¿Se derogará finalmente la reforma laboral de 2012 por completo, o solo se retocará de forma parcial “en sus aspectos más lesivos”? He ahí la cuestión. Esta vez daba la impresión de que por fin sería la buena, que no habría titubeos y menos a estas alturas, pero henos aquí aún deshojando la margarita. Aunque el PSOE se vista de seda…

¿Cuántos cientos de miles de votos habrá cosechado Pedro Sánchez gracias a prometer en cada convocatoria electoral que lo primero que haría apenas llegara al gobierno sería derogar la reforma laboral de 2012? ¿Cómo es posible que después de tres años y medio gobernando estemos todavía en los prolegómenos de una incierta “reforma de la reforma” a la que siempre se refirieron como “derogación” y desde hace solo unos días, mire usted por dónde, se le ha empezado a llamar “modernización”?

Los mayores éxitos de este Gobierno de coalición (pensiones, salario mínimo, ingreso mínimo vital, ertes durante la pandemia…) no se los debe Sánchez a ninguno de sus ministros o ministras socialistas, sino a la titular de Trabajo, cartera cuya responsabilidad es de Unidas Podemos. Siete meses lleva el equipo de Yolanda Díaz negociando con patronal y sindicatos una nueva reforma laboral que encaje con los requisitos europeos para continuar recibiendo las transferencias con los dineros adjudicados en el Plan de Recuperación. Veintidós reuniones que han alumbrado un trabajado documento de veintinueve páginas.

El comisario europeo de Economía, un señor italiano llamado Gentiloni de apellido, no pareció ponerle muchas pegas a la marcha de las negociaciones durante su visita de estos días a Madrid, así que entonces… ¿Dónde está el problema? Parece claro que los objetivos de la reforma tienen que ser que en España deje de haber tantos empleos precarios, por mucho que los empresarios se hayan acostumbrado a poder echar a la gente a las primeras de cambio; tiene que ser también que los convenios colectivos recuperen la importancia que tenían antes de 2012; tiene que ser que trabajadoras, por ejemplo, como las camareras de piso dejen de cobrar salarios rayanos en la esclavitud… Todo eso parece claro, y por lo que podemos deducir y aunque se desconozca la literalidad de lo que se está negociando, da la impresión de que los contenidos están prácticamente definidos y pactados ¿O no?

¿A qué viene pues tanto ruido de pronto con la dichosa reforma? ¿Por qué tras todos estos meses callada, irrumpe a última hora en escena Nadia Calviño reclamando protagonismo y “metodología de coordinación”? ¿O la bronca existía y hasta hace pocos días se libraba solo “en la intimidad”? Cuando las discrepancias saltaron, al presidente de los empresarios le faltó tiempo para terciar barriendo hacia dentro: “A mí sí me interesa no solo lo que diga el Ministerio de Empleo, sino también la Comisión Europea, el FMI, la OCDE, el Banco de España y me interesa también, como no podía ser de otra manera, lo que diga el Ministerio de Economía, el de Educación...”

Por si no empezaba a existir suficiente confusión, hace unos días se descolgó Adriana Lastra afirmando públicamente que “la reforma laboral se va a derogar, y la va a derogar el Partido Socialista”. Yolanda Díaz, que lleva tiempo demostrando que lo suyo no es pelear por colgarse medallas sino trabajar, se vio obligada a volver a ser contundente en el Congreso de CCOO: "Vamos a derogar la reforma laboral, proclamó, a pesar de todas las resistencias, que las hay, y son muchas".

Si el asunto está o estaba casi pulido ya en las mesas de negociación donde desde el 17 de marzo se sientan los técnicos del Gobierno y de los agentes sociales, si los “contenidos” se han trabajado a conciencia como parece, ¿a qué viene que la ministra de Economía insista a estas alturas en cuestiones de “metodología”?, ¿Qué es lo que Sánchez necesita aclarar el próximo martes en la anunciada reunión entre él y sus dos vicepresidentas? Si ya está resuelto que será el ministerio de Trabajo quien lidere lo que queda de negociación y que en las conversaciones pendientes figurarán también representantes de otros ministerios, ¿qué queda? ¿Se dispone acaso el presidente a olvidar una vez más su tantas veces prometida promesa electoral, será capaz de abogar por una reforma laboral light? El tiempo corre, no lo olvidemos, el plazo acordado con Bruselas para tener aprobada la norma es el 31 de diciembre, y eso significa que para poder cumplir con los requisitos formales que exige la aprobación de un Real Decreto-ley, las discrepancias tienen que estar resueltas en dos o tres semanas como máximo. Así que a ver.

Esta vez me temo que Sánchez tiene un poco más difícil faltar a su palabra. Quizás convenga recordar que Yolanda Díaz se mostró en un principio renuente a aceptar la cartera de Trabajo y que solo accedió a formar parte del Gobierno de coalición cuando se le prometió que se derogaría la reforma laboral de Rajoy durante esta legislatura, algo que figura además explícitamente en el pacto de coalición firmado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos el 30 de diciembre de 2019.

En el punto 3 del artículo 1 de ese acuerdo se puede leer textualmente: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. En concreto y con carácter urgente:

-Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.

-Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

-Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Como podemos comprobar, el término que aparece en el acuerdo es el verbo “derogar”, no “modernizar”, ni “mejorar”. Derogar. Esto es lo que hay. Y esto es lo que hay que hacer. Se puede hacer además sin que eso transgreda los condicionantes europeos. Cualquier otra cosa, por mucho que insistan y se empeñen Calviño y compañía, sería vulnerar lo firmado.