De la reforma de la dependencia al cuidado como política de Estado

Hay leyes que trascienden a quienes las aprueban porque definen la sociedad que un país aspira a ser. La importancia de la reforma del sistema de atención a la dependencia, aprobada por el congreso el pasado martes 14 de julio, no se encuentra únicamente en la propia ley, sino en las oportunidades que abre. Las leyes distribuyen recursos, nombran derechos, reconocen sujetos y amplían ciudadanía; así, el nuevo paradigma que dibuja la reforma conduce a una pregunta inevitable: ¿qué hacemos ahora con los servicios sociales?

Esta reforma supone un avance indiscutible. Amplía derechos, reduce trabas, adapta el sistema a nuevas formas de apoyo y consolida un modelo de atención centrado en la autonomía de las personas. Es una buena reforma, probablemente la única posible con la actual mayoría parlamentaria.

La atención a la dependencia es una de esas políticas que explican mejor que muchos discursos el país que queremos ser. Es más que un catálogo de prestaciones; es una forma de entender la ciudadanía y define cómo entendemos los cuidados, la igualdad, la cohesión territorial y la dignidad. Cuidar no es administrar la fragilidad ajena, sino garantizar libertad real y seguridad compartida.

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La evolución de este sistema es intrínseca al desarrollo reciente del Estado del bienestar español. La ley de 2006 fue una de las mayores conquistas sociales de la democracia. Reconoció, por primera vez, un derecho subjetivo allí donde hasta entonces había respuestas fragmentarias y desiguales. España asumía que cuidar no podía depender de la familia, la renta o el código postal. Quien necesitaba apoyos dejaba de recibir asistencia para convertirse en sujeto de derechos. Cuando cambia el nombre, cambia también el lugar que podemos ocupar.

Sin embargo, aquella conquista nació con una contradicción que todavía arrastramos: la ley reconocía que los servicios sociales no estaban preparados para garantizar un derecho de esa magnitud. En lugar de adecuarlos, se construyó un subsistema paralelo no siempre integrado en la red general. Fue comprensible ante la urgencia por reconocer un nuevo derecho.

Casi veinte años después, siguen pendientes dos preguntas: ¿cómo encaja realmente la atención a la dependencia dentro del sistema público de servicios sociales? ¿Cómo articulamos y cohesionamos el sistema de cuidados?

La crisis económica de 2008 agravó esa anomalía. Los ajustes económicos del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ralentizaron el despliegue del sistema. Después, llegaron los recortes de Mariano Rajoy, que extenuaron este nuevo pilar del Estado del bienestar, y miles de personas fallecieron esperando una prestación ya reconocida como derecho. No fue solo una decisión presupuestaria. Expresaba una idea de sociedad: devolver los cuidados a las familias y presentar los derechos colectivos como gastos prescindibles. Frente a ese marco debemos afirmar otro sentido común: cuidar es inversión democrática y condición de libertad.

En los últimos ocho años, los gobiernos progresistas han priorizado los cuidados, recuperando financiación y reduciendo listas de espera. La reforma aprobada en el Congreso el pasado martes 14 de julio hereda ese impulso, representa un avance real y abre un debate más ambicioso.

El legado del Plan Concertado

Los cuidados no pueden seguir siendo una política sectorial. La autonomía personal no depende solo de una ayuda a domicilio o una plaza residencial. Depende también del acceso a la vivienda, del urbanismo, de la accesibilidad, de una sanidad coordinada, de una escuela inclusiva, de un mercado laboral que permita conciliar, de la lucha contra la soledad y de políticas ambientales que hagan habitables nuestros barrios y pueblos. Los cuidados no son un departamento administrativo estanco; son una manera de organizar el Estado.

Y aquí reaparece el gran ausente del debate. Durante dos décadas hemos discutido sobre dependencia, discapacidad y envejecimiento, pero no sobre servicios sociales. Incluso la izquierda apenas los ha situado en el centro de su agenda, como si el cuarto pilar del bienestar empezara y terminara en la dependencia. Esa ausencia no es solo programática, sino cultural. Cuando renunciamos a disputar el significado de una institución, otros terminan definiéndola. Lo que no se nombra desaparece de la conversación pública y queda fuera del horizonte de lo posible. Por eso ya casi nadie recuerda el Plan Concertado.

El Plan Concertado de 1988 representaba una red pública de proximidad extendida por los municipios: servicios sociales cercanos, comunitarios y universales. Hoy apenas ocupa espacio en la conversación pública. También hemos dejado de hablar de la necesidad de una ley marco estatal que supere la fragmentación territorial y siente las bases de un nuevo modelo que garantice derechos comunes. Hemos debatido mucho sobre prestaciones, pero poco sobre el sistema que debe sostenerlas.

Imaginar un sistema de atención a la dependencia fuerte exige repensar los servicios sociales. El reto consiste en alcanzar un modelo más coherente, próximo y universal. Nadie entiende la sanidad o la educación como políticas «para pobres»; sin embargo, los servicios sociales siguen siendo la única política del bienestar con el estigma asistencial. Demasiada gente los identifica con la exclusión, la beneficencia o la intervención sobre quienes, supuestamente, han fracasado. Ese imaginario condiciona las políticas públicas y explica por qué siguen ocupando un lugar secundario, incluso cuando desde la izquierda hablamos de ampliar el Estado del bienestar.

El paso de la atención a la dependencia a la promoción de la autonomía personal ha demostrado que otra protección social es posible: el cuidado como derecho y no como concesión. Ahora ha llegado el momento de dar el siguiente paso y construir unos servicios sociales universales como garantía del bienestar relacional, de los cuidados, de la autonomía y de la vida en comunidad; un sistema al que acudir sin sentirnos estigmatizadas, orientado a la prevención y la promoción comunitaria.

Necesitamos financiación estable, atención primaria social reforzada, condiciones laborales dignas y una cartera de derechos que no dependa del territorio. Pero también necesitamos una nueva mayoría cultural que entienda que lo público no sustituye a la comunidad, sino que la hace posible; que los derechos permiten compartir responsabilidades; y que nadie es libre cuando cuidar significa empobrecerse o renunciar al propio proyecto vital.

La reforma de la Ley de Dependencia merece ser celebrada, y mucho. Consolida derechos y fortalece el Estado del bienestar. Y posee una virtud aún mayor: nos obliga a mirar más allá. La tarea, ahora, consiste en construir los servicios sociales que una sociedad democrática, igualitaria y decente necesita. Se trata de convertir el derecho al cuidado en un nuevo sentido común democrático y construir un sistema público a la altura del país que queremos ser. Porque cuidar no es atender una excepción, cuidar es hacer patria.