dimisiones, la crisis en el Ejecutivo es mucho más profunda y deja entrever un cierto agotamiento a apenas un año de las próximas elecciones legislativas.

De hecho, el voto en el referéndum ha permitido expresar el creciente malestar popular contra un gobierno que, hasta la semana pasada, se presentaba como uno de los más estables de Europa. Un espejo en el que se podía mirar la ultraderecha europea ante la posible pérdida de otros referentes, como el del húngaro Viktor Orbán. Así, la derrota de Meloni no solo abre una crisis en el Ejecutivo italiano, sino que pone en cuestión uno de los principales modelos de éxito de la derecha radical europea, agrietando el espejo ultraderechista italiano.