Uno de los grandes males de esta pandemia ha sido la desinformación. Ni siquiera hablo de la cantidad de bulos interesados que circulan por las redes sociales; es mucho más sencillo y, por ello, crispante: me refiero a la información que nos dan quienes la poseen y generan, desde el Gobierno central a las Comunidades Autónomas (CCAA). Un buen ejemplo de ello son los rastreadores, que han pasado de ser cruciales a caer en el olvido.

La comunicación de esta pandemia es tan volátil como la misma situación epidemiológica y no debiera ser así. Hay semanas que toca hablar de salvar las Navidades, otras de las vacunas, ahora de la nueva cepa... y se dan tantos bandazos que algunos de los bastiones sobre los que apuntalar la confianza ciudadana terminan por hacerse añicos.

El asunto de los rastreadores es particularmente llamativo, porque en pleno repunte de incidencia que se entremezcla con el temor a una tercera ola, la figura de estos profesionales ha desaparecido de escena, a pesar de que son esenciales para controlar los contagios. Bien es cierto que es competencia de las CCAA y éstas ni siquiera se lo tomaron demasiado en serio cuando la epidemia estaba en los picos más altos, pero no por ello debería desaparecer de la narrativa. Y lo ha hecho.

Cuando no lo ha hecho, casi ha sido peor, porque en noviembre, cuando todavía mezclaban los rastreadores en la lluvia de cuchillos que se lanzan entre Administraciones, se cambiaba tantas veces de versión, que uno terminaba por pensar que quien maneja las riendas miente, como sucedió con las distintas cifras manejadas en Galicia o en Andalucía, donde su propio consejero de Salud es capaz de vender que existen más de 9.000 rastreadores y, un segundo después, admitir que únicamente 953 se destinan exclusivamente a esa tarea... lo que está muy por debajo del mínimo exigible para que la estrategia sea eficaz.

Si nos dice, como se nos dijo, que la figura del rastreador marca la diferencia en la gestión de la pandemia es preciso mantener ese discurso y no dejar de prestarle atención, así lleguen las vacunas o aparezca una nueva cepa. Los rastreadores, mientras vivamos una tasa de incidencia como la que vivimos, deben ser una prioridad y conocer sus datos y su desempeño una medida de transparencia indispensable. Sin embargo, ni Gobierno ni Comunidades introducen este elemento en su comunicación, lo que no genera especial tranquilidad a la ciudadanía y amplía aun más el alcance del virus de la desinformación que nos acecha.