La negociación que mantienen el PSOE y Unidas Podemos para aprobar una ley de Vivienda tiene pocas posibilidades de avanzar si no se alcanza un acuerdo en materia de regulación de los precios del alquiler. Esto es lo que se desprende de las últimas reuniones que han mantenido ambos equipos en el seno del Gobierno, que este lunes volvieron a encontrarse para tratar de desencallar un proceso negociador que cada vez parece más enquistado.

Con la constatación de que las discrepancias en materia de alquileres no van a desaparecer a corto plazo, el PSOE ha optado por llevar a la mesa de negociación otras propuestas relativas a la futura norma para tratar de ir cerrando los puntos de la legislación y para que la propia inercia de los acuerdos en otros puntos acabaran por desbloquear el asunto de los precios del alquiler.

Sin embargo, al contrario, parece que la inercia dominante en este momento en las negociaciones es la regulación de los alquileres, y que las diferencias entre ambos socios de gobierno en esta materia dificultan mucho el avance en otros puntos de la ley.

Solo así se entiende que, en las últimas reuniones, la sensación trasladada sea la de que persiste el bloqueo y que, después de alrededor de una decena de encuentros entre ambos equipos negociadores (a nivel político, pero también a nivel técnico) ninguno de los puntos que se recogerán en la futura ley de Vivienda se haya terminado de acordar de forma definitiva.

Ni en materia de desahucios, ni de movilización de la vivienda vacía, ni en los porcentajes de vivienda de alquiler social disponible, ni en la forma de ensanchar el parque público de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Tras la reunión mantenida este lunes por los equipos del secretario general de Vivienda, David Lucas, y de la secretaria de Estado para la Agenda 2030 (y a partir de este miércoles, ministra de Derechos Sociales), Ione Belarra, las posturas siguen bastante alejadas en todas las propuestas.

La primera, y más relevante, la que tiene que ver con la fórmula para tratar de rebajar los precios del alquiler. Mientras el Ministerio de Transportes sigue defendiendo su propuesta de incentivos fiscales para los propietarios (a través de una bonificación mayor del IRPF para aquellos arrendadores que de forma voluntaria contengan sus precios), desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales insisten en que esto supone un incumplimiento del acuerdo de coalición, que contiene el compromiso de ambas formaciones para regular los alquileres.

"Desacuerdo importante" para movilizar vivienda vacía

"El equipo de Transportes ha insistido de nuevo en su apuesta por los incentivos fiscales sin presentar datos que avalen que esta medida antisocial pueda repercutir en una bajada de precios del alquiler y alineándose con las tesis del PP en lugar de hacerlo con las del bloque de investidura. De hecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha denunciado que esta vía no servirá para bajar los precios del alquiler en las zonas tensionadas", afirman fuentes del partido morado.

Este lunes Transportes le ha presentado a Podemos una propuesta sobre la exigencia de los de Iglesias de movilizar la vivienda vacía a través de un impuesto. En concreto, los de Ábalos abogan por que los ayuntamientos apliquen el recargo del IBI a los propietarios con al menos cuatro propiedades vacías más de dos años, salvo causas justificadas de desocupación temporal tasadas por la ley. 

Para Unidas Podemos en este punto existe "un desacuerdo importante", aunque admiten que "se están aproximando las propuestas para establecer algún tipo de recargo fiscal que penalice la tenencia de vivienda vacía".

Tampoco hay un acuerdo concreto en materia de protección antidesahucios; aunque hace unas semanas ambas partes coincidían en la posibilidad de llevar a la ley el mecanismo desplegado durante el estado de alarma para paralizar los desahucios sin alternativa habitacional (los servicios sociales de las comunidades y los ayuntamientos tendrían que ofrecer una alternativa habitacional para las familias vulnerables, que no podrán ser desahuciadas en caso contrario), la formación morada asegura que "se están produciendo avances, pero no se ha cerrado un acuerdo en estos momentos".

En la última reunión, Transportes también ha propuesto que se fije un porcentaje mínimo del 50% para la vivienda protegida en alquiler dentro del suelo sujeto a algún régimen de protección pública con el objetivo de impulsar este mercado. Este porcentaje abarcaría tanto a actuaciones de nueva urbanización como a proyectos de reforma o renovación de la urbanización y deberá recogerse en la legislación sobre ordenación territorial o urbanística.

Desde Unidas Podemos insisten en que el PSOE debe cumplir con el acuerdo de coalición "poniendo techo a las subidas abusivas del alquiler", una exigencia que el Ministerio de Transportes sigue rechazando. De los tímidos avances de las últimas reuniones en todas estas materias se deduce que, hasta que no se acerquen las posturas y se resuelva el asunto de la regulación de los alquileres, parece poco probable que se pueda avanzar en otros punto que contendrá la futura norma.

Los plazos para aprobar la ley de Vivienda se han ido retrasando desde que, a finales de octubre, ambas formaciones se comprometieron en el acuerdo de Presupuestos a aprobar la norma en el mes de enero. El último retraso se conoció la pasada semana, cuando los de Ábalos asumieron que tampoco serían capaces de llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros en el mes de marzo. 

Con las elecciones autonómicas de Madrid en el horizonte, es muy poco probable que se produzcan avances importantes antes de que se celebren los comicios, fijados para el 4 de mayo. La portavoz de Podemos Isa Serra advirtió este lunes de que "no se puede condicionar la ley de Vivienda a unas elecciones. No se puede hacer chantaje con el derecho a la Vivienda", concluyó.