¿Y si prohibimos comprar casas a los no residentes?

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una auténtica misión imposible, ya sea comprándola o en régimen de alquiler. Cada vez más se impone la máxima de 'a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias'. Así, Canadá abrió el melón a principios de año, cumpliendo la promesa electoral de su presidente Justin Trudeau de prohibir comprar viviendas a las personas no residentes en el país, y ahora otros países europeos comienzan a planteárselo, pese a la negativa de la Unión Europea (UE). ¿Tan malo sería poner ese freno a la especulación?

La especulación, en sus más diversas formas, es la causante de que se pisoteé el artículo 47 de nuestra Constitución y que los poderes públicos hayan mirado históricamente a otro lado, eludiendo su obligación de promover la condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, "regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Esa dejación de funciones debe pararse en seco.

La compraventa de viviendas por parte de extranjeros no residentes en España aumentó un 51,17% en 2021 con casi 44.000 transacciones. Aún no contamos con datos completos de 2022, pero en los nueve primeros meses del año ya se rozaban las 101.500 compraventas de vivienda entre extranjeros, lo que supone un 44,31% más que en el mismo periodo del año anterior. Aunque una parte de estas operaciones se realiza entre residentes, sólo en el tercer trimestre de 2022 las transacciones con personas que no residen en el país habían crecido por encima del 30%.

La consecuencia directa es una escalada de los precios, bien porque se reduce el parque inmobiliario con viviendas cerradas buena parte del año o porque se adquirieron para hacer negocio con ellas, lo que dispara los precios para maximizar beneficios. Regiones como Islas Baleares han tomado la iniciativa de Trudeau y barajan la posibilidad de prohibir la compra, no sólo a los no residentes en el país, sino a los que no estén empadronados, medida que ha pisado unos cuantos callos.

Bruselas no ve con buenos ojos este tipo de medidas, pues aferrándose a los tratados de la Unión entiende que se produce una situación de discriminación. Sin embargo, ¿acaso no se produce ya esta discriminación, en este caso de clase, impidiendo que se cumpla con un derecho constitucional? ¿Por qué los poderes públicos se encuentran tan cómodos escudándose en las dinámicas de mercado, incluso, cuando éstas pisotean un derecho fundamental?

Impedir el acceso a la vivienda haciendo escalar sus precios de manera desmedida es, a todos los efectos, una suerte de discriminación que el Gobierno debería atajar. Impedir la compra de viviendas a propietarios no residentes puede ser parte de la solución, pero no la única, claro está, entre otras cosas porque los especuladores no tardarían en encontrar testaferros para poder seguir destruyendo nuestra convivencia.

Es imprescindible un intervencionismo estatal que regule los precios, tanto de venta como de alquiler, que grave con mayores impuestos de bienes inmuebles y de manera escalonada a quienes poseen más de un vivienda, que se endurezca la fiscalidad para los rentistas, ya sean particulares o muy especialmente para las empresas (o quienes actúan como tal).

En ningún caso ha de prevalecer el derecho a libre empresa por encima del de la vivienda. Jamás. Se precisan gobernantes con coraje y responsabilidad como la de Trudeau, a los que no les tiemble la mano para que la vivienda ni sea objeto de inversión ni de negocio. Es hora de imponer medidas drásticas que desalienten a quienes caen en la tentación de mercantilizar la vivienda y, directamente, prohibir en unos casos y limitando en otros modelos de negocio que se enriquezcan con ello, incluidos los apartamentos turísticos.

Recientemente, Davos deslizó la posibilidad del fin del neoliberalismo como doctrina del libre mercado, encendiendo todas las luces de alarma por la creciente desigualdad. Pues manos a la obra: el acceso a la vivienda es, sin duda alguna, uno de los mayores vectores de desigualdad y las buenas palabras no hacen absolutamente nada por revertirlo.