Las relaciones PSOE-Podemos

Antonio Antón

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

La posibilidad de una mayor colaboración entre Partido Socialista y fuerzas del cambio (Unidos Podemos y convergencias) sitúa en el plano institucional y electoral (2019-2020) la expectativa el desplazamiento de las derechas de las instituciones, un giro de la política liberal-conservadora dominante y la conformación de una alianza de progreso que dé respuesta a las tres grandes crisis: socioeconómica, político-institucional y territorial. No obstante, está complementada por una pugna por la hegemonía política de cada uno de ellos y la credibilidad de su respectivo perfil social y democrático.

Así, a pesar del bloqueo global (y dejando al margen el conflicto del proceso en Catalunya) se mantiene y se fortalece la expectativa de cambio por la vía electoral-institucional. Tras la larga etapa electoral (2014-2016) y el anterior proceso de protesta social progresiva (2010-2014), estamos en un tercer ciclo de reajuste político-institucional, distinto a los dos anteriores, y diferente a la larga etapa democrática. El horizonte del cambio está puesto, sobre todo, en el marco electoral o político-institucional de los años 2019 (elecciones locales, autonómicas y europeas) y 2020 (previsiblemente elecciones generales y expectativas de cambio gubernamental).

Pero estos casi dos años de interregno pendiente son decisivos para encarar ese desafío. Lo específico es que el cambio institucional real (salvo una imprevisible moción de censura ganadora o una crisis política profunda por el asunto catalán) no es inminente y los mecanismos electorales se sitúan en el medio plazo. Y la acción política tiene que tener un doble sentido: inmediato, de condicionamiento de las políticas liberal-conservadoras y mejora de la situación de la gente, y a medio plazo, de camino y garantías para el cambio institucional con un sentido democrático y de progreso social.

En las estrategias políticas de Podemos y sus aliados se han ido produciendo correcciones, algunas significativas, derivadas del cambio de situación y la maduración de las propias estrategias, incluido el debate de Vistalegre II con sus relatos dispares. Por ejemplo, en la concreción del nivel de antagonismo o colaboración y la actitud ante el PSOE, ya iniciado tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, donde se priorizó, por parte de las fuerzas del cambio y, en parte, por el propio PSOE, el objetivo de echar al PP de esas instituciones territoriales.

En Podemos y sus aliados se iniciaba un cambio de actitud general: admitir que, a corto-medio plazo, el cambio institucional y, específicamente, gubernamental para aplicar un programa de progreso, no era posible de forma generalizada solo por el propio autodesarrollo, más si el resto de los otros tres grandes partidos formaban un bloque continuista en las políticas fundamentales. Así, ha existido (y todavía existe) un riesgo evidente, el proyecto continuista y la normalización de la hegemonía de las derechas, con el aval socialista (el plan susanista y de los barones y poderes fácticos): la llamada triple alianza, con reedición de la alternancia bipartidista renovada y el aislamiento de las fuerzas del cambio y una alternativa de progreso.

Pero ese proyecto continuista ha salido tocado por dos motivos: por un lado, por la resistencia y la consolidación del bloque del cambio a pesar de las campañas políticas y mediáticas de desprestigio y acoso; por otro lado, por la rebelión de la mayoría de la militancia socialista partidaria del distanciamiento del Partido Socialista respecto del Partido Popular y el afianzamiento de una posición de izquierdas (por definir) y de acercamiento a Podemos y sus aliados (por concretar). Por tanto, había que distinguir los dos niveles, territorial y estatal, porfiar en el distanciamiento del Partido Socialista del intento restaurador del bipartidismo renovado de simple alternancia y buscar fórmulas apropiadas para avanzar en la democracia y la justicia social con menor aislamiento político.

Cuando los líderes alternativos se encontraron con la hegemonía socialista en diversas Comunidades Autónomas, adoptaron con flexibilidad la prioridad estratégica del desalojo del PP con apoyos a la investidura socialista en varios gobiernos autonómicos, con acuerdos mínimos. Al revés, e igualmente por la presión unitaria, tuvo que hacer el Partido socialista para investir alcaldes alternativos en grandes municipios. En ese ámbito local, con competencias fundamentales de gestión de los servicios públicos, las constricciones y los compromisos socialistas respecto del poder establecido y sus políticas de austeridad eran menores y algo diferenciadas. Eso ha permitido acuerdos básicos de gobernabilidad frente a las derechas. Igualmente, ante los resultados en las elecciones generales del 20-D-2015, los dirigentes y las bases de las fuerzas alternativas aceptaron el principio democrático de reconocer la representatividad de las dos formaciones y apoyaron la oferta de un gobierno alternativo de progreso, con un programa negociado y una gestión compartida, con la presidencia gubernamental del Secretario General del PSOE.

Como se sabe, la nueva actitud colaborativa de Podemos y sus aliados solo fructificó parcialmente en el ámbito territorial pero no en el gubernamental. La causa principal de ese fracaso fue la preferencia del Partido Socialista por su pacto con Ciudadanos y un plan continuista que prolongaba las consecuencias de la crisis socioeconómica y el continuismo institucional y territorial. Además, llevaba aparejada la finalidad de la subordinación de las fuerzas del cambio y su marginación. Esa estrategia continuista, presentada como transversal entre el centro-izquierda y la derecha renovada, es la que no permitió echar al PP; tampoco tras el 26-J, en que Ciudadanos apostó claramente por el continuismo de Rajoy y sus políticas (similares a las de su pacto con el PSOE). Pero esta interpretación fue objeto de una gran polémica pública y el relato tergiversado que se impuso en los grandes medios de comunicación era otro: la causa era la actitud sectaria e irresponsable de la dirección de Podemos (particularmente, de Pablo Iglesias) hacia el Partido Socialista que impedía echar al PP del Gobierno.

Lo que se ventilaba era un reforzamiento del continuismo estratégico de las políticas socioeconómicas e institucionales, incluido el tema catalán, con perjuicio para las condiciones de la gente y el cierre de la dinámica de cambio; solo existía la ventaja relativa de un recambio o alternancia de élite gobernante, pero que buscaba la vuelta a un nuevo bipartidismo renovado. El fundamento alternativo se basaba en insistir en el emplazamiento hacia el Partido Socialista con el único plan realmente de cambio de progreso y ruptura con las políticas liberal conservadoras: un programa gubernamental compartido y negociado según el equilibrio político derivado del reconocimiento mutuo de la representatividad casi paritaria de ambas formaciones, sin la preponderancia de la alianza socialista con Ciudadanos. Se trataba de dejar abierto y vivo el proceso de cambio de progreso y la no subordinación completa de las fuerzas del cambio a ese eje hegemonista con su plan continuista socioeconómico y de relaciones de poder en el marco del consenso liberal europeo.

En consecuencia, aparte de las deficiencias en aspectos parciales y en su implementación comunicativa, el análisis de las tendencias principales y la estrategia de conjunto de Unidos Podemos y convergencias apuntaban adecuadamente. Aunque fue incomprendida por una parte de la gente progresista y motivo de una gran campaña mediática de aislamiento político, principalmente, del ámbito socialista, la firmeza en la orientación transformadora de las fuerzas del cambio y su consistencia política y organizativa, vistas en perspectiva, han dado sus frutos: han contribuido a evitar la consolidación de ese continuismo estratégico, impedir la normalización institucional de las derechas, superar el bipartidismo renovado con una simple alternancia y favorecer el giro hacia la izquierda del Partido Socialista. Y todo ello ha permitido mantener abiertas las opciones del cambio real de progreso, beneficioso para las mayorías sociales, y ha impedido el aislamiento social de las fuerzas alternativas y su proyecto transformador autónomo.

El nuevo PSOE, en caso de confirmarse su giro hacia la izquierda y su preferencia de acuerdos con Unidos Podemos y convergencias, abre nuevas expectativas para el cambio institucional, vía electoral y alianza de progreso, no exento de dificultades e insuficiente voluntad política. En todo caso, superando el periodo involutivo de la Comisión gestora socialista, con su compromiso con la gobernabilidad del Partido Popular de Rajoy y su preferencia por los acuerdos con las derechas, vuelve a tener sentido la colaboración entre las fuerzas del cambio y el Partido socialista con el objetivo estratégico de desplazar la hegemonía gubernamental liberal conservadora y abrir un nuevo ciclo institucional de progreso con políticas favorables a la mayoría social.