Julen Bollain

Investigador y Parlamentario por Elkarrekin Podemos

A la hora de escribir esta columna, y con los acontecimientos acaecidos durante los últimos días, no hay duda de que las personas y el bienestar de la ciudadanía están lejos de ser una de las prioridades del Gobierno Vasco. Tal y como admitió Joseba Egibar, portavoz jeltzale en el Parlamento Vasco, en el pleno celebrado el 30 de marzo de 2017, desde el primer momento y en cuanto el Partido Popular se prestó a aprobar la Ley de Presupuestos de 2017, el Gobierno ya eligió cuál iba a ser su socio preferente para sacar las cuentas de 2017 adelante. En ningún momento hubo por parte del Gobierno voluntad en realizar acercamiento alguno hacia las fuerzas progresistas ya que el Partido Popular, sin pedir casi nada a cambio les regaló su abstención. No tenemos ninguna duda de que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular se necesitan mutuamente y en ningún momento deberíamos entender este acuerdo presupuestario como algo aislado de la coyuntura política actual. No podemos olvidar aquella noche en la primavera de 1996 en la que el señor Anasagasti y el señor Mayor Oreja llegaron a un acuerdo para que el Partido Nacionalista Vasco facilitara a Aznar la presidencia de España o lo bien que ambos se entienden a la hora de pactar obras faraónicas como el Tren de Alta Velocidad. Tampoco podemos olvidar la próxima derivada a raíz de la fraternidad y complicidad entre los dos: los Presupuestos Generales del Estado. No se puede negar que entre el <> y el <> siempre han sabido remar conjuntamente en favor las élites económicas. ¿Y por qué no seguir remando a costa de las clases más vulnerables?

En varios momentos se nos acusó a Elkarrekin Podemos de ser exigentes, de poner requisitos rigurosos encima de la mesa en las negociaciones, y no les faltaba razón. Desde nuestro Grupo Parlamentario creíamos entonces y seguimos creyendo hoy en día que la ciudadanía necesita que seamos exigentes, que no vendamos nuestros votos y sobre todo que nuestros principios no sean negociables. Que seamos flexibles y nos adaptemos a las prácticas parlamentarias, sí, pero que jamás vendamos nuestros ideales a la comodidad. La ciudadanía vasca lo está pasando realmente mal, una de cada cinco personas se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social y, sin embargo, vemos cómo en el proyecto de Ley de Presupuestos el Gobierno Vasco sigue vulnerando los derechos de la sociedad. Pero no solo vulnera los derechos de toda la sociedad, sino que además lo hace quebrantando su propia ley sistemáticamente.

Existen dos recortes a las prestaciones sociales que se transmiten desde la Ley de Presupuestos de 2017, en las disposiciones adicionales sexta y séptima. La disposición adicional sexta lleva repitiéndose los cinco últimos años desde que la introdujo en 2012 el gobierno “socialista” liderado por Patxi López y al gobierno sigue sin temblarle el pulso al incluirla en el Proyecto de Ley de Presupuestos. Mediante la misma se establece que “las ayudas, subvenciones y prestaciones económicas, […] que se concedan, reconozcan o paguen por las entidades del sector público experimentarán una reducción en su cuantía del 7%”. Quien hace la ley, hace la trampa. El Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017 parece un resultado más de los acuerdos esgrimidos a raíz del compañerismo y camaradería entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. Como consecuencia de este Real Decreto, encontramos el segundo recorte en prestaciones sociales dentro de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Tanto la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el 31 de diciembre de 2008, como el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 17 de junio de 2010, establecen que los porcentajes por los que se calcula la Renta de Garantía de Ingresos están sujetos a la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, la disposición adicional séptima del proyecto de Ley de presupuestos establece que “durante el ejercicio 2017, la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos […] será la aplicada durante el ejercicio 2016, incrementada en el porcentaje del 1,5%”.

Un desafío más por parte del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi junto a su fiel escudero, el Partido Popular, para seguir vaciando los derechos tanto de contenido como de capacidad para ejercerlos.

Sin embargo, la sociedad vasca no se abstiene ante tremendo deterioro de nuestros derechos sociales adquiridos y afianzados a través de largos años de lucha y lejos de silenciarse ha decidido tomar cartas en el asunto. Y es a causa de estas reiteradas vulneraciones de los derechos de la ciudadanía vasca, por lo que el pasado 24 de marzo de 2017 ocho activistas sociales se declararon en huelga de hambre. No obstante, el sábado 1 de abril, miles de personas quisimos ofrecerles nuestra solidaridad y nuestro apoyo frente a la indiferencia que plantea el Gobierno Vasco ante las clases más vulnerables de nuestra sociedad. Miles de personas recorrimos Bilbao bajo el lema #RGIdefendatu porque no podemos tolerar que la triple entente vasca siga mermando nuestro sistema de protección social. Miles de personas recorrimos Bilbao para decir alto y claro que estas medidas antisociales dejan de lado a las clases más vulnerables, que estas medidas antisociales cronifican la pobreza de miles de personas mientras las sitúa al margen de la sociedad y las trata como meros porcentajes para el uso de su marketing político.

Mas esto no termina aquí. Como bien decían los huelguistas tras el sábado, la manifestación no es sino un punto y seguido en la lucha. Un punto importante sí, pero al fin y al cabo, un punto y seguido. Continúa la huelga de hambre bajo el lema #NoTragamos y continuará hasta que el Gobierno Vasco no retire los recortes en las prestaciones sociales.