El rey Felipe VI pasea por una calle sin apenas gente, con más periodistas que vecinos. Los medios de comunicación cubren tan extraordinario acontecimiento. Los mismos medios que llevan una semana preguntando a las autoridades, sin éxito, dónde se esconde Juan Carlos I, rey de España.

La situación que se está viviendo estos días en España es de una gravedad extraordinaria. Se llama censura, censura abierta, censura explícita, censura aceptada por todas las partes sin una respuesta contundente.

Y me parece evidente que los medios de comunicación NO DEBERÍAN CUBRIR ningún acto de la Casa Real o el Gobierno hasta que no se les responda a esa pregunta. El rey va a pasar varios días paseando por calles baleares, acompañado de decenas de periodistas que informarán puntualmente de algo tan relevante como que el rey pasea, que el Jefe del Estado pasea. Que pasea su gallarda figura pasándose por el arco del triunfo aquello que, en teoría, dichos medios que le bailan el agua deberían saber hace ya más de una semana.

Ah, pero no irá solo. Pasearán junto al rey la ministra de Educación Isabel Celàa, el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska y la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto. ¿Para qué? Para dejar claro que ellas y él, como el Gobierno al que pertenecen, también se pasan por el arco gubernamental el constitucional derecho a la información.

Porque, sí, existe en la Constitución española un derecho a la información. Más exactamente en el Artículo 20, relativo a los derechos fundamentales y las libertades públicas. En él, entre otros, se reconoce y protege el derecho A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. A lo que se añade: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

Censura previa. De eso se trata. O sea, que en este caso no nos estamos refiriendo a la larguísima tradición de los medios de la autocensura en los asuntos de la Monarquía. Ese es un capítulo sobre el que ya escribí aquí mismo hace nada. Los medios esta vez sí quieren saber. Es más, no paran de preguntar y especular sobre el lugar en el que se encuentra nada menos que Juan Carlos I, rey de España, Jefe del Estado español durante 40 años. Se lo preguntan incluso aquellos que defienden la idiotez de que se trata de “la vida privada” de una “persona individual” (oh, las personas individuales, qué bonito concepto).

¿Y a quién se lo preguntan? Pues básicamente a las autoridades, y sobre todas ellas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez, igual que sus ministros, igual que cualquier gobernante o cargo público, están donde están en representación de la ciudadanía. No son entes autónomos. REPRESENTAN. En el caso contrario, no estaríamos hablando de un régimen democrático sino de un régimen dictatorial.

El Gobierno de España tiene LA OBLIGACIÓN de informar a los ciudadanos y ciudadanas de España de aquello sobre lo que se les pregunta referente al funcionamiento de los poderes públicos. Los medios de comunicación son los responsables de que eso suceda. En todos los casos excepto en uno: LA CENSURA. En este caso se trata de ese concepto al que hace referencia el artículo 20 de la Constitución: CENSURA PREVIA. O sea, “la facultad de aprobar o prohibir determinado material o expresión antes de hacerse público”.

Durante muchos años, los medios de comunicación han faltado a su deber de informar sobre los movimientos y acciones del rey Juan Carlos I. Pues resulta que, ahora que por fin deciden hacerlo, son el Gobierno y la Jefatura del Estado quienes lo impiden. De forma explícita. Hasta el punto de que hace ahora exactamente una semana, el pasado 4 de agosto, Pedro Sánchez aseguró en rueda de prensa no saber dónde se encontraba el rey Juan Carlos I. En el improbabilísimo caso de que dicha afirmación fuera cierta, se trataría sin duda de una grave negligencia en el desarrollo de sus funciones al frente del Gobierno de España. Si no lo fuera, habría mentido en sede parlamentaria.

Mientras tanto, las ministras y ministro del Gobierno de Sánchez arropan al rey Felipe VI, hijo de Juan Carlos I, para dejar claro que no solo es él quien esconde información, quien falta a su OBLIGACIÓN de responder a los medios de comunicación, o sea a la ciudadanía. Pero, eso sí, pasea.