Tras la muerte por suicidio de una alumna en el colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla se repiten, uno a uno, los mismos errores. En primer lugar, esa tendencia tan peligrosa de querer legislar en caliente cuando toca gestionar una negligencia o una tragedia. En segundo, aferrarse al protocolo y su aplicación cuando, quizás, lo que urge es cuestionar el mismo protocolo. Nada de lo que hagan ahora devolverá la vida a la víctima de acoso escolar, pero sí podría hacerlo con las posibles víctimas. En 2024, la Fiscalía Superior de Andalucía incoó 75 expedientes por acoso escolar; curiosamente, ninguno en Sevilla y 62 en Málaga.  

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, no da abasto. Consumido por el escándalo del cribado de cáncer en el que, como ha sucedido en otras ocasiones con el PP, desaparece el cuerpo del delito, se da de bruces con este suicidio de una menor en el que la negligencia fue determinante. En esa vorágine y sin ni siquiera tener constancia de si el acoso a la víctima también se extendía al plano digital, Moreno Bonilla propone prohibir el uso del teléfono móvil y las redes sociales a quienes estén involucrados en casos de acoso escolar.

Esta tendencia a legislar en caliente está muy asentada en nuestra clase política. La vimos el pasado verano cuando Alberto Núñez Feijóo planteó su ocurrencia de crear un registro de pirómanos. Ignoran los políticos que estas prácticas evidencian su propia ineptitud, porque cuando uno legisla en caliente delata infames cortinas de humo, o que no lo hizo en frío… o ambas. Cualquier cambio normativo merece ser estudiado exhaustivamente, no hacerlo a golpe de tragedia y, mucho menos, recurrir siempre a medidas punitivas cuya efectividad es cuestionable.

Esto nos lleva a la segunda de las cuestiones: si bien es cierto que parece demostrada la gravísima negligencia del centro escolar, que no activó el protocolo antiacoso, incluso, después de las denuncias de la familia, hemos de extender la mirada más allá. Es obvio que al colegio Irlandesas de Loreto se le va a caer el pelo, pudiendo incluso perder el concierto. De hecho, precisamente ser un centro concertado abre la puerta a pensar que los protocolos no se activaron para evitar la mala publicidad y, con ello, la potencial pérdida de ingresos. Sea como fuere dice muy poco a favor de la calidad humana de su dirección el hecho de que, días después del fallecimiento de la joven, nadie se pusiera en contacto con la familia de la víctima, seguramente por consejo del abogado.

Dicho esto, es importante plantearse si los protocolos funcionan. En su Informe anual 2024, el Defensor del Pueblo ya denunció su ineficacia y puso el acento en aspectos como que la mayoría de los casos no son detectados por el personal docente; son las propias familias quienes encienden todas las alarmas, como ha sucedido en el caso de Sevilla. Además del peso que pueda tener en este hecho evitar la mala reputación del centro, parece indudable que la falta de formación entre el profesorado para abordar estas situaciones es otro factor. Ante el menor indicio de que un menor está en peligro, ya sean situaciones explícitas de acoso o señales de autolesiones, por ejemplo, han de activarse los protocolos pertinentes. No se hace siempre y, lo que es el colmo, quienes pasan por alto estos comportamientos suelen irse de rositas y sin formación adicional.

Por otro lado, el informe del Defensor del Pueblo también denunciaba que no se implementan medidas reeducativas orientadas a que el acosador modifique su conducta. Una situación de acoso escolar requiere una intervención integral, no sólo de protección y apoyo a la víctima, sino también de trabajo con quien acosa. Se han replicado prácticas que ya hemos visto demasiadas veces en los casos de violencia de género, es decir, que es la víctima quien ha de abandonar el espacio en el que ha sido agredida, revictimizándola. Cuando hablamos de bullying, el cambio de centro escolar por parte de la persona acosada es una de las soluciones más adoptadas.

El traslado del agresor a otro colegio podría aliviar la situación de la víctima, pero no resolvería el problema de fondo, tan sólo lo llevaría de un centro escolar a otro. El origen de una situación de acoso no está en quien la sufre, sino en quien la comete. De ahí que sea imprescindible conocer sus motivaciones y trabajar con ellas para que no replique este comportamiento. Tampoco suele hacerse y, en los casos en los que se presta más atención a los violentos, es para sancionarlos sin más –y si por sanción entendemos la expulsión durante unos días del centro, ni siquiera es asumida como tal-.

Tiende a atribuirse a Churchill la máxima de que "si no quieres que algo se sepa, crea una comisión de investigación". Sea o no apócrifa, la realidad parecen respaldar esta frase. Vamos camino de que suceda lo mismo con los protocolos, ya sean de anticorrupción o, como el caso que nos ocupa, de antiacoso. Los protocolos no pueden convertirse en cortafuegos inútiles cuando el incendio ya ha devorado el bosque. Han de ser efectivos, integrales y acompañados de una completa formación a quienes han de activarlos y aplicarlos. En Educación, suspendemos en todos esos puntos.