Opinión
La querella argentina frente al modelo de impunidad del Estado español
El 14 de abril, ayer lunes, se han cumplido 15 años desde que se inició la conocida como querella argentina, la causa judicial penal que investiga los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista y la Transición.
Conviene recordar que la querella argentina se inició porque los juzgados y tribunales españoles, amparados y apoyados por el resto de los poderes del Estado, expresaron con toda rotundidad que no tutelarían judicialmente a aquellas personas y sus familiares que sufrieron las más graves violaciones de derechos humanos durante el citado período. Esto es, les obligó a iniciar una acción penal a más de 10.000 kilómetros de sus territorios —en Argentina— por razones, fundamentalmente, de oportunidad política y no por motivos jurídicos, que son los que deben fundamentar cualquier resolución judicial en el marco de un Estado de derecho.
Así, la querella argentina es el producto de un profundo fracaso, desde una perspectiva democrática, del Estado español. Pero, a su vez, es también un ejemplo de solidaridad internacional que pone de manifiesto la importancia y la sustancialidad propia del principio de jurisdicción universal, por medio del cual pudo iniciarse esta acción judicial tan relevante y materializarse en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, en el que se tramita el referido proceso.
La longevidad del proceso es directamente proporcional a los logros conseguidos, debiéndose destacar el principal de ellos: haber otorgado amparo judicial a todas aquellas personas que han recurrido a la Justicia como mecanismo reparador e imprescindible en relación con los graves crímenes que fueron, han sido y son objeto de denuncia.
Ahora bien, el Estado español, fiel a una política de impunidad mantenida y sostenida durante 50 años desde la muerte del dictador, ha puesto todos los obstáculos posibles para tratar que el proceso naufragara, que no pudiera continuar tramitándose, denegando sistemáticamente el auxilio judicial que las autoridades argentinas cursaban a las españolas, denegando igualmente los pedidos de extradición y la toma de declaración indagatoria de los imputados en la causa.
La respuesta del Estado español contrasta con el enorme entusiasmo y empatía que la querella argentina, durante todo este tiempo, ha provocado en amplios sectores sociales, políticos, sindicales y municipales y, cómo no, contrasta igualmente con el empuje de todas aquellas personas que día tras día, mes tras mes y año tras año, continúan fortaleciéndola presentando denuncias que se incorporan a la causa y que conforman una fuente inagotable de energía, de combate y de dignidad.
En este último año, los denunciantes y querellantes han continuado aportando al proceso judicial argentino más pruebas documentales, testimoniales y periciales que refuerzan, aún más si cabe, el contexto de crímenes contra la humanidad en el que se cometieron los delitos que han sido y son objeto de denuncia (asesinatos, desapariciones forzadas, robo de bebés, agresiones sexuales, trabajo esclavo, torturas, desplazamientos forzados de población, etc…)
El propio Juzgado argentino continúa practicando pruebas, cursando para ello comisiones rogatorias a diferentes instancias del Estado español, siendo la mayoría de ellas devueltas sin cumplimentar por las autoridades españolas, fieles a su negativa a colaborar con la tramitación de la causa.
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Actualmente, desde CEAQUA (Coordinadora Estatal de la Querella Argentina), se ha solicitado un nuevo procesamiento de Martín Villa y se está pendiente también de que el Juzgado acuerde nuevas imputaciones.
En definitiva, se cumplen 15 años desde que se inició esta causa penal que aún se encuentra en fase de investigación, circunstancia excepcional que únicamente se explica por el bloqueo, obstrucción y falta de colaboración por parte de las autoridades españolas en su tramitación, como he indicado anteriormente.
La querella argentina dejará de tener vigencia cuando el Estado español proceda a la investigación y enjuiciamiento, en el orden jurisdiccional penal, de los crímenes franquistas. Mientras tanto, la querella argentina continuará su andadura, frente a un Estado que sigue negando el derecho a la tutela judicial efectiva.
Lo expuesto contrasta también con el contenido de la campaña que el Gobierno español ha lanzado bajo el lema de España en libertad. 50 años, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador. Dicha campaña en la que se han programado conferencias, debates, conciertos, representaciones teatrales, proyección de películas, declaración de lugares de memoria, exposiciones y un sinfín de actividades, obvia, entre otras cuestiones, la impunidad imperante, la no investigación judicial de los crímenes franquistas por parte de los Juzgados y Tribunales españoles que han acordado el archivo de las querellas que se han presentado, así como la incapacidad del Ejecutivo para revertir dicha situación.
Pues bien, desde CEAQUA rechazamos el contenido de esta campaña y denunciamos los 50 años de impunidad mantenidos por el Estado español, cuya posición continúa siendo absolutamente contraria a los parámetros o estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La querella argentina, después de 15 años, sigue viva, señala a los responsables de los crímenes franquistas y ofrece una respuesta judicial adecuada a denunciantes y querellantes, respuesta que el Estado español no quiere ofrecer.
El camino continúa y la lucha contra la impunidad también.
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