La pugna estratégica de las fuerzas progresistas con las derechas españolas (PP, C’s y VOX) es evidente. Los consensos de Estado o de un supuesto interés nacional compartido son difíciles. Subyace la disputa por el tipo de proyecto de país, el camino a recorrer y las fuerzas y alianzas disponibles para hegemonizarlo.

El giro retórico de Casado, el líder del Partido Popular, de distanciarse de la moción de censura de VOX, apenas esconde su pretensión hegemonista, su orientación neoliberal-conservadora y su reafirmación en la oposición frontal al Gobierno de coalición y su proyecto de reformas progresivas sociales, económicas y políticas. No apunta al consenso en las políticas fundamentales, que considera beneficioso para asentar al Ejecutivo y su proyecto progresista, sino que se reafirma en la confrontación como medio de desgastarlo y preparar su alternancia gubernamental.

Sus resultados de conseguir mayores apoyos sociales para su recambio institucional son dudosos y claramente perjudiciales para el desarrollo social y la convivencia democrática. Aparece su interés partidista, y porfía en el ventajismo político competitivo para hegemonizar el espacio de las derechas, ajeno a un camino institucional compartido en beneficio de la sociedad y el país. Esa estrategia confrontativa por la recomposición representativa de su dominio dentro del viejo bipartidismo, pendiente todavía de sus responsabilidades por sus actuaciones corruptas y autoritarias, pierde legitimidad ciudadana.

Los vaivenes de Ciudadanos son irrelevantes por su escasa representatividad parlamentaria. Su tiempo ha pasado malgastado. Es difícil su recuperación para los dos ejes estratégicos que ha ensayado en estos años: su estatus preponderante en el centro derecha y su papel fundamental para una operación de gran centro con el Partido Socialista. Su función es doble: por un lado, servir de forma subordinada a la gobernabilidad de la derecha bajo el liderazgo del Partido Popular y la compañía de VOX en varias Comunidades Autónomas, significativamente las de Madrid y Andalucía; por otro lado, ofrecer un pretexto a algunos sectores socialistas y grupos de poder para implementar la moderación gubernamental y el cambio de alianzas progresistas a medio plazo, con unos supuestos resultados electorales favorables para otra operación gran centro, de continuismo neoliberal y centralismo institucional.

Es la estrategia centrista conocida: el freno a la dinámica de progreso, la marginación de las fuerzas del cambio y el enquistamiento del conflicto territorial. Es la salida continuista ya ensayada y fracasada en el lustro pasado, pero no por ello querida por sectores poderosos y resucitada a cada paso. Para su implementación requieren un respaldo institucional más amplio y decisivo para Ciudadanos y, sobre todo, la connivencia de sectores socialistas y sus apoyos mediáticos, económicos e institucionales que pudiesen diluir la opción progresista del sanchismo. Pero la actual dirección socialista está obligada, por su sentido de la realidad ya demostrado la misma noche de las elecciones generales, a persistir en la única opción para hegemonizar el poder gubernamental: el acuerdo de progreso pactado con Unidas Podemos y sus convergencias, con el apoyo parlamentario de grupos nacionalistas.

Esa realidad representativa y fáctica que refleja el nuevo equilibrio producido tras una década de cambios en las relaciones sociales y culturales tiene unas bases sólidas. Más allá del análisis de los comportamientos de las élites políticas, los mecanismos institucionales o las estructuras económicas y de poder, es imprescindible explicar las tendencias sociales y electorales de fondo, tal como priorizo desde la sociología política. Desde este punto de vista, hace un año, en torno a los resultados de las elecciones generales y con datos del CIS, expuse una amplia investigación sobre las características sociodemográficas y de cultura política de los electorados progresistas en sus dos versiones, del Partido Socialista y de Unidas Podemos y confluencias. Pues bien, considerando diferentes estudios demoscópicos, no se han modificado los grandes rasgos y tendencias de esas bases sociales que, junto con las izquierdas nacionalistas, son claramente superiores a los electorados de las derechas.

No obstante, los tres grandes campos socio-electorales están sometidos a la actividad permanente desarrollada por los diversos actores, según sus intereses y estrategias, y está condicionada por la evolución general del marco socioeconómico, sociopolítico y cultural, así como por la gestión política y la activación cívica de los dos próximos años, hasta la antesala del próximo ciclo electoral de 2023.

La solución la tiene el campo progresista

De momento, se impone ese equilibrio de fuerzas y su reflejo parlamentario e institucional, aunque esa realidad sea constantemente impugnada por las pretensiones de muchos sectores poderosos de dentro y fuera de nuestras fronteras. Su acariciada expectativa es una nueva recomposición del tablero político-institucional, más acorde con las fuerzas dominantes europeas, y tras los deseados desplazamientos electorales. Tiene un doble componente: por un lado, achicamiento del espacio del cambio de progreso, con mayor debilitamiento de Unidas Podemos y sus aliados, acelerando su aislamiento y neutralizando los distintos nacionalismos periféricos; por otro lado, ensanchamiento del campo centrista autónomo del Partido Popular que, junto con el estancamiento del Partido Socialista, conllevaría un cambio de pareja aliada con Ciudadanos, sin descartar (si sumasen, cosa muy improbable) un Gobierno de derechas con (apariencia de) menor dependencia de VOX. Todo ello para condicionar el papel central y articulador del Partido Socialista para involucrarlo hacia esa ansiada gestión centrista.

La solución está en el propio campo progresista, en la firmeza de su rumbo y los apoyos sociales a consolidar. En ese sentido, es necesario valorar los puntos compartidos de la alianza gubernamental así como sus diferencias políticas para definir mejor y darle solidez a un proyecto compartido de progreso.

El riesgo y el forcejeo más o menos soterrado desde diversos grupos de poder es respecto de una solución continuista o centrista con una posición subordinada de las tendencias de izquierda, no solo de las fuerzas del cambio sino del propio sanchismo sin un perfil programático consecuente.

Todo ello, bajo los equilibrios hegemonizados por las fuerzas liberal-conservadoras dominantes en la Unión Europea con una doble tarea: por una parte, la contención de las ultraderechas y las dinámicas más disgregadoras y autoritarias, y por otra parte, la subordinación de la socialdemocracia europea y la neutralización de las tendencias a su izquierda. El actual giro más expansionista e integrador de la política económica de la Unión Europea está derivado del fracaso histórico de la anterior estrategia de austeridad, la amplia deslegitimación de las élites gobernantes y los riesgos de disgregación interna, así como por su pérdida de peso geopolítico y económico mundial que pretenden reforzar.

Lo que persigue el nuevo proyecto europeo es relegitimar y consolidar los núcleos de poder en torno a las élites dirigentes de Alemania como fuerza dominante, acompañadas, por un lado, de las de Francia y, por otro lado, las de los países ricos (frugales) con presencia de partidos conservadores, liberales y socialdemócratas. Quedan en un círculo más periférico los pueblos y países del Sur europeo, como España, con mayores debilidades estructurales y unas élites subordinadas y adaptativas a esa trayectoria.

El desafío para las izquierdas y grupos progresistas es el desarrollo de una opción política de progreso, un proyecto modernizador y democrático de país y un modelo más social y solidario que pudiesen condicionar el renovado e insuficiente proyecto de construcción europea del bloque liberal-conservador dominante y el riesgo de su consolidación a largo plazo, junto con la presión ultraconservadora, autoritaria, xenófoba y antisocial de la derecha extrema.