En su afán por controlar el precio de las viviendas, el gobierno canadiense ha puesto en marcha una medida drástica: prohibirá durante los próximos dos años la compra de viviendas a extranjeros no residentes.

Lo hará mediante una ley que entró en vigor el 1 de enero y que fue aprobada por el Gobierno de Justin Trudeau ante el aumento de los precios de las viviendas desde el inicio de la pandemia, espoleada, según las autoridades, por el incremento de compradores extranjeros que adquirieron numerosas propiedades como inversión.

Según ha explicado en los últimos meses Trudeau, en el mercado inmobiliario canadiense se han producido numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores extranjeros que han generado un problema de falta de vivienda y de precios disparados.

"Las casas son para las personas, no para los inversionistas", ha insistido el presidente liberal canadiense. Sí podrán comprar viviendas los refugiados y los residentes permanentes de Canadá que la vayan a usar como residencia principal.

La medida, una de las promesas electorales de Trudeau en su última campaña a las elecciones de 2019, se pone en práctica pese a que los precios de la vivienda en Canadá han caído en torno al 13 % este año, según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces.

Todo ello después de fuertes subidas tras la pandemia y de que el Banco de Canadá haya estado elevando las tasas de interés en los últimos meses. El pasado abril, el Gobierno canadiense presentó su proyecto presupuestario para el año fiscal 2022-2023 concentrado en la reducción del déficit y el abaratamiento de la vivienda en el país.

De los 31.200 millones de dólares canadienses (24.800 millones de dólares estadounidenses) correspondientes al nuevo gasto, una tercera parte está destinada a hacer la compra de viviendas más asequibles para los canadienses.

Canadá no está sola

Canadá no es el único país en tomar medidas para limitar o bajar el precio de la vivienda. Diversos Estados o ciudades del mundo han implantado ya fórmulas para abaratar los precios del mercado inmobiliario.

Uno de los más reciente fue el Gobierno de Países Bajos, que en diciembre de 2022 anunció que impondrá límites a los alquileres de más de 300.000 viviendas a partir de 2024. El objetivo de la medida es proporcionar viviendas asequibles ante la escasez de las mismas, un problema que arrastra el país desde hace tiempo.

Una vez que la medida entre en vigor, el precio del alquiler de las viviendas señaladas se reducirá una media de 190 euros al mes, según los cálculos del Gobierno neerlandés. Su ministro de vivienda, Hugo de Jonge, indicó que los precios se indexarán anualmente a la inflación, de forma que las propiedades tendrán un alquiler mensual máximo de 1.100 euros aproximadamente. Los propietarios que no cumplan con las rentas máximas podrían ser multados.

Otro de los que han tomado medidas en este sentido ha sido la ciudad de Berlín, que anunció la compra de 6.000 viviendas con el objetivo de ampliar el parque de vivienda social y bajar los precios. Posteriormente, en 2020, emitió una ley para limitar los precios de los alquileres, una medida que fue derogada por el Tribunal Constitucional alemán, por considerar que invadía competencias estatales. La paralización de la norma provocó grandes manifestaciones en la capital alemana.

Otro de los países europeos que anunció medidas para contener el precio de los alquileres de inmuebles fue Francia. Su presidente, Emmanuel Macron, anunció en 2020 un paquete de medidas para acabar con el problema de las viviendas vacías. El plan que busca incentivar a los propietarios de los inmuebles a alquilar esos hogares contemplando, como último recurso, la expropiación a bancos o aseguradoras en caso de que se precise un alojamiento de urgencia.