La vivienda va camino de convertirse en uno de los ejes centrales de la campaña electoral en Madrid... para la izquierda. Las políticas de la derecha, con su gusto por los fondos buitres, han agravado una problemática que se extiende por toda España y no es esta una cuestión en la que vaya a incidir especialmente Isabel Díaz Ayuso (PP), cuyo granero de votos compra a ciegas los bulos de la okupación y criminaliza a quienes viven en la exclusión.

Un informe demoledor del Defensor del Pueblo de 2019 sacaba los colores a nuestros gobernantes, asegurando que "el mercado de alquiler camina a través de una dinámica de la que difícilmente saldrá, está pasando a ser, progresivamente una actividad más profesional". El documento señalaba que "el alquiler ha dejado de ser el gran olvidado", pero no tanto porque se hubiera desterrado aquella mentalidad ignorante que se resumía en que alquilar es tirar el dinero, sino porque "muchos fondos e inversores extranjeros han visto en él una oportunidad para posicionarse en este sector".

A pesar de que incluso el Defensor del Pueblo advertía este fenómeno, los gobernantes nos tiraron a los pies de los caballos: la derecha favoreciendo la profesionalización del alquiler que definía el Defensor del Pueblo, y la izquierda adoptando una actitud pasiva. El hecho esperpéntico de que la prohibición de venta de vivienda pública a fondos buitres por parte de la Administración sea una promesa electoral lo dice todo. A nivel nacional y de vuelta al informe del Defensor del Pueblo, vemos cómo "hace 15 años se construían 10 veces más VPO (Vivienda de Protección Oficial) que hoy".

Así se explica que España esté a la cola de Europa en lo que a vivienda social se refiere, con menos de una vivienda (0,9) por cada 100 habitantes. Mientras la media europea de gasto público en vivienda social es de 148 euros por persona, en nuestro país apenas es de 35 euros.

Ahora llega la campaña electoral de Madrid, región con uno de los precios de la vivienda más privativos de España, y coincide con el agrio debate interno en el gobierno por la regulación del precio de los alquileres. Este debate lastra la credibilidad o, al menos, limita las promesas electorales del candidato socialista, Ángel Gabilondo, que consciente de ello se limita a parchear el problema.

Su promesa reciente de construir 15.000 viviendas en régimen de alquiler social en dos años, además de insuficiente, promueve los guetos, porque esas viviendas no se construirán en los centros urbanos, será en las periferias. De nuevo, el urbanismo definido por el capitalismo. Tienen razón partidos como Más Madrid o Unidas Podemos cuando reclaman intervenir el precio de los alquileres, limitándolos, como ya hacen grandes ciudades de Alemania, Francia, Austria o Suecia. No es la única solución, pero sí un ingrediente indispensable de la receta.

Sin embargo, para el ministro Ábalos eso se traduce en palos y él quiere zanahorias. El problema es que sus zanahorias son nuestros palos. En lugar de recuperar las desgravaciones por alquiler que el gobierno de Mariano Rajoy eliminó en 2014, Ábalos quiere trasladarlas a los caseros, premiándoles. Un despropósito que, como decía mi querida Cristina Fallarás, da una idea de qué sabe Ábalos de un techo.

Así las cosas, poco más va a poder prometer Gabilondo en esta materia mientras su partido, por boca de Ábalos y Calviño, boicotean la justicia social de una ley de la vivienda. Ni siquiera hace falta mirar a este agrio debate: si se baja la mirada a Andalucía, feudo del PSOE durante cuatro décadas, se aprecia el poco interés socialista en vivienda social.

Las promesas acerca del alquiler se han convertido en una venta de promesas para un electorado que hace tiempo que agotó sus ahorros de buena fe y exige más acción y menos palabrería. Jugar la carta de la vivienda en campaña va a tener el mismo efecto para el PSOE que para el PP: quienes no tienen techo bajo el que vivir no encontrarán amparo real en ninguno de estos dos partidos.