El comportamiento de un buen número de jueces en España me recuerda con demasiada frecuencia el calvario padecido en Brasil por Lula da Silva y Dilma Rousseff en su día, o la descarnada manera en que fue y es tratado en Ecuador Rafael Correa, quien fuera presidente de ese país entre 2007 y 2017. Por poner solo dos ejemplos. Parece claro que la afición de las togas por influir en el devenir político es demasiado frecuente, y no solo en Latinoamérica. No necesitan someterse a proceso electoral alguno para ponerlo todo patas arriba, y lo ponen sabiendo que jamás pagarán por sus “errores” ¡Menudo chollo!

Quienes defienden esa manera de proceder ya pueden apelar a toda la letra pequeña que quieran para argumentar la pertinencia de tamaña distopía, o invocar si les parece el apartado equis del artículo zeta de la ley que les dé la gana, pero no hay que caer en la trampa, ¡ojo!, no se puede entrar en ese juego. Entre otras cosas porque los partidos de derechas y ultraderechas que se benefician de las tropelías judiciales suelen acabar recurriendo a la brocha gorda para traducirlas y justificarlas consiguiendo así, a base de bulos, mentiras y frases cortas pero muy repetidas, crear un atmósfera hostil al gobierno y propicia para influir en la voluntad popular a la hora de acudir a las urnas.

En España, la semana que acaba de terminar ha sido fina: empezamos conociendo que el Tribunal Supremo se piensa negar a aplicar la ley de amnistía en casos como el de Puigdemont, es decir, se declara en rebeldía ante una decisión del poder legislativo, que es la institución de donde emana la voluntad popular, no olvidemos nunca esto… y acabamos con la primera visita al juzgado de la mujer del presidente del gobierno por una imputación sobre la que los informes de la guardia civil, el cuerpo policial que ha llevado a cabo la investigación, concluyen que no hay caso. Al juez le da igual, él a lo suyo, puede liarla parda y para qué se va a quedar con las ganas. Pasado el tiempo, todo desembocará en nada, pero que le quiten lo bailao.

Me da que esa es la actitud de muchos jueces a día de hoy en nuestro país: que les quiten lo bailao. No les gusta este gobierno, no les gusta su composición ni sus decisiones y hacen uso de cuantos mecanismos “legales” tienen a su alcance (quien pueda hacer, que haga) para desmoralizar a la ciudadanía y desmotivar a quienes contemplen la opción de dedicarse a la política porque quieran intentar mejorar la vida de los más débiles y cuestionar a los fuertes.

La absolución del ultra Frontera, quien durante meses hizo la vida imposible a Irene Montero y Pablo Iglesias acosando tanto a ellos como a toda su familia a las puertas de casa, contiene como mensaje implícito un inequívoco aviso a navegantes: ¿quieres dedicarte a la política para cambiar las cosas, joven imberbe? Pues ya sabes lo que te puede pasar, que además de intentar desprestigiarte a base de bulos y portadas infames, de obligarte a pasear por los juzgados una y otra vez con cualquier excusa nimia que luego quedará en nada, además de intentar quebrarte a diario allá donde intervengas… también te pueden hostigar durante meses en tu propio domicilio porque total, luego los acosadores se van a ir de rositas si se os ocurre denunciarlos.

Como ha escrito Joaquín Urías, lo terrible de según qué comportamientos judiciales que se producen al margen de la voluntad popular es que estos no responden a razones jurídicas. Me pregunto si la Justicia con mayúsculas merece tanta profanación por parte de quienes la imparten. Y en cuanto a los jueces y juezas que hacen bien su trabajo, ¿les da igual que existan en su profesión quienes, actuando de manera sesgada, la desprestigian sin miramiento alguno? Porque mira que lleva tiempo sucediendo esto.

Otro caso que clama al cielo en la semana recién terminada es que haya tenido que pasar tanto tiempo para concluir, a estas alturas, que los altos cargos socialistas encarcelados por el asunto de los Eres en Andalucía no eran unos delincuentes. Tras diez largos años de acoso judicial, al final se han chupado año y medio en la cárcel y ahora va el Constitucional y les dice perdonen ustedes, que la sentencia que los condenó no era correcta, así que pueden irse a sus casas. Me pongo en la piel por ejemplo de Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación o de Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Economía e imagino el trabajo que les va a costar volver a vivir la vida que les quede sabiendo que ya no podrán recuperar el tiempo que les han robado tanto a ellos como a sus familias.

No solo en Brasil o Ecuador pasan estas cosas, ¿verdad? ¡Qué horror!